El pasado lunes, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Su elaboración constituye una obligación constitucional, que conviene recordar.
A iniciativa del entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, el 3 de febrero de 1983 se promulgaron una serie de reformas a nuestra Carta Magna, entre ellas, al artículo 26. Se determinó -a partir de entonces- la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
El mismo artículo dispone que la “ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular”. La Ley de Planeación es el texto legal a que se hace referencia en la Constitución.
Según las disposiciones de esa ley, el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República; y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones a largo plazo.
El presidente Peña prometió, durante la presentación del Plan, que no es una estrategia para administrar la coyuntura o las circunstancias, sino para hacer cambios de fondo en materia de seguridad, productividad, educación y alimentación.
Se informó que más de 228 mil ciudadanos enviaron sus propuestas para la elaboración del Plan y que éste se divide en cinco metas nacionales, las cuales se lograrán mediante una treintena de acciones. Para medir si hay avances o no, el Plan tendrá indicadores específicos para cada objetivo.
Las cinco grandes metas son: la primera, que México sea un país en paz. La prioridad es reducir la violencia en el país y abatir los delitos que más afectan a las familias “mediante la prevención del crimen y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad y de procuración de justicia”.
La segunda meta es lograr un México incluyente, donde todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios sociales. Están incluidos los objetivos de erradicar el hambre, cerrar las brechas de desigualdad, otorgar mejores servicios de salud.
La tercera meta se refiere a mejorar la calidad de la educación y procurar una mayor inversión en ciencia y tecnología.
En cuanto a la cuarta meta, para lograr una nación más próspera, la prioridad será elevar el crecimiento del país y que eso se refleje en mejores condiciones de vida para la población. El Presidente destacó que para crecer es “requisito indispensable mantener la estabilidad macro y asegurar un dinamismo económico sostenido y sustentable”.
Por último, el quinto objetivo, que es lograr que México sea una nación con responsabilidad global y, se dijo, que el gobierno defenderá la estricta aplicación del derecho internacional.
El Presidente —por obligación legal— deberá remitir el Plan al Congreso de la Unión, para su examen y opinión; y éste deberá formular las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.
Las cinco metas se antojan posibles. Esperemos que los tres poderes federales hagan sus respectivas tareas para cumplirlas. Ojalá que el Plan no quede reducido al mero ámbito discursivo, porque México requiere acciones efectivas y contundentes para regresar a la senda del desarrollo.
