QUE LO INVESTIGUEN
Sendos golpes le propinaron desde el Senado de la República al ex gobernante de Veracruz, aquel que no debe ser nombrado, pues el miércoles pasado se aprobaron por unanimidad dos punto de acuerdo que lo incumben y lo exhiben. El primero fue para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe al recinto parlamentario si lo tiene bajo indagatoria luego de que en un proceso judicial de Estados Unidos se le mencionó como supuesto beneficiario de dinero ilícito proveniente de la delincuencia organizada en el año 2004, cuando era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura.
De acuerdo al documento senatorial, en aquel año el innombrable habría recibido 12 millones de dólares -unos 140 millones de pesos mexicanos- para costear su campaña electoral y eso supone, obviamente, un posible acuerdo con los criminales para que desde el cargo gubernamental se les permitiera operar en territorio veracruzano. Es un señalamiento que soterradamente se ha mencionado en los últimos años, pero que cobró auge con un proceso judicial seguido en una Corte norteamericana como lo dice el texto de la minuta sometida a votación en la Cámara alta.
En el caso de que todavía no haya un expediente judicial abierto en México contra el ex gobernante veracruzano, los legisladores solicitaron a la PGR iniciarlo y desahogar las pesquisas para determinar la responsabilidad judicial por esas relaciones peligrosas y compromisos inconfesables. El punto de acuerdo señala textualmente: “El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, a la brevedad posible, remita un informe a esta Soberanía en el que indique si se ha iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones del C. José Carlos Hinojosa, ex contador de la organización delictiva Cártel del Golfo”.
Dicho individuo, menciona el documento, “testificó ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas que entregó en el año 2004, 12 millones de dólares al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Veracruz. Asimismo, en caso de que dicha Procuraduría aún no haya analizado el caso de mérito, se le exhorta respetuosamente para que se determine si es legalmente viable iniciar las investigaciones que correspondan, contemplando, en su caso, solicitar al gobierno de los Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente de juicio antes mencionado”.
Lo anterior confirma lo que se había anticipado: los trapos sucios del innombrable serían expuestos en el tendedero legislativo, y de paso en el mediático, en el momento en que pretendía salir de la congeladora política y había, a través de cabilderos que le pagaron favores atrasados, suplicando al copetón Enrique Peña Nieto para que le levantara el castigo y lo nombrara embajador en algún país europeo o sudamericano según lo filtrado a la prensa por el mismo interesado.
Ahora el tema de sus supuestas relaciones con delincuentes llega al recinto que será donde se ratifique o rechace una eventual postulación a ocupar una sede diplomática –si es que todavía alguien piensa proponerlo-
Y claro, el golpe vino de quien se esperaba, el senador panista Fernando Yunes Márquez -hijo de su enemigo declarado, el también panista Miguel Ángel Yunes Linares- quien ya había dirigido una carta al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, solicitándole no avalar una posible postulación del ex gobernante no sólo por tener los señalamientos de ligas con asuntos criminales sino también por la estela de corrupción que dejó en Veracruz donde hay una deuda pública de 50 mil millones de pesos, producto de la fidelidad.
Más allá de la posible interpretación de que esto parte de las viejas rencillas personales, el caso no tiene desperdicio. Los señalamientos ahí están y lo que acontece actualmente en el estado, lo sufren todos los veracruzanos. Tampoco hay invenciones pues la corte en Estados Unidos tiene el expediente con las declaraciones aludidas, y ahora, el tema llegó al Senado de la República cuyas bancadas solicitaron a las autoridades mexicanas abordar también el asunto para deslindar las responsabilidades penales. La otra lectura del caso es que no hubo una voz en el recinto parlamentario que se alzara en defensa del innombrable.
Los priistas guardaron silencio y todavía más, pues según lo expuesto, avalaron el punto de acuerdo para que la PGR los investigue. Nadie quiere meter las manos a su favor porque podrían embarrarse del lodo pestilente. En el caso de los senadores priistas de Veracruz, José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, es porque a ambos los agravió en su momento y aunque no se duda que alguno de ellos retuerza su dignidad y lo llegue a defender, por lo menos el miércoles no lo hicieron.
A la par, el segundo punto de acuerdo, también avalado por todos los senadores, se pide a la PGR emitir un informe sobre los avances y resultados de las investigaciones abiertas contra 57 funcionarios estatales y federales que fueron sorprendidos, a través de una videograbación, acordando estrategias para comprar y condicionar el voto en los comicios del mes de julio a favor de los candidatos del tricolor.
