Enrique Peña no pudo evitar las escenas de este viernes 13.
Y hay evidencias de que durante un mes le apostó a la negociación de la reforma educativa, asumiendo el costo de cambiarle de madrugada la agenda al Congreso y permitir el bloqueo de las cámaras.
Sería deshonesto negar que el Presidente cedió ante el magisterio inconforme. Lo hizo cuando diputados y senadores quedaron sujetos a lo que se acordara en Bucareli con los dirigentes de la CNTE. Y lo hizo también al eliminar los filos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD).
Pero ceder en forma y fondo no fue suficiente. El asunto se desbordó hasta entrampar al gobierno en la polarización generada por las protestas de los profesores, y sus demandas públicas de todo o nada.
Porque a pesar de que las exigencias privadas de la Coordinadora se desahogaron a través de cerca de 100 cambios hechos a la LSPD, en las calles de la ciudad siguieron exigiendo la derogación de la reforma.
Y mientras la CNTE gritaba en contra del gobierno, éste bajaba en sus calificaciones ante una opinión pública que puso en duda que la prometida eficacia rimara con la prudencia.
Frente a esa presión y una simbólica ceremonia del Grito que resultaba imposible en la Plaza de la Constitución, transformada en campamento magisterial, llegó la orden del desalojo.
Ahí están ahora los policías federales recorriendo las calles del Centro Histórico después de que la televisión transmitió en vivo cómo las pipas de agua entraban al Zócalo en medio de enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre uniformados e inconformes.
Es el viernes 13 del sexenio, un día triste y delicado para un gobierno que ofrece mover al país superando resistencias y enconos.
¿Le habría pasado a cualquier otro Presidente dispuesto a cambiar las reglas del ingreso y el ascenso del millón y medio de plazas que conforman el sector educativo público?
La respuesta es incierta porque ninguno de sus antecesores se atrevió a descabezar al SNTE por la vía de una denuncia judicial.
Sí. Esta es la hora también de preguntar si el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo fue golondrina que no hizo verano, llamarada de petate, golpe mediático que descarriló la capacidad de interlocución de un sindicato clientelar y actualmente sujeto a las broncas personales de las hijas de la ex presidenta vitalicia, la senadora Mónica Arriola y Maricruz Montelongo.
Por supuesto que la reforma en el papel es lo mejor que se ha diseñado para garantizar la calidad y la rectoría del Estado en la vida escolar. Pero ponerla en marcha requiere de una representación gremial herida de muerte desde la tarde del 26 de febrero en que la entonces principal opositora de la evaluación punitiva a los maestros fue detenida por el presunto delito de lavado de dinero.
El Presidente y sus secretarios de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y de Educación Pública, Emilio Chuayffet, sabían del poder de la dueña del SNTE. Peña y el titular de la Segob hicieron tratos con ella cuando fueron gobernadores.
Pero como sucede con todos los sindicatos en México, donde la democracia aún no se asoma, la dirigencia del gremio docente se debía a su líder y ante el encarcelamiento de Gordillo, sus empleados entraron en pánico.
A diferencia de Carlos Salinas, que reemplazó a Carlos Jonguitud por Elba Esther en la cúpula del sindicato, el gobierno de Peña descuidó ese frente.
Y se cumplió la máxima de que, en política, los espacios vacíos se llenan. De manera que ante el obligado bajo perfil del actual secretario general del SNTE, Juan Díaz, la marquesina, los reflectores y el micrófono quedaron libres para la histórica disidencia magisterial.
Aquí es relevante enfatizar que esa rijosa CNTE siempre supo entenderse y negociar con Gordillo. Pero ante su ausencia tocaron la puerta en Bucareli. Y ésta se abrió de par en par, como no sucedió nunca con ningún antecesor de Osorio Chong, dispuesto a escuchar a los compañeros de viaje del Presidente en el Pacto por México: PAN y PRD. Y en el caso educativo, al perredista Jesús Zambrano, quien convenció a Peña de suavizar laboralmente a la LSPD.
En paralelo y en silencio, desde el obligado bajo perfil de quien tiene a su mentor tras las rejas, los administradores del SNTE y los legisladores de su expresión política, el partido Nueva Alianza -incluida la hija senadora-, aprovecharon las aguas revueltas por la Sección 22 para rasurar los condicionamientos a la permanencia en el empleo de los maestros, es decir, el mismo asunto al que se opuso Gordillo cuando advirtió que moriría como una guerrera hasta evitar esa pretensión.
En la práctica, el sucesor de La Maestra consiguió en las negociaciones de sombra quitarle el carácter coercitivo a la evaluación y evitar la difusión de las calificaciones de los profesores, así como un paquete de medidas para impulsar el desarrollo profesional.
Es decir, el Presidente y sus secretarios hicieron lo de siempre: le encargaron al SNTE aterrizar con sus bases las reforma y convencerlas de que sus derechos están garantizados.
Pero frente a los reflectores, los operadores del gobierno se estrenaron en la ruta de atender a los radicales como si fueran sindicato noruego, ignorando sus ligas con los grupos armados y la doctrina marxista que nunca encontrará éxito en el acuerdo político, sino sólo en la muerte de su enemigo de clase.
El tropiezo está hecho. La rectificación es obligada. Y el viernes 13 terminó. Su suerte será la del sexenio.
