México ha logrado construir una transición democrática efectiva gracias a ejercicios de consenso que han buscado siempre que los jugadores participen en la contienda electoral con reglas aceptadas por todos, aún en condiciones sistémicas de desconfianza.
Si se revisan las reformas político-electorales de los últimos años, podrá verse que a pesar de las diferencias, se ha encontrado la manera de negociar más allá de la coyuntura inmediata y edificar gradualmente un cuerpo de reglas electorales que han permitido llevar a cabo elecciones periódicas sin brotes de violencia en las calles.
La experiencia nos ha enseñado que en estos ejercicios de consenso, se ha tenido el talento para aprobar en ambas Cámaras, con el necesario acompañamiento del titular del Ejecutivo, reformas constitucionales y legales que han permitido la fundación y el adecuado funcionamiento del IFE.
El ejemplo más reciente de estos esfuerzos se manifestó con claridad en la reforma electoral 2007-2008, misma que sirvió para organizar la elección intermedia de 2009 y la presidencial de 2012. El mérito de dicha reforma residió en la capacidad de muchos personajes para diseñar un nuevo modelo de comunicación política, y establecer nuevas reglas en el procesamiento de las quejas y denuncias que se presentan durante las contiendas.
Ahora que el poder político ha sido repartido nuevamente después de la elección de 2012, los actores políticos encontraron en el Pacto por México un instrumento eficaz para aprobar reformas educativas, laborales y de telecomunicaciones que el país requería con urgencia.
A casi seis meses del inicio de la nueva administración, podríamos decir con certeza que el Pacto ha demostrado altura de miras para seguir avanzando en una atmósfera de división política, producto de la decisión de los propios votantes.
Los mismos partidos políticos que participan en el Pacto han aprendido en estos meses que su vida interna está de manera permanente sujeta a conflictos y diferencias, y resultaría un grave error considerar que éstos son entes monolíticos que responden mecánicamente ante las propuestas que se discuten dentro del Pacto.
Como ha podido verse en los últimos días, en materia de reforma político-electoral las visiones sobre lo que debe hacerse están divididas, incluso, al interior de los propios partidos. Particularmente en el Senado de la República existen ya visiones distintas entre correligionarios que no deben obviarse y no pueden ser ignoradas.
En este contexto, es necesario seguir con cuidado la relación entre las dirigencias nacionales de los partidos y sus grupos parlamentarios, bajo la conciencia de que si no se privilegian ejercicios de consenso amplio, existe el riesgo de que partidos y legisladores actúen sin coordinación ni disciplina. Lo anterior obstaculizaría los acuerdos y podría dar al traste con reformas fundamentales que aún aguardan su turno para ser discutidas.
BALANCE
Durante las últimas décadas, las dirigencias partidarias y sus bancadas en el Congreso han tenido la sabiduría de hablar el mismo lenguaje y actuar en consecuencia. Gracias a ello, el país se ha beneficiado de reformas político-electorales que han suavizado la disputa por el poder y han construido un entramado institucional del que nos debemos sentir satisfechos.
Hoy, el principal objetivo de la Mesa de reforma política electoral, recién instalada, reside en articular una iniciativa única que pueda armonizar los consensos básicos en la materia y demuestre en la realidad su viabilidad técnica y política.
El Pacto por México enfrenta un nuevo desafío. Para ser exitoso necesita fortalecer los canales de comunicación con legisladores de todos los partidos. Desde su lanzamiento quedo claro que no buscaba ser un sustituto del trabajo parlamentario. En todo caso, ha sido un medio para facilitar los acuerdos. Ojalá lo siga siendo. El país lo necesita.
