AGUA Y AZÚCAR
Tenía razón el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador cuando en el 2012 alertaba que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresaba a la Presidencia de la República vendería el país en parcelas incluyendo el mismo palacio nacional. Sus palabras se cumplen a cabalidad porque el copetón Enrique Peña Nieto y sus cómplices del PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza, venderán las joyas de la nación: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, además despojarán a miles de sus tierras para que exploten yacimientos y obligarán a todos a pagar más por las gasolinas y la energía eléctrica.
Sin embargo, ahora viene otro golpe mortal para todos los mexicanos que es la privatización de los sistemas operadores de agua potable y la concesión por más de sesenta años de ríos, lagos y demás depósitos acuíferos con la llamada Ley General de Aguas que está por ser aprobada por la Cámara de Diputados.
El dictamen de ese texto fue avalado por los priístas, panistas y demás satélites el pasado 4 de marzo y ayer martes iba a ser presentado a votación general pero debido a la polémica se tuvo que posponer para
finales de este mes.
El tema no es menor porque se trata de un atentado mortal contra todos los mexicanos que tendrán que dejarse de bañar y en el peor de los casos, se morirán de sed.
La privatización del agua es el objetivo de la ley donde incluso se reduce a mitad el llamado “Mínimo Vital” que es la cantidad del líquido que cada persona necesita para vivir.
En una verdadera canallada que hicieron los diputados federales, ese “Mínimo Vital” lo fijan en 50 litros, la mitad de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso en una jurisprudencia –en 100 litros diarios- y ambiguamente no especifican periodo así que esos cincuenta litros los pueden distribuir hasta en un año, o sea un buche de agua por día.
¡Sinvergüenzas!.
La Ley de Aguas también lleva artículos debastadores para la ecología pues permite la sustracción o trasvase del agua en ríos, esteros y lagunas hacia otros lados si así lo deciden las empresas privadas que soliciten la concesión del gobierno federal y también la construcción de presas cuando su proyecto lo justifique. Traducción: desecarán ríos y lagunas enteros, edificarán enormes barreras para almacenar el líquido provocando un ecocidio y la escasez del mismo para la subsistencia de comunidades, del ganado y la agricultura locales.
Con la nueva ley, todos los opositores a la extracción de agua de los ríos La Antigua, Pescados, Río Blanco y demás, serán mandados a la goma pues habrá un instrumento legal para concretar proyectos de presas y destrucción del entorno ecológico.
La Ley de Aguas también faculta al gobierno federal para promover el desalojo de poblaciones enteras que se opongan a esos proyectos si sus casas y terrenos de cultivo o pastoreo obstruyen la construcción de presas.
Todos serán despojados de sus terrenos. Y eso no termina allí porque al resto de los mexicanos aunque no vivan a pie de un río también le enterrarán una daga en la garganta con la privatización de los sistemas operadores de agua potable que se darían en concesión por treinta años con la facultad de ser renovados
hasta por 60 años.
El artículo 81 del texto aprobado en el dictamen establece que los municipios podrían concesionar a la iniciativa privada las aéreas de “extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de
tarifas” del agua.
El líquido que es un asunto de seguridad nacional porque sin el nadie sobrevive, ahora se entregará a empresas privadas que fijarán tarifas a gusto y lo suministrarán sólo a los
que puedan pagarlo.
Vaya que estos abusivos de la aldea ni siquiera esperaron la ley federal para hacer sus tropelías. Privatizarán el agua en pleno año electoral y sólo los tontos votarán por su partido ahora que les robarán hasta el líquido para tomar, bañarse y preparar alimentos. En lugar de meter a la cárcel a los que se robaron el dinero del SAS, entre ellos el impreparado José Ruiz Carmona, y recoger los bienes que compraron con dinero ajeno y las cuentas bancarias donde depositaron los billetes mal habidos, prefieren hacer que los usuarios paguen
las tropelías.
Otro punto de alerta en la Ley General de Aguas es la experiencia de que todo proceso de privatización de servicios, bienes o infraestructura pública que ha hecho el gobierno resulta un fracaso y sólo ha servido para hacer millonarios a los empresarios que saquean esos bienes.
Luego de que los saquean y exprimen, el Estado está obligado a rescatarlos financieramente esos mismos sin castigar a los saqueadores. Así sucedió con los ingenios azucareros, las autopistas, los servicios subrogados en hospitales públicos, la construcción y operación de
cárceles, entre otros.
En la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo se va a privatizar el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) y en Jalapa también se contempla dar en concesión
este servicio.
Dicho modelo sería replicado en otros ayuntamientos veracruzanos y entonces se repetiría el calvario para los usuarios el sufrido por los habitantes de Aguascalientes y Saltillo donde la privatización de los organismos operadores del servicio de agua potable fue un fracaso total y generó un desastre para la economía de
miles de familias.
En Aguascalientes privatizaron el agua potable en 1993 y las tarifas aumentaron 170 por ciento, y así, el usuario que pagaba 300 pesos se vio obligado a pagar 810 pesos
cada bimestre.
Un año después la empresa se declaró en quiebra y el gobierno tuvo que recuperarla pagando una cifra estratosférica por el rescate financiero pero no bajó un solo centavo a la tarifa que pagaban los consumidores.
