LA BARBARIE
Las escenas forzosamente hacen recordar aquellos días aciagos de septiembre del 2011 cuando 35 cadáveres, en su mayoría pertenecientes a jovencitos, fueron arrojados sobre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, en la llamada “zona dorada” donde se localiza el WTC así como los hoteles y centros comerciales más populares. La reminiscencia de esas escenas dantescas – los cuerpos apilados como si fueran desechos, con el torso desnudo, maniatados, mutilados y con otras huellas de tortura- regresaron ahora en la Cuenca del Papaloapan donde desenterraron 31 cuerpos de personas asesinadas por el crimen organizado.
De acuerdo a las crónicas periodísticas no solo fue el hecho de la localización de fosas donde fueron inhumadas clandestinamente las víctimas de la ola de violencia que castiga a la entidad sino también cala el sufrimiento de decenas de familias que se arremolinaron en torno al anfiteatro con la esperanza de poder reconocer a sus parientes que tienen meses y algunos años de estar “desaparecidos”. Sin duda son escenas de horror que retratan lo que sucede en Veracruz.
Tan grave es la realidad que los padres, madres, hermanos, hijos, esposos y esposas ya no esperan encontrar con vida a sus seres queridos sino localizar al menos sus cadáveres. A ese punto se ha llegado, la esperanza ahora es poder encontrar los cuerpos para darles sepultura y llorar su luto con el fin de cerrar el espantoso transe. Pero al igual que sucedió en el 2011, la mayoría de los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Jalapa, queriendo alejarlos de quienes los reclaman y así muchos de los que buscan a sus familiares desaparecidos siguen con la duda si son sus seres queridos los encontrados en las tumbas clandestinas.
¿Para qué los concentran en la capital del estado?. Buena pregunta porque podrán decir que para hacer las necropsias y pruebas de ADN pero si los restos todavía son identificables físicamente tanto por la vestimenta como porque tienen aproximadamente un mes de haber sido privados de la vida, no tiene caso retirarlos de un lugar donde las familias que buscan a sus desaparecidos pueden servir para su identificación. Eso mismo hicieron en el 2011 con los cuerpos de Boca del Río y ahora solo falta que apliquen el mismo método de difamar a los muertos como lo hizo el entonces procurador de Justicia, Reinaldo Escobar quien acusó, sin investigar, que las víctimas estaban ligadas a la delincuencia.
Escobar afirmó que los datos consultados en la llamada Plataforma México, que es un banco de datos sobre actividades delictivas, confirmaban que los 35 asesinados de Boca del Río eran delincuentes pero fue desmentido por las instancias federales pues las víctimas de la masacre no aparecían en tal plataforma y poco después trascendió que algunas de ellas eran jovencitos –hombres y mujeres- que apenas si rebasaban los 15 años de edad y que fueron “levantados” por grupos armados. Esa fue una de las pifias que le valió la destitución al nefasto Escobar Pérez.
Sin embargo, como ya lo han comentado algunos columnistas locales, el escándalo por el hallazgo de las fosas clandestinas repletas de cadáveres que ya alcanza niveles internacionales –los principales diarios europeos dan cuenta de ello en sus últimas ediciones- podría crecer más si se confirma que los cuerpos pertenecen a migrantes indocumentados que se vieron obligados a tomar rutas alternas luego de que se les impide viajar a bordo del ferrocarril por las denuncias penales que el gobierno de Veracruz interpuso en marzo contra las empresas Ferrocarriles del Sureste (Ferrosur) y Kansas City Southern.
En una reunión que tuvo en el municipio de Amatlán de los Reyes con activistas defensores de los migrantes y la organización Las Patronas, el gobernante en turno garantizó la salvaguarda de la integridad física de los indocumentados e incluso ofreció colocar autobuses a su disposición para que no fueran presas de los delincuentes. No se cumplió nada y en las fosas clandestinas de la Cuenca del Papaloapan podrían estar las secuelas evidentes de que la medida judicial solo sirvió para aumentar el martirio de los migrantes.
LOS “VENDAJES”
El tema de las fosas clandestinas es horroroso pero no puede ser evadido, es lo que le ocurre y sería una irresponsabilidad seguir la consigna oficial del “no pasa nada”. Por eso también se destaca el reprobable comportamiento de algunos actores políticos sobre el suceso. Primero el silencio de gobierno estatal que en lugar de afrontarlo opta por negar la realidad al afirmar que los operativos policiacos “están dando resultado”. Una vez más cierran los ojos y tratan de maquillar la ola criminal que no se ha frenado ni por los famoso operativos policiacos ni los mandos únicos ni los blindajes ni otras ocurrencias.
