En los últimos tres años, marcados por la sombra de la pandemia de COVID-19, México ha presenciado un inquietante aumento en la incidencia del trabajo infantil. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese año, tres millones 371 mil 867 niños y adolescentes mexicanos, con edades comprendidas entre los 5 y 17 años, informaron haber estado involucrados en ocupaciones no permitidas o en quehaceres domésticos no adecuados. Esto representa un incremento de 462 mil 472 menores en comparación con los datos de 2019.
En una conferencia de prensa, Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que esta alarmante situación ha provocado un aumento en la tasa de trabajo infantil, pasando de un 11.4% en 2019 a un preocupante 13.1% en 2022 dentro de la población de 5 a 17 años.
Estas cifras revelan una desigualdad de género significativa en el trabajo infantil, con una tasa del 15.5% en niños y del 10.7% en niñas, siendo las tasas más altas registradas desde el inicio de la serie en 2015.
La situación varía según la entidad federativa, con las tasas de trabajo infantil más altas en Guerrero (24.5%), Chiapas (20.8%), y Nayarit (19.1%). En contraste, las tasas más bajas se registraron en la Ciudad de México (4.0%), Coahuila de Zaragoza (6.4%), y Baja California (6.5%).
Uno de los datos más preocupantes es que el 37.6% de los menores involucrados en trabajo infantil no recibió ingresos por su labor, mientras que el 47.9% percibió como máximo hasta un salario mínimo. Los sectores más afectados por el trabajo infantil no adecuado fueron el agropecuario (33.0%), los servicios (23.2%), y el comercio (21.5%).
El trabajo infantil en México se clasifica en tres grupos: aquellos que realizan ocupaciones no permitidas por la ley, poniendo en riesgo su salud y desarrollo; los que realizan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas; y aquellos que realizan doble labor, combinando ocupación y trabajo doméstico no adecuado.
Esta situación es un llamado urgente a la acción para las autoridades, la sociedad y las organizaciones, con el objetivo de abordar y revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro mejor para los niños y adolescentes de México.