Mientras tanto, en Saltillo, Coahuila las tarifas por el consumo del líquido aumentaron 80 por ciento – el usuario que pagaba 300 pesos, tuvo que pagar 510 y el que pagaba mil pesos ahora paga mil 800- y todo aquel que se retrase un día en el pago tiene corte inmediato del servicio y los que tienen adeudos se quedan definitivamente sin el suministro de agua aunque la ley establezca el “Mínimo Vital” de 100 litros por persona. A las empresas privadas no les importa si las personas se mueren de sed porque la prioridad para ellos es recuperar su inversión económica.
El afán privatizador también ya está, otra vez, en el ámbito azucarero pues el gobierno federal anunció que pondrá a la venta los nueve ingenios que todavía están bajo la administración del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) y de acuerdo a lo planeado, en este mes de marzo se abre la convocatoria y en junio se conocerá el nombre de las empresas privadas que se quedarán
con las factorías.
El tema impacta a Veracruz y especialmente a la zona centro de la entidad, donde se ubican tres de esas factorías que son uno de los motores de la economía es la agroindustria azucarera.
Dichos ingenios son El Potrero, ubicado en Atoyac, San Miguelito en Córdoba y La Providencia en Cuichapa. Las otras factorías son San Cristóbal en Carlos A. Carrillo, al sur del estado y El Modelo en La Antigua, en la zona costera. El resto de los ingenios que serán rematados son Casasano, Atencingo y Emiliano Zapata en Puebla, y Plan de San Luis en San Luis Potosí, y todos ellos pertenecieron al Consorcio Azucarero Escorpión S.A. (CAZE) antes de ser absorbidos por el gobierno federal.
De la agroindustria azucarera dependen miles de familias tanto los agricultores como comerciantes que venden insumos para el cultivo de la gramínea, transportistas que la trasladan a las factorías, cortadores de caña y los obreros que operan los ingenios.
Es por lo tanto un tema delicado porque la viabilidad económica de buena parte de la población depende
de esa actividad.
Aún así, el gobierno federal los pone a la venta, y lo malo no es que los reprivatice sino que hay la experiencia del saqueo al que son sometidas las factorías en manos de empresarios particulares.
La industria azucarera en México tiene una historia de corrupción enorme pues los hombres de la iniciativa privada solo han desmantelado los ingenios, explotado a los obreros, y es conocido por todos el robo que hacen a los cañeros que cultiva la gramínea.
A miles de familias las tienen como si fueran peones porque les otorgan créditos anticipados –que les llaman avíos- pero se los cobran carísimos, cada bulto de fertilizante o dinero para pagar labriegos que hagan limpieza de los cañaverales, se los cobran como si
fuera oro en polvo.
Así, cuando los campesinos venden la gramínea al ingenio, éste les descuenta todos esos avíos y al final les paga una miseria. Algunos cañeros solo regalan su trabajo y su mismo dinero para engrosar los bolsillos de los insaciables dueños de los ingenios.
Quebrados financieramente por la voracidad de sus dueños, el gobierno del panista Vicente Fox nacionalizó en septiembre del 2001, 27 de los 51
ingenios del país.
Ese rescate fue para salvar a los empresarios que eran propietarios de los mismos: Teresita Machado del Grupo Machado, Alberto y Federico Santos del Grupo Santos, Juan Gallardo Thurlow del Grupo Azucarero México (GAM) y Enrique Molina Sobrino
del Grupo CAZE.
No fue para salvar a los ingenios pues los tres primeros consorcios, Machado, Santos y GAM lograron amparos y recuperaron 14 ingenios, claro, ya saneados financieramente con recursos públicos.
Peor aún, el costo fiscal del rescate de los ingenios ascendía hasta hace un par de años en 15 mil 561 millones de pesos, es decir, lo que se pagó del bolsillo de los mexicanos para sanear las factorías. Ahora, esos 9 ingenios que todavía administra la federación los ponen a la venta en 9 mil millones de pesos, es decir, los privatizarán casi por mitad de lo que se invirtió. Es el cuento de “Juan Garabato” porque se compra caro y se vende barato.
Todo un entramado de corrupción. Además, no vendrá ninguna mejoría ni para los obreros ni para los agricultores que dependen de la industria azucarera porque la historia de los robos y la
explotación continuará.
Y en este asunto pantanoso también hubo vivales locales que robaron al erario con la bandera del rescate de la industria azucarera pues hay que recordar que bajo el pretexto de establecer fideicomisos para reactivar los ingenios de San Gabriel, La Concepción, Cuautotolapan e Independencia, ubicados en los municipios de Cosamaloapan, Jilotepec, Hueyapan de Ocampo y Martínez de la Torre, respectivamente, en el sexenio de la fidelidad se dispusieron de cantidades millonarias para simular “rescates” de esas factorías. Todo un engaño porque esos ingenios siguen en crisis y algunos como San Gabriel y La Concepción tienen varias zafras
paralizados, sin molienda.
Tan solo en diciembre del 2008, el congreso local aprobó una partida de 320 millones de pesos para rescatar esos ingenios a petición del innombrable. ¿Dónde quedó el dinero?. Ya todos lo saben: sirvió para incrementar la fortuna personal del exgobernante y el grupo de pillos que tenía como colaboradores. Uno de los involucrados en ese fraude enorme es el cordobés Juan Humberto García Sánchez, exsecretario fidelista de Desarrollo Agropecuario y quien es conocido en el mundillo de los dipsómanos con el apodo de “Johnny Walker”. Este señor tiene mucho que explicar sobre el asunto y debería hacerlo ante un ministerio público junto con su expatrón.