La lista de esos funcionarios denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) entre ellos el ex delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ranulfo Márquez Hernández y Salvador Manzur, ex secretario de Finanzas y todavía alcalde con licencia de Boca del Río. La querella está abierta desde el 17 de abril pasado y a la fecha no hay sentencia. Podría no darse la resolución pero el tema ya está en el Senado para convertirse en un grillete no sólo de los involucrados sino del mismo PRI.
Por supuesto, el golpe es doble porque estos señores son alfiles del innombrable. Los dos últimos están en la banca desde que protagonizaron el video-escándalo que hizo tambalear el Pacto por México, aunque a Manzur lo intentan rescatar y ponerlo como dirigente de los priistas. Es algo bizarro pues el boqueño sólo servirá de modelo para lo que no se debe hacer: es un experto en meter la pata, abrir de más la boca y lo peor, dejarse grabar cuando está preparando el chanchullo. También el punto de acuerdo senatorial -que recuerda que Manzur tiene un proceso judicial vigente- abona al cuestionamiento que ya muchos priistas se hacen sobre la burda imposición que quieren hacer en ese partido.
OTRO PREMIADO
Las paradojas -que también son para-jodas- no cesan en Veracruz, y algunas llegan al grado de ofensa pública. Por ejemplo, ayer se envió al Congreso local la propuesta para que Amadeo Flores Villalba, -hijo del actual procurador general de Justicia, Amadeo Flores Espinosa-, sea nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) luego que se jubile el magistrado Hugo Montero Domínguez. Dicha propuesta es reprobable desde todos los ángulos. En primera porque este señor no tiene experiencia en cuestiones de impartición de justicia.
Nunca ha litigado en juzgados –tampoco su progenitor sabe de esos asuntos pues toda su vida ha sido funcionario o representante popular, viviendo del erario- ni ha servido como secretario o proyectista de la institución. Al contrario, Flores Villalba fue educado para hacer dos cosas: regentear la notaría pública que tiene en Xalapa, conseguida por su padre a través del tráfico de influencias y administrar la organización priista Vía Veracruzana, dedicada a alabar a los gobernadores en turno y solicitar cargos públicos para sus integrantes.
La agrupación es conocida con mofa en el mundo de la politiquería como “Viagra Veracruzana” pues aloja a todos los priistas que son cartuchos quemados y de la tercera edad pero que se resisten a dejar de vivir del erario. La fundó y presidía Amadeo Flores pero después, sin mediar proceso electivo pues es de su propiedad, la heredó a su vástago, mismo que ahora pretende convertir en magistrado, asegurándolo de por vida con un sueldo superior a los cien mil pesos al mes, pagados con los recursos de todos los veracruzanos. Vaya caso, Flores Espinosa no puede resolver un caso en la PGJE pero sí ha resuelto su vida y la de sus parientes: notaría pública, procuraduría y ahora una magistratura.
Por cierto, en Xalapa hay versiones que apuntan a que Flores Espinosa podría dejar la Procuraduría pero no el sueldo. La especie es que después de su desastroso paso por la dependencia y los ridículos que ha hecho, sería sustituido por el sureño Eduardo Andrade Sánchez, actual presidente de la mesa directiva de la Legislatura estatal y quien ya fue procurador de Justicia en Veracruz, en el sexenio de Patricio Chirinos Calero y cuando le rendía cuentas a Miguel Ángel Yunes Linares, aunque ahora lo vea y le corte la vuelta. Andrade, hermano del compositor Sergio Andrade y ex cuñado de la cantante Gloria Trevi, se quedará desempleado después del 5 de noviembre.
El cambio en la PGJE lo han anticipado después del 15 de noviembre cuando el gobernante estatal rinda su tercer informe. No será el final de Flores Espinoza -en cuyas manos estuvo resolver los crímenes de periodistas y atentados a medios de comunicación como el perpetrado contra esta casa editorial, pero prefirió dar impunidad a los responsables que honrar la ley- ni mucho menos porque pasaría a otro cargo estatal, posiblemente será ungido como súper-asesor en cuestiones jurídicas que es el cargo que le dan a todos los ex procuradores para que sigan cobrando sin hacer nada. Se dijo y se repite: a los pillos se les premia. Amadeo Flores debería ser presentado ante un tribunal para que rinda cuentas por sus omisiones, abuso de poder y complicidades en lugar de seguir enchufado a la nómina pública y ser premiado con una magistratura para su vástago.
