AGENCIA
Internacional.- El Salvador culminó el 2024 con un récord histórico de seguridad, registrando solo 114 homicidios en el año y apenas un asesinato durante diciembre, según el Ministerio Público. Este resultado representa un promedio diario de 0.3 homicidios y una tasa de 1.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en la historia reciente del país.
El presidente Nayib Bukele celebró el logro en la red social X, afirmando: “El Salvador se consolida como el país más seguro del hemisferio occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo”. Además, destacó que, de mantenerse las cifras de diciembre, el país podría competir por ser el más seguro a nivel global.
En 2015, El Salvador alcanzó su pico de violencia con 6 mil 656 homicidios y una tasa de 103 por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos del mundo. Sin embargo, tras la implementación del estado de excepción en marzo de 2022, las cifras de homicidios comenzaron a disminuir drásticamente.
El estado de excepción, aprobado para combatir las pandillas, suspendió derechos fundamentales, como el acceso a un abogado y la necesidad de orden judicial para intervenciones de telecomunicaciones. Además, permitió extender la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días y estableció penas de 20 a 40 años para quienes pertenecieran a bandas criminales, con condenas de hasta 60 años para los cabecillas.
Desde el inicio del régimen, las autoridades reportan la captura de más de 83 mil presuntos pandilleros, de los cuales 8 mil han sido liberados al comprobarse su inocencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6 mil denuncias de abusos bajo el régimen, incluyendo la muerte de 354 personas bajo custodia.
En comparación, en 2023, El Salvador registró 214 homicidios, de los cuales 38 correspondieron a presuntos pandilleros muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a posicionarse como un referente de seguridad en la región, aunque no sin generar controversias por el impacto en los derechos humanos y las libertades civiles.
