AGENCIA
CDMX.- En medio de un clima de desconfianza y polémica, la financiera Faprei, operando bajo el nombre comercial Inmediprest, revela una compleja red de intereses que vincula a exintegrantes del partido Fuerza por México y familiares del diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba. Esta financiera, que ha firmado convenios con diversos gobiernos estatales para otorgar créditos de nómina, se ha convertido en el centro de un debate sobre la ética en la política y la regulación del crédito laboral.
La estructura de Inmediprest incluye a Jesús Enrique Cuellar Guzmán, quien fue candidato a una diputación plurinominal por Fuerza por México en 2021, partido fundado por Haces Barba. Cuellar Guzmán no solo ocupa un papel clave en la financiera, sino que también es socio de los hijos del diputado, Pedro Enrique y Martha Alejandra Haces Lago, en una empresa llamada Mexiqui Hostales, situada en el centro histórico de la Ciudad de México. Martha Alejandra, además de su vínculo familiar, forma parte del consejo de administración de Inmediprest desde octubre de 2024, ocupando un puesto como consejera independiente.
La vinculación de Inmediprest con Pedro Haces Barba se extiende aún más. Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, tesorero de la financiera, fue secretario de Administración de Fuerza por México y estuvo bajo investigación por manejo irregular de recursos. Otro consejero, Cayetano Víctor Leal López, es un empresario taurino que cofundó con Haces la Asociación Mexicana de la Tauromaquia, lo que refuerza la percepción de una red de intereses entretejidos en la empresa y el líder sindical.
Recientemente, Pedro Haces ha estado bajo el escrutinio público por su promoción de la reforma de cobranza delegada. Esta polémica medida permitiría a instituciones de crédito como Inmediprest embargar directamente el salario de los trabajadores para el pago de los créditos de nómina. En medio de fuertes críticas de oposición y especialistas, Haces ha negado ser autor de la reforma, afirmando que el dictamen que buscaba ser votado no representa su iniciativa presentada en 2018.
A pesar de su negativa, la implicación de familiares y allegados en negocios relacionados con el crédito laboral plantea inquietantes preguntas sobre la ética y la claridad de los intereses en juego. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en contra de la reforma, advirtiendo que vetará cualquier medida que comprometa los ingresos de los trabajadores.
Inmediprest, a pesar de la controversia sobre la cobranza delegada, sigue firmando convenios con diversos gobiernos estatales, incluyendo Coahuila, Yucatán, Puebla y el Estado de México. Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la financiera maneja una cartera vigente de créditos de nómina que asciende a 638 millones de pesos, con un 4.3 por ciento (%) de morosidad.
La práctica de exigir a los trabajadores una “autorización irrevocable para descuento en nómina” a menudo se realiza sin la claridad necesaria, lo que plantea riesgos significativos para la estabilidad financiera de los empleados. MCCI ha documentado que muchas financieras operan bajo esta modalidad, forzando a los trabajadores a comprometer sus salarios para recibir créditos.
El caso de Inmediprest pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre la política y los negocios en el ámbito financiero. La cercanía de Pedro Haces Barba con la institución, a través de su familia y excolaboradores, plantea serias preguntas sobre la ética en la gestión de los créditos de nómina y la protección de los derechos de los trabajadores.
Con la reforma de cobranza delegada aún en el debate público y la oposición de destacados líderes políticos, queda un panorama incierto sobre el futuro de prácticas que afectan directamente a los trabajadores más vulnerables. Mientras tanto, Inmediprest continúa operando, evidenciando la necesidad de una regulación más estricta y transparente en el sector financiero.
Se ha solicitado la opinión de Pedro Haces sobre estas revelaciones, pero hasta el momento no ha respondido. La falta de transparencia y rendición de cuentas sigue siendo un tema crucial en el debate sobre el manejo de créditos de nómina y la protección de los derechos laborales en México.
