Por Andrés Timoteo / columnista
EL SUR COMPLICADO
En días pasados se dijo en este espacio que la zona Centro había registrado la primera oleada de violencia de este 2020, pues ahora tocó al Sur de la Entidad donde el martes pasado se suscitó un enfrentamiento entre policías estatales y pobladores en el Municipio de Isla que bloquearon la carretera federal 145, lanzaron palos y piedras a la sede allí localizada de la Guardia Nacional -lo que antes era la Policía Federal- e incendiaron una patrulla.
La respuesta de la policía fue repeler a los manifestantes a balazos. Doce de ellos fueron detenidos, hubo dos agentes heridos y al menos una decena de civiles también lesionados. En ese operativo policía se dio toda clase de excesos hasta contra periodistas que cubrían en suceso. Tres de ellos fueron detenidos, golpeados y amenazados por los uniformados estatales.
Gracias a la denuncia de los colegas y de organizaciones defensoras de la libertad de prensa los reporteros fueran liberados con bien. Pero el asunto no quedó allí pues el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros al puro estilo duartista los criminalizó por hacer su trabajo acusándolos de haber sido reclutados por la delincuencia organizada para estar en el lugar.
Vaya, la misma estrategia del exgobernador Javier Duarte cuando decía que “sabía que (los periodistas) andaban en malos pasos” y les advertía: “pórtense bien porque vamos a sacudir el árbol”. La tarea de los reporteros es estar en el lugar de los hechos, documentarlos e informarlos, pero ahora eso -el ejercicio periodístico- se criminaliza como en los peores años del duartismo.
Acusarlos sin pruebas de pertenecer o servirle a un grupo delictivo es una irresponsabilidad porque los pone en peligro, los hace blancos de ataques de células rivales y de las propias corporaciones policíacas. La difamación contra la prensa puede acabar en atendados y asesinatos, solo hay que recordar lo que se vivió en los sexenios del innombrable y Duarte de Ochoa.
Por otro lado, tras el enfrentamiento en el municipio de Isla reinó la desinformación, el silencio y las versiones inexactas y hasta contradictorias de parte del gobierno estatal. La oficina de Comunicación Social ha fallado en el manejo de datos que despejen dudas y atajen deducciones erróneas. Por ejemplo, primero se dijo que eran pobladores del municipio los que se manifestaron, luego que eran integrantes de las “autodefensas” y después que se trató de ‘infiltrados’ que vinieron de Oaxaca.
También se difundió que la protesta fue por los abusos cometidos por policías en colonias y comunidades, y más tarde se divulgó la especie que en realidad fue una manifestación que habría sido convocada por un grupo criminal que obligó a los lugareños a participar en ella. No hubo información oficial, formal ni oportuna, se dejaron correr varias versiones que hicieron que la especulación dominará el tapete mediático y las redes sociales.
Por otro lado, hay que reconocer que la versión oficial de una protesta orquestada por los grupos delictivos que operan en la zona tampoco es aventurada. No es la primera vez que las bandas delictivas azuzan -y obligan- a los lugareños para manifestarse contra la fuerza pública, y el agregado es que allí los cacicazgos políticos conviven con algunos capos del crimen.
El Sur es complicado, pero especialmente la región de Isla y sus límites con Oaxaca son álgidos por esa mezcla de la llamada ‘narcopolítica’. La terca memoria es muy útil en estos casos: a finales de octubre del 2009, en pleno reinado de la fidelidad, el Ejército entró a Isla para tomar el control de la seguridad pública local ante la ola de asesinatos -entre ellos decenas de feminicidios-, secuestros y desapariciones forzadas de personas.
VAN TRES “BLINDAJES”
En ese año y durante el 2010 se realizaron varias protestas “ciudadanas” para repudiar la presencia de los militares, alegando atropellos a los derechos humanos. Obviamente fueron ordenadas por el cartel consentido de ese sexenio en Veracruz. Y hay un dato sangriento que respalda lo anterior: el homicidio del activista Catarino Torres Pereda, sucedido en octubre del 2010 en Tuxtepec, Oaxaca, cometido por denunciar a la “narcopolítica”.
Torres dirigía el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), organización que tenía amplia presencia en la región limítrofe de Oaxaca y Veracruz, y en su momento denunció que se había negado a participar en las marchas y bloqueos contra el Ejército revelando que la presión para sumarse a esas movilizaciones la hacía un alto funcionario del gobierno estatal, originario precisamente de Isla y que desde el 2016 opera para Morena.
