En su primer informe de actividades, Miguel Ángel Mancera siguió los pasos de aquellos gobernantes que, como Enrique Peña Nieto, niegan el diluvio de corrupción que anega al país.
Es humano negar los hechos incómodos. Si una mujer justifica las golpizas que periódicamente recibe del consorte eso afecta a su familia. Si un gobernante se rehúsa a reconocer que hay una epidemia de violencia social eso perjudica a la comunidad. Stanley Cohen estudió las negaciones desde diversos ángulos. Encontró que se utilizan de tres maneras: la literal (“eso no existe”); la interpretativa (se minimizan los hechos); y la implicatoria (se cuestionan las consecuencias).
La evasión tiene mil mascaras. Los priistas prefieren la negación literal. Ahora que las inundaciones encendieron los reflectores sobre la Autopista del Sol —un barril sin fondo de las arcas públicas— hay que recordar que fue promovida e inaugurada por Carlos Salinas de Gortari hace 20 años. Es paradigmática la forma como el ex presidente abordó el asunto de la Autopista y de las otras supercarreteras de cuota en sus memorias publicadas en 2000 (México. Un paso difícil a la modernidad, pp. 513-521). Hace malabares intelectuales para nunca hablar de corrupción.
Enrique Peña Nieto también ha desterrado ese término de su léxico. Aunque forma parte de los acuerdos del Pacto por México nunca hablar de corrupción en sus discursos y propuestas más relevantes; es sintomático que no aparezca una sola vez en el proyecto de reforma energética pese a que 88% de la población asocia a Petróleos Mexicanos y a sus líderes sindicales con la corrupción.
En las izquierdas la mencionan frecuentemente (es parte integral del discurso contra la reforma energética) pero se olvidan de ella cuando gobiernan. Me detengo en Miguel Ángel Mancera que gobierna una ciudad que ha estado en manos de la izquierda desde 1997. Lo considero un funcionario decente y bien intencionado que por razones inescrutables optó por darle un tono soso y monótono a su primer informe. Es un texto soporífero porque después de una larguísima lista de agradecimientos dedicó 90% de su tiempo a una interminable enumeración de todo lo bueno que hicieron en el 2012 con los 138 mil millones que tuvo de presupuesto el GDF.
Es útil enterarse de los indudables avances observables en la capital; es infantil negar las partes rasposas y defectuosas de la gestión gubernamental. Una de las principales ausencias en su texto es el trato que da a la corrupción (otra tema mal tratado es la seguridad). A diferencia del primer informe de Peña Nieto que optó por desaparecer la palabra, Mancera lo utiliza en 38 ocasiones a lo largo de las 354 páginas del documento entregado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Su manejo se reduce al lanzamiento de frases contundentes como: “en mi Gobierno, tenemos el compromiso de atacar[la] de manera directa”.
Sin embargo, fue muy parco a la hora de cuantificar o ejemplificar la corrupción con casos concretos pese a tenerlos frente a él. La incongruencia más obvia fue la delegación Coyoacán. Se refirió a ella para presumir la rehabilitación de “nueve espacios públicos” y la instalación de “luminarias”. En ningún momento se refirió a los escándalos del corrupto delegado Mauricio Toledo al que los duendes acomodadores sentaron al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, una de las personas honestas que tiene la izquierda. Mancera nada dijo sobre el ya legendario edificio de la calle Céfiro ni informó que se vio forzado a suspender la corruptora Norma 26 que ha sido palanca de especulación salvaje con el suelo de la capital.
Con su silencio Mancera evade un problema grave. Según las cinco ediciones del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno elaboradas por Transparencia Mexicana, entre 2001 y 2010 el Distrito Federal se mantuvo entre las dos entidades peor evaluadas (ocupa los lugares 31 o 32); casi siempre disputando estos puestos con el vecino Estado de México. Esa corrupción no ha sido combatida por los gobiernos de izquierda y contamina la vida capitalina. De hecho es una de las razones del acelerado deterioro en la seguridad observable en el caso Heaven; pero eso lo abordaré en otra ocasión.
Hay indicios de que vivimos una etapa de recambio en las prioridades sociales. A medida que se derrumban viejas utopías (“alternancia”, “federalismo” o “voto limpio”) la eliminación de la corrupción empieza a convocar a los diversos en torno a la esperanza de que erradicándola mejorará nuestra realidad.
Lo lamentable es que ninguna de las grandes fuerzas políticas se la toma en serio. La mejor prueba está a la vista: los dos políticos con más jerarquía, el Presidente y el jefe de gobierno capitalino, la niegan o minimizan. Si medimos las acciones de ambos hay indicios de que pese al tono de su informe Mancera reacciona con mayor celeridad los reclamos justificados contra la corrupción. Por ahora es mejor que nada.
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Colaboró Paulina Arriaga Carrasco
