TRES AÑOS SIN JUSTICIA
El viernes pasado se cumplieron tres años de asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco, conocido en el gremio y por sus lectores como Milo Vela, autor de la columna “Va de Nuez” en el diario Notiver. El querido amigo fue acribillado por un grupo armado la madrugada del lunes 20 de junio del 2011, horas después de festejar el Día del Padre, y junto a con él también fueron asesinados su hijo menor Misael López Solana y su esposa, la señora Agustina Solana Melo.
Al caso de Milo Vela, lo había antecedido el reportero sureño Noé López Olguín, quien colaboraba para los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad. Su cuerpo fue localizado 19 días antes, el primero de junio, en una fosa clandestina del municipio de Jaltipan, tres meses después de que fue plagiado por un comando armado. Son tres años ya de aquellos espantosos crímenes que marcaron el inicio de un baño de sangre para la prensa veracruzana pues después siguieron otros ocho homicidios de compañeros comunicadores, algunos realizados con una saña tremenda.
Desde entonces, Veracruz cayó en un hoyo informativo o como le llaman los estudiosos “un apagón noticioso” pues como medio de sobrevivencia tanto para los reporteros como para los empresarios mismos, los periódicos, radiodifusoras, televisoras y portales electrónicos optaron por la auto-censura en temas policiacos y también se dejó de manejar las versiones de corrupción en las autoridades locales y sus presuntos nexos con la criminales. Algunos medios de plano desaparecieron la sección policiaca, también llamada “nota roja” o “de fuentes vivas”, y se avocaron a la información sobre accidentes carreteros, robos de cacerolas y aparatos eléctricos así como el pleito entre vecinos.
Únicamente unos cuantos medios – no más de cuatro de las 300 empresas periodísticas registradas oficialmente en la entidad- valientemente continuaron informando sobre el crimen organizado. No apagaron la luz pero eso también eso les amenazas y el pavor permanente. Ahora se cumplen tres años del comienzo de esa ola de terror que cambió el quehacer informativo de Veracruz y que llevó a que ante el mundo, el estado sea uno de los sitios más peligroso para ejercer el periodismo.
Son ya tres años sin el querido Milo y sin Misa ni doña Agus. Tres años sin Noé, y ¿qué ha sucedido?, ¿dónde están los culpables?, ¿dónde la justicia?. De acuerdo a lo trascendido, los presuntos autores materiales –no intelectuales- del secuestro y homicidio de López Olguín fueron detenidos por el Ejército y eso sirvió para que se ubicara la tumba clandestina donde sepultaron sus restos pero de los asesinos de la familia López Solana no se sabe nada. Son tres años y el gobernante en turno no ha cumplido la promesa que hizo a los dos hijos sobrevivientes de Milo Vela durante el sepelio celebrado en la funeraria de la Tercera Zona Militar cuando les aseguró que atraparían a los asesinos y harían justicia a la familia.
Días después, el entonces procurador, Reynaldo Escobar identificó a un supuesto involucrado por el cual ofreció una recompensa de 3 millones de pesos pero nunca fue capturado. Han pasado tres años y tres procuradores sin que haya justicia, ninguno se dignó a honrar la palabra empeñada del gobernante o a lo mejor simplemente siguieron la línea de no hacer nada. Así, se han acumulado 36 meses de impunidad para los criminales, 36 meses de inacción las autoridades y tres años de dolor para el gremio, especialmente para los que convivimos y apreciamos a Milo Vela y a su familia.
Por cierto, también el jueves pasado el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la sentencia absolutoria que el Tribunal Superior de Justicia del estado había emitido a favor de Jorge Antonio Hernández Silva, presunto asesino de la periodista Regina Martínez, victimada a finales de abril del 2012 en Jalapa. Hay que recordar que los magistrados estatales le otorgaron el amparo a Hernández Silva pues había sido torturado para que se declarara culpable del homicidio. Ahora, la nueva sentencia no es un triunfo para la Procuraduría General de Justicia de Veracruz ni mucho menos, al contrario es una evidencia de su fracaso.
La justicia federal solo encontró elementos para acreditar el delito de robo ya que a Hernández Silva se le encontraron algunos aparatos electrónicos que fueron sustraídos del domicilio de la periodista, así que será procesado por hurto nada más. Los magistrados federales que revisaron el expediente integrado por la PGJE no hallaron pruebas suficientes para acusarlo del homicidio. Eso confirma, una vez más, que el caso fue manoseado por el exprocurador Amadeo Flores Espinosa, quien recurrió no solo a la tortura para encontrar “chivos expiatorios” sino que retorció la ley inventando escenarios y elementos acusatorios.