Vaya, en ese tiempo se decía, a guisa de lenguaje críptico con términos acuíferos, que el asunto con los malosos de la región tenía que ver con las “Islas” y los “Lagos”. Semanas después de esa denuncia y la negativa para que la Codeci se sumara a las protestas contra el Ejército, el activista chinanteco fue ‘ejecutado’ en las oficinas de la organización hasta donde ingresaron dos sicarios que nunca fueron detenidos. A casi diez años, el crimen de Catarino Torres sigue impune.
En la región piñera se mueven intereses, pactos y complicidades muy grandes. Los caciquillos de la política conviven con los líderes del crimen organizado, todos lo saben, y de ahí que las versiones -mal dadas y peor filtradas- de los funcionarios gubernamentales no son falsas del todo.
Y la ola de violencia en el sur veracruzano y especialmente en la región de Isla no se frenará reprimiendo a la población la cual quedó atrapada en medio de la fuerza pública y las organizaciones criminales. La solución pasa por desbaratar los pactos entre los políticos y los mafiosos que perduran desde la fidelidad. Ojo con eso.
Por lo pronto, los gobiernos de Veracruz y Oaxaca anunciaron que ‘taparán el pozo’ aunque el niño ya se haya ahogado. El miércoles los mandatarios de ambas entidades, Cuitláhuac García y Alejandro Murat se reunieron en Tuxtepec para firmar un acuerdo de coordinación para enfrentar la violencia -otra firma protocolaria más – y anunciaron que “blindarán” -otra vez- los límites territoriales entre ambos estados.
Delimitaron algo que llamaron “polígono estratégico” para instalar puestos de seguridad de la Guardia Nacional y las policías estatales en municipios oaxaqueños y Veracruzanos para hacer revisiones vehiculares, control de armas y contención de grupos delictivos. En la parte veracruzana entre municipios implicados está uno en la zona centro, Tezonapa. Los demás son Tierra Blanca, Playa Vicente, Sayula de Alemán y Jesús Carranza.
Por supuesto que la medida es insuficiente por la porosidad de los límites territoriales y quien conozca Tezonapa sabe las decenas de veredas y rutas para acceder a Oaxaca o salir de ella sin mayor problema. Vigilar los caminos limítrofes está bien, pero no basta para enfrentar ni detener la ola de violencia. Si no se combate a las organizaciones criminales y a sus cómplices en la política local, regional y estatal, nada cambiará.
De la misma forma, y como se decía líneas arriba, los acuerdos entre los gobernadores de Oaxaca y Veracruz para vigilar las ‘fronteras’ que comparten las dos entidades es otro acto protocolario más cuyo efecto está en duda. Ya es el tercer “blindaje” de este tipo. Los dos primeros se hicieron el año pasado. Uno fue el 22 de abril, luego de la masacre de Viernes Santo en Minatitlán donde asesinaron a 14 personas.
En ese entonces se informó que se reformaría la vigilancia en los municipios colindantes entre Veracruz y Oaxaca para buscar a los responsables y a la vez, contener el paso de estos. Meses más tarde, el 28 de agosto, tras la segunda masacre, la del bar Caballo Blanco donde fueron asesinadas 31 personas, se volvió a anunciar lo mismo, el resguardo de los límites territoriales con el apoyo de la Guardia Nacional. Ahora dan otro anuncio igual, pero si los dos primeros “blindajes” fracasaron, ¿alguien apuesta a que este nuevo funcionará?
AUSENTE Y ESCONDIDO
Aviso oportuno: si alguien conoce el paradero del diputado local, Antonio García Reyes, que lo notifique a sus colegas cafetaleros quienes tienen meses de no saber de él. Recurriendo al humor negro, están por declararlo “formalmente desaparecido” pues el exalcalde de Tenampa ya no recibe a los agricultores y mucho menos los acompaña en las movilizaciones por la crisis del sector. En tres palabras: se les esconde.
Lo anterior a pesar de que García Reyes es, teóricamente, representante del Consejo Regional del Café en Huatusco y durante años se la pasó denunciando la indiferencia y “oídos sordos” de los gobernantes y legisladores. Ahora él hace lo mismo y se niega a apoyar a los productores del aromático en sus denuncias por el recorte arbitrario del padrón de beneficiarios de los programas federales, el retraso en la entrega de las ayudas y el castigo al precio del grano cometido por las transnacionales que monopolizan su compra.
Reyes García sumió la diputación el pasado 20 de noviembre, hace ya casi tres meses, luego de que fue asesinato el titular de la formula y dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias-CNC, Juan Carlos Molina Palacios, pero en ese lapso no ha movido un solo dedo a favor de los cafeticultores. Estos creyeron que con su llegada al congreso local tendrían una voz para hablar por ellos y el respaldo en sus demandas, pero se llevaron un chasco. El tipo ya no les contesta ni el teléfono.
