En preocupante contradicción con su oferta del cambio de régimen implicado en la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador ya ejerce el poder –que asumirá en dos meses y medio– con pragmatismo e ímpetu propios del presidencialismo autoritario. Ufano, impone su voluntad a diestra y siniestra sin valorar las consecuencias de su precipitada toma de decisiones o aceptando sin rubor las incongruencias derivadas de ellas. El burdo trueque de Morena con el Partido Verde para pasar de 247 a 252 legisladores y lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ha causado indignación en la ciudadanía y, al menos, desconcierto entre sus incondicionales.
A cambio de ceder cinco diputados, la franquicia verde exigió que el Senado avalara una trapacería surrealista: otorgarle licencia al senador Manuel Velasco Coello para que pudiera retomar su cargo de gobernador de Chiapas –¡como sustituto de sí mismo!– en clara violación de los artículos 55 y 125 de la Constitución. Además, en un primer momento de la sesión del martes 4, el Senado negó la licencia al senador Velasco, pero minutos después, tras un apasionado discurso del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los senadores recularon y otorgaron la licencia a Velasco, infringiendo el artículo 72 constitucional que prohíbe plantear un mismo asunto dentro del mismo periodo de sesiones (¡Así no…!, Proceso 2184).
La ola de críticas a la podredumbre política exhibida por Morena en la primera sesión de la LXIV Legislatura incluyó la de Lorenzo Meyer, uno de los más sólidos defensores del presidente electo: “El Verde es el partido con el que menos debió de haber negociado porque es la quintaesencia de la corrupción del viejo régimen, el traslado de estos cinco diputados empaña y para siempre. Es también una estupidez; la legitimidad se consiguió con mucho trabajo y se pierde muy fácilmente con un hecho”, comentó en el noticiario de Carmen Aristegui.
Cierto, pero más allá de la torpeza del procedimiento inquieta la suciedad y la mentalidad que hay detrás del mismo. Decepciona que prevalezca una visión del poder que en lugar de aplicar los principios de ética política pregonados por Morena y su líder para, supuestamente, acabar con un régimen caduco y envilecido, se reproduzcan los métodos de ejercer la autoridad gubernamental marcados por la simulación, el autoritarismo y el precepto maquiavélico de que el fin justifica los medios.
¿Quién si no el propio AMLO pudo haberle ordenado a Monreal que a toda costa consiguiera la aprobación de la licencia del senador Velasco para asegurar la mayoría absoluta de Morena en el Congreso, que le permitirá sacar adelante su agenda legislativa, incluyendo las reformas constitucionales? ¿Por qué el presidente electo se negó a comentar el desaguisado de su partido llamando “corazoncitos” a las reporteras que lo interrogaron al respecto? ¿A cambio de qué actuó Morena como movimiento de regresión, no de regeneración, nacional?
Por lo pronto, flanqueado por los gobernadores de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el presidente electo presentó el pasado domingo 9 en Palenque el proyecto del Tren Maya. La colaboración de los gobernadores, en especial de Velasco Coello, será fundamental para controlar los brotes comunitarios que pudieran surgir en contra de la construcción del ferrocarril.
Al día siguiente, la bancada de Morena en el Senado presentó la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que prevé la designación del fiscal general en los próximos días, sin haber reformado el artículo 102 constitucional a fin de garantizar una auténtica autonomía de la nueva institución frente al Ejecutivo. Por el contrario, López Obrador optó por una fiscalía que sirva al presidente. Será él quien designe al fiscal general para un periodo de nueve años. Del señor presidente dependerán también el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral, lo cual significa que el Supremo Poder Ejecutivo seguirá definiendo la procuración de justicia, que es el talón de Aquiles del estado de derecho en México.
En última instancia, el presidente seguirá decidiendo a quién se procesa por delitos de corrupción o de otra índole y a quién no, trátese de delincuencia común o de la derivada del crimen organizado. La Procuraduría General de la República cambiará de nombre al de Fiscalía, pero el presidente seguirá teniendo la llave del castigo o de la impunidad, como hasta ahora. Por tanto, en el ámbito de la procuración de justicia la transformación institucional estará limitada por la continuidad del poder presidencial en la materia: el que permite que se creen “verdades históricas” impuestas por el mandatario en turno. Seguiremos teniendo una justicia presidencialista, no autónoma.
También en materia de corrupción, la procuración de justicia basada en un diseño institucional dependiente del Ejecutivo, corresponde a gobiernos autoritarios. Es lo que permite que casos como el de la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra y tantos otros hayan quedado impunes por decisión presidencial. El próximo titular del Ejecutivo será también el gran juez. El Ministerio Público seguirá siendo un arma política del presidente de la “Cuarta Transformación”.
Cómo utilizará el presidente López Obrador ese inmenso poder, está por verse. Lo que está claro es que él será quien decida el significado y el alcance de ofertas como la “amnistía anticipada a corruptos” o la de “acabar con la corrupción, barriendo de arriba para abajo, como las escaleras”. Hasta ahora desconocemos si la corrupción del gobierno actual, la del líder del sindicato petrolero o el de otros magnates del proletariado o del empresariado quedarán impunes o no, pero sabemos que ello dependerá exclusivamente de la voluntad presidencial. Sabemos también que ello no supone un avance en materia de estado de derecho. La independencia política del Ministerio Público es condición indispensable de la justicia democrática. Al menos en este ámbito, el pragmatismo impedirá el cambio de régimen. Lástima.
REVISTA PROCESO