Ahora la justicia veracruzana se encuentra en un punto ciego en el caso del crimen de la querida periodista. Está en ceros luego de que se les cayó el teatro y no tiene ni siquiera detenidos por el mismo. ¿Qué hará el actual procurador Luis Ángel Bravo que prometió públicamente el esclarecido a corto plazo del crimen?. Claro, no es culpa de Bravo Contreras pues el tinglado lo levantó su antecesor pero el caso reafirma que lo que dijo al llegar a la fiscalía: que había encontrado un cochinero en el que retozaba Flores Espinosa. El tiempo solo confirma sus dichos.
LA TRAGEDIA SILENCIOSA
“Si un conflicto amenazara a tu familia, ¿tú qué harías?, ¿te quedarías a arriesgar la vida o huirías con el riesgo de ser secuestrado, violado, torturado a algo peor (entiéndase: asesinado)?, y ¿si tuvieras un minuto para huir y salvar tu vida, qué te llevarías?”. Con esas preguntas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestiona a todos en el Día Mundial del Refugiado, celebrado el pasado viernes 20 de junio. A través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el organismo desmenuza los datos que se tienen sobre el fenómeno de los desplazados a consecuencia de la guerra y la violencia.
Cada minuto ocho personas dejan todo lo que tienen para huir de la guerra, la persecución o el terror. De los 50 millones de refugiados que hay en el mundo, la mayoría -33.3 millones- son desplazados en su propio país, es decir que tienen que escapar hacia estados, poblados, regiones o departamentos vecinos para salvar la vida. El resto, 16.7 millones huyen hacia el extranjeros. Un promedio de 900 mil solicitudes de asilo se presentan cada año a los gobiernos de 171 países y en al menos veinte naciones hay campamentos atiborrados de personas en espera de que sean aceptados en los territorios, a la vez que dependen de la caridad de organizaciones civiles para alimentarse, vestirse y tener un techo donde dormir.
Oficialmente en el país hay mil 700 personas en calidad de refugiadas, reconocidas desde el 2011 cuando se promulgó la Ley de Refugiados y Protección Complementaria pero esa cifra solo se refiere a personas extranjeras sin considerar a los refugiados en el propio territorio nacional, producto de la guerra contra el narcotráfico que ha vaciado a pueblos enteros. En la historia reciente, nuestro país ha recibido a refugiados españoles y alemanes, en la década de los años 40 por la guerra civil española y la persecución de los nazis, y en la década de los 80 cuando en Chiapas y Tabasco se recibieron a cientos de familias guatemaltecas que huían de la sangrienta represión militar en su país.
Empero, actualmente crece el número de refugiados que son los mismos mexicanos que se han visto obligados a escapar de sus tierras de origen ante la amenaza de ser secuestrados, desparecidos y asesinados por las bandas del crimen organizado. No hay estadísticas oficiales pero los primeros recuentos hablan de 250 mil personas, los más modestos, y de hasta 1.6 millones de personas, los más realistas. Tampoco hay un marco jurídico para protegerlos y asistirlos. En Colombia donde se vivió una situación similar a la que sucede en México, se tienen leyes específicas para atender ese problema pero acá todos cierran los ojos para no ver lo que sucede.
De ahí que los investigadores que se han ocupado del tema definen a ese drama como “la tragedia silenciosa” o el “éxodo callado” porque las víctimas del desplazamiento forzado no tienen estatus legal ante el Estado. Según un estudio elaborado en el 2011 por el Instituto “José María Luis Mora”, los estados más expulsores de desplazados son Coahuila, Tamaulipas, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz, y la mitad de los pobladores que huyen son mujeres, niños y ancianos. Muchas de las mujeres que se van son viudas a causa de la guerra de los narcotraficantes mientras que los menores son huérfanos que se van o se los llevan sus familiares sobrevivientes para que no engrosen las listas de desaparecidos o asesinados.
En la entidad veracruzana tampoco hay cifras exactas pero el puerto de Veracruz, los municipios del sur y de la Cuenca del Papaloapan y sobre todo los que se ubican al norte, en los límites con Tamaulipas, son los que más expulsan a personas por la violencia y la inseguridad, y esos desplazados hoy están en calidad de refugiados en alguna otra parte. Así que cuando alguien escuche hablar o lea en la prensa sobre la desdicha de los refugiados en África, Asia o el Medio Oriente, debe estar consciente que esa calamidad no es muy lejana sino que la tiene a su lado pues diariamente muchos veracruzanos huyen de sus colonias, comunidades, rancherías y ciudades para sobrevivir.
