Los críticos de que la Reforma Energética se vote durante el Mundial de Futbol tienen mala memoria. La gran batalla legislativa y política de la reforma ya se dio. El 10 de diciembre el Senado aprobó una profunda reforma al artículo 27 constitucional con el voto a favor de 95 senadores y 28 en contra y con un asedio a las instalaciones del Senado de sólo unas mil personas. Nadie impugnó la elección legislativa, así que podemos asumir que estos votos a favor representan 63.27% de aquellos ciudadanos que eligieron a los senadores de esos partidos.
Lo que viene ahora es un reto técnico. Lograr la mejor ley posible, aunque todas las definiciones técnicas importantes tienen implicaciones políticas: es decir, hay perdedores y ganadores.
Si bien la Reforma Energética va en el sentido correcto, hay muchos detalles que se pueden mejorar. Van algunos.
En materia de transparencia se debe evitar que Pemex se escude bajo el principio de secreto industrial para ocultar información presupuestal y financiera. La opacidad facilita la corrupción. La ley debe estipular que el secreto industrial como pretexto para no dar información sólo se puede usar en casos extremos bien definidos.
Para que la reforma funcione la ronda cero debe estar acotada. También debe estarlo la licitación de asociaciones con terceros de aquellas reservas que no pueda Pemex desarrollar sola. Tener dos ventanillas grandes para licitar el territorio nacional es hacer más complicada y riesgosa la reforma. El grueso de las reservas deben ser licitadas sólo por la ventanilla del gobierno y Pemex no debe llevar ventaja.
La ley propuesta permite al gobierno poder asignar campos petroleros directamente a Pemex. No están bien definidas las razones para determinar cuándo se usa este mecanismo.
En materia eléctrica no está claro cómo se transita del actual modelo al nuevo. Se requieren muchas definiciones para que sea funcional. Se puede pretender resolverlo en el reglamento, pero sería mejor avanzar ya.
En materia petrolera, también importa definir bien qué es contenido nacional. Se debe evitar ampliar este contenido por arriba de lo propuesto por el Ejecutivo.
Es importante que una empresa no pueda deducir la renta petrolera que tiene que pagar en un campo petrolero en el que ganó una licitación con los costos de otro campo en el que también participa y aún no es productivo. Esto se llama cerco fiscal. Sin embargo, la propuesta de no permitir deducir el impuesto sobre la renta entre campos, el llamado doble cerco fiscal, es inadecuada. Primero, va en contra de las empresas mexicanas que no pueden simplemente compensar pérdidas y ganancias en su matriz fuera de México, como lo harán las extranjeras. Segundo, dado que las empresas petroleras necesitan diversificar los riesgos y así compensar pérdidas en unas de sus inversiones con las ganancias en otras, lo que ha sucedido en países que han puesto este doble cerco fiscal (como Venezuela) es licitar superficies muy grandes, de dos mil 500 kilómetros o mayores. Sirva como contraste Estados Unidos, que no tiene cerco fiscal alguno, donde la superficie que se licita es mucho menor, unos 25 kilómetros. Esto permite participar a más actores y de menor tamaño.
Aunque el sector industrial petrolero y la producción de electricidad se abre con la reforma, los nuevos inversionistas (salvo en petroquímica) requieren de una serie de permisos de la Sener o de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para establecer sus plantas. Si bien se necesita cierta coordinación, dado que hay que asegurar que existan las redes de transmisión para dar servicio a estas nuevas inversiones, si la asignación de estos permisos no se da con reglas claras, transparentes y tiempos bien definidos, se abrirá la puerta a la corrupción y a la demora de las inversiones.
Además, hay algunas inconsistencias en la ley. Se le quita a Pemex el control del sistema de gasoductos, pero se le permite a la CFE tener el propio. Todos los ductos públicos deberían quedar bajo un mismo organismo público independiente de ambas empresas.
Son muchos temas y éstos son sólo algunos. Si el Congreso hubiera decidido no legislar por el Mundial de Futbol, los hubiéramos criticado por anteponer su amor por el juego a las necesidades del país. El PAN ha logrado que se mueva hasta el 25 de junio la votación final de la Reforma Energética, para asegurar que estén listas las legislaciones electorales locales.
Si bien hay que continuar con la discusión de la Reforma Energética para mejorarla, se puede atrasar la votación aún más hasta terminado el Mundial, siempre y cuando el PRD se comprometa a actuar como partido democrático y civilizado. Es decir, que se concentre en tratar de influir en los puntos finos de la reforma a través del debate, no de la toma de la tribuna o del cerco legislativo, así como aceptar su derrota si pierde la votación.
A la izquierda le queda todavía un instrumento político para tratar de bloquear las reformas: la consulta popular. Ésta tiene un componente de movilización política (requiere firmas debidamente registradas por al menos el 2% del padrón antes del 15 de septiembre) y otro jurídico que se daría si es que la Suprema Corte acepta que la pregunta que plantee la consulta es constitucional. De resolver la Corte a favor, se votará la pregunta en las elecciones federales de 2015. Tantos espacios políticos para acabar bloqueando calles sería erosionar el sistema político democrático que dicen querer desarrollar.
