Durante el siglo XX, en México tuvimos un Estado fuerte, que no estaba limitado por la ley ni respondía a los ciudadanos. Eso terminó en 1997, y en el derrumbe hemos logrado que empiece a existir ley en México y que en algunas cosas se responda a la ciudadanía, pero el fenómeno más notorio ha sido el debilitamiento del Estado.
En el viejo régimen, todo el poder se concentraba en la figura presidencial, que era jefe de legisladores, gobernadores y corporaciones. Eso dejó de existir y cada grupo se volvió autónomo. Algunos para beneficio de la democracia, como es el caso del Legislativo y Judicial independientes; otros en detrimento de ella, como los gobernadores sin límites y los poderes fácticos, antes corporaciones.
Creo que es evidente que el Estado requiere recuperar poder, para con ello limitar a quienes bloquean la democracia y la competitividad, pero sin reducir la autonomía de los otros, especialmente los otros poderes. Más importante aún, esta recuperación del poder debe ocurrir con un incremento simultáneo del respeto a la ley y de la responsabilidad frente a la ciudadanía.
Se acaba de aprobar una nueva ley de amparo, que fortalece a la ciudadanía porque se hace extensivo el beneficio del amparo a todos, pero que fortalece al Estado porque impide que los poderes fácticos hagan uso de la ley para abusar. Se impide la suspensión en ciertos casos, notoriamente en las concesiones que otorga el Estado a los particulares.
Pero cada vez que el Estado obtiene poder el riesgo de que lo use inadecuadamente crece. No se ha encontrado otra forma de impedir esto que con los contrapesos de otros poderes, por eso la autonomía de los tres poderes es tan relevante. Sin embargo, más allá de los arreglos institucionales, que son indispensables, se requiere un comportamiento de los actores que no creo que tengamos en México. El mejor ejemplo lo tenemos en quienes alegan fraude cuando no reciben el voto que esperaban, sea en elecciones o en votaciones del Congreso. Si los actores no quieren cumplir las reglas, si no hay la conciencia de los límites que debe tener el ejercicio del poder público, es difícil que las instituciones logren consolidarse.
Por eso me preocupa una serie de hechos recientes. El cambio en la ley de amparo creo que era obligado, que desde hace mucho tiempo debió haberse hecho, pero al colocarlo junto con otras cosas que están ocurriendo ahora mismo me causa cierta preocupación.
Uno de los primeros anuncios de Peña Nieto fue la creación de una cruzada contra el hambre. De manera un poco borrosa ha dado inicio este programa, que parece ser no sólo asistencialista sino muy posiblemente electorero. Se deja de lado lo que por primera vez había servido para reducir la pobreza, los programas de transferencias condicionadas, para regresar a la organización popular, tipo Solidaridad, o, si se quiere usted ir más a fondo, maoísta.
Desde su anuncio expresé mi preocupación al respecto, porque me parecía un intento de regresar a la política social del viejo régimen, que nunca redujo pobreza pero sí garantizaba votos. Pero no es bueno negar el beneficio de la duda. Sin embargo, el programa anunciado esta semana de prevención del delito, programas sociales orientados a los jóvenes en 100 municipios, me parece que es un caso similar. Otra vez, me parece que se trata de algo que parece bueno pero que puede resultar peligroso. Con la excusa de actuar para prevenir el delito se dan beneficios sociales a ciertos grupos de manera que puedan cosecharse beneficios electorales.
Cuando estos programas sociales-electorales son el escenario, los demás actos cambian sus dimensiones. Dicho de otro modo, las medidas para fortalecer al Estado, que son urgentes e importantes, vistas junto a los programas mencionados, me empiezan a parecer más una restauración autoritaria que una sana recuperación del Estado.
El viejo cuento de la justicia social, que sostuvo al régimen de la Revolución durante el siglo XX, reaparece sin mayor dificultad. Otra vez nos dicen que somos pobres, y que por eso la violencia, y no es cierto ni lo uno ni lo otro. Pero sostiene la narrativa, que les da la legitimidad. Más claro: la restauración autoritaria pasa por la recuperación de ese discurso. Todo lo hacen por nuestro bien, porque nosotros, pobres, ni siquiera entendemos los problemas, ni pensar en solucionarlos.
A lo mejor imagino cosas. Pero un Estado fuerte que no esté limitado por la ley y que no responda a los ciudadanos es un régimen autoritario. Y eso no lo queremos, ¿o sí?
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@macariomx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