Las zonas centro y sur de la entidad demuestran el fracaso de los operativos “Blindaje Córdoba” y “Blindaje Coatzacoalcos”, a los cuales muchos ya rebautizaron como “Vendaje Córdoba” y “Vendaje Coatzacoalcos”, por aquello que solo sirven para que los funcionarios se ajusten las vendas en los ojos para no ver lo que sucede realmente. Desde palacio de gobierno se sigue negando la realidad como si tuvieran gasas en los ojos, claro puestas a conveniencia
Por otro lado, son obscenas las declaraciones de algunos legisladores como el diputado por el distrito de Cosamaloapan, Juan René Chiunti, quien acusa a los exalcaldes de la zona de permitir el asentamiento del crimen organizado y negarse a combatirlo cuando ¡¡el fue uno de ellos!!, y en su municipio se cuentan historias truculentas de sus amistades y protegidos.
Es más, Chiunti se olvida de hablar por las víctimas pese a que su mismo hermano Jorge Chiunti fue secuestrado por la delincuencia en abril del 2013 y a la fecha no aparece oficialmente -pues trascendió según algunas publicaciones que su cuerpo había sido sepultado en una fosa clandestina de acuerdo a la confesión de dos criminales detenidos por la Armada de México en febrero pasado-.
Además de la declaración desaventurada del legislador cuenqueño, en el Congreso Local hay un silencio y una indiferencia sepulcrales sobre el caso, como si los 31 cuerpos localizados no fueran de seres humanos ni demostrarán la tragedia de Veracruz. Los diputados locales de todos los partidos al igual que los federales y los senadores, también se colocaron un vendaje en los ojos y una mordaza para no exigir justicia ni condenar el fracaso de los operativos de seguridad en el Estado. Son una bisutería de representantes populares que no sirven ni siquiera para hablar por los muertos ni por los ciudadanos que viven aterrorizados.
EL DESTITUIDO
En temas políticos pero que se conectan con los de seguridad, el pasado miércoles cuando todavía muchos seguían embelesados por la hazaña del portero Guillermo Ochoa en Brasil y otros pocos en las discusiones en el Congreso de la Unión sobre las leyes secundarias de la reforma energética, saltó una noticia que superó a ambas: la destitución del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figuera. Es el primer mandatario estatal en funciones que cae en el sexenio del copetón Enrique Peña Nieto y al que podría alcanzar la flama de la justicia si se comprueba lo que muchos afirman en aquella entidad, que tanto él como su familia están ligados al crimen organizado.
Claro, el despido de Vallejo se matiza con una licencia por cuestiones de salud –hace un año se sometió a un trasplante de hígado en los Estados Unidos pero ni siquiera en los momentos más difíciles de dicha intervención quirúrgica quiso dejar la gubernatura- pero la realidad es que fue echado por mandato de Los Pinos luego de que se filtrara a la prensa un audio y una fotografía de su hijo, Rodrigo Vallejo Mora con el líder del cartel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez “La Tuta”.
La destitución del gobernante michoacano es parte del plan de contingencia para evitar que la obviedad termine de arrastrar la imagen del priismo pues como dijo alguna vez el ideólogo de los priístas, Jesús Reyes Heroles, “la forma es fondo” y así, Fausto Vallejo fue a presentar su renuncia escrita a la residencia oficial de Los Pinos, es decir a Peña Nieto, en lugar de hacerlo en el congreso michoacano donde, se supone, está representado el pueblo que lo eligió. No renunció a la encomienda popular sino lo despidieron desde la Presidencia de la República.
Así, ayer Fausto Vallejo se convirtió en el primer gobernador sacrificado por el bien superior –lo que recuerda al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hoy la mano que mece la cuna en Los Pinos, cuando se destituyeron a varios mandatarios entre ellos Xicoténcatl Leyva de Baja California y Guillermo Cossío Vidaurry de Jalisco, ambos acusados de corrupción y en el caso del jalisciense por el caso de la explosión en las calles de Guadalajara en 1992 que dejó 300 personas fallecidas-.
Y al conocerse el despido de Vallejo que ahora muchos llaman jocosamente como “Vallejazo” o “Faustazo” los analistas políticos coinciden que esa misma medida es necesaria en otras entidades donde no solo el crimen tiene sometidos a los habitantes sino hay una palpable inoperancia de las autoridades, una sensación de gobiernos fallidos. Limpiar al país de gobernantes papanatas sí que elevaría la popularidad del copetón Enrique Peña Nieto, ahora tan alicaída por la recesión económica y los escasos resultados en todos los rubros.
