EL ABRIGO ROJO
El pasado jueves 28 de noviembre la presidenta municipal de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano se presentó en el Congreso local para la primera sesión de desahogo de pruebas en el juicio de desafuero solicitado por la Procuraduría General de Justicia que la acusa de ser la autora intelectual del homicidio de su secretario particular, Michel Martínez Corro, secuestrado el 29 de julio pasado y cuyo cuerpo fue localizado cinco días más tarde. En política los mensajes visuales son importantes tanto Herrera Cano como los que están detrás suyo lo saben y por eso ese día lanzaron un mensaje del color apropiado.
La alcaldesa priista llegó a la sede legislativa con un abrigo color “rojo fidelidad” que no se quitó en toda la diligencia y el mensaje no es muy complicado: espera el abrigo del régimen duartista-fidelista, es decir rojo, pues ella es parte de ese entramado y sabe demasiado de todos ellos. Espera el refugio solidario de sus cómplices que son varios y de alto nivel en ésta y la pasada administración estatal. Ya se ha dicho que algunos encumbrados de la Secretaría de Finanzas –entre ellos un ex titular que está en vías de convertirse en dirigente priista- hicieron negocios fabulosos con terrenos de alta plusvalía en el corredor costero llamado Riviera Veracruzana.
Incluso en la misma Comisión Instructora tiene a uno que le debe algunos favores por gastos de campaña en los comicios pasados, el boqueño Raúl Zarrabal Ferat pues las arcas municipales costearon parte de su proselitismo. De tal suerte que si procede su enjuiciamiento la señora abrirá la caja de los detalles sobre todos los regalos y apoyos que dio a los que hoy atienden su expediente y a otros más elevados como el actual gobernante y su antecesor. Por eso hay pocos que apuestan a que la justicia alcance a la famosa Sarita y todavía más si se consideran los otros casos simulares de alcaldes con proceso de desafuero en los últimos dos sexenios. De los cinco que tuvieron juicios de procedencia sólo dos procedieron pero ninguno pisó la cárcel.
El primer desaforado fue Rafael Hernández Villalpando, alcalde de Xalapa por Convergencia –hoy Partido Movimiento Ciudadano- en septiembre del año 2000 y al que lo destituyeron por enfrentarse abiertamente con el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, pero ni siquiera lo acusaron por delitos contra el patrimonio municipal sino por cometer bigamia ya que hizo segundas nupcias sin estar divorciado oficialmente de su primer pareja. El otro caso fue de la síndica de Minatitlán, Isabel Morales Aguirre, conocida como “La Potra”, en abril del 2006, ya en tiempos del innombrable, y fue porque asesinó a balazos a su marido en un pleito marital. Ninguno llegó a pisar la prisión.
PREMIO POR PRISIÓN
Los otros cuatro personajes, todos priistas, que han sido sujetos a procesos de desafuero no sólo se salvaron de la prisión sino que además fueron premiados con candidaturas y cargos públicos como si fueran personas honestas. En el año 2000, la procuraduría alemanista acusó a Gaspar Gómez Jiménez, edil de Hueyapan de Ocampo, del secuestro y homicidio del regidor perredista José Leovigildo Ciau Medina y nada pasó. Diez años más tarde, el PRI volvió a postular a Gómez Jiménez a la alcaldía de Hueyapan de Ocampo y lo hizo ganar con trampas. Hoy está a punto de terminar su segundo gobierno municipal.
El también priista Basilio Picazo Pérez, ex alcalde de Coyutla, fue señalado de la autoría intelectual de la muerte del ex síndico de ese lugar, Miguel Alonso Vázquez en el 2005. Ya no era alcalde en funciones pero aún con las pruebas que lo incriminaban, la PGJE nunca actuó, lo dejó escapar declarándolo prófugo pero jamás lo buscó. Los coyutecos afirman que nunca abandonó el municipio, ni tampoco fue molestado por los agentes policiacos de la fidelidad. En las elecciones del mes de julio pasado el PMC de Dante Delgado, postuló a su hermano José Benito Picazo Pérez y hoy es alcalde electo que gobernará cuatro años a partir del primero de enero. Los Picazos fueron protegidos por la fidelidad y así esa familia caciquil que tiene aterrorizada la sierra totonaca, sigue impune.
Otro caso es el de Renato Tronco Gómez, ex alcalde de Las Choapas, responsabilizado de la ejecución del regidor panista Alfredo Pérez Juárez en el año 2006 y cuya petición de desafuero llegó al Congreso local pero nunca procedió. El innombrable negoció con Tronco Gómez para no castigarlo y poco después se supo cuál fue la moneda de cambio. Tronco fue postulado por el PAN a la diputación local pese a las acusaciones en su contra y al llegar a la curul se declaró legislador “independiente”- otra vez entiéndase: priista encubierto-. Después, en el 2010 el PRI lo volvió a postular a la alcaldía de Las Choapas y lo hizo ganar por segunda ocasión. “Tú eres mi mejor guerrero”, le dijo el innombrable en una grabación telefónica difundida en ese año.
En este 2013, la alianza del PRI con el PVEM lo postuló a la diputación por el distrito de Coatzacoalcos II y así Tronco Gómez hoy es legislador local aún con la cola que arrastra. Y todavía más, a su hermano Miguel Ángel el tricolor lo nominó para heredar la alcaldía de Las Choapas y lo intentaron imponer a base de billetazos y balazos pero debido a las irregularidades la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacón (TEPJF) anuló las elecciones el pasado 6 de noviembre. El tricolor insiste en volver a postular a Miguel Ángel Tronco para los comicios extraordinarios del 2014.
En el 2010 el Congreso inició el juicio de procedencia por daño patrimonial contra el entonces alcalde de Tuxpan, Ricardo García Guzmán –aunque en realidad fue por apoyar la campaña del panista Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura-. Nunca prosperó. Meses después su hijo, Ricardo García Escalante se convirtió en diputado local panista y luego se declaró “independiente” –entiéndase: priista encubierto- y al propio García Guzmán lo hicieron presidente del Instituto de Administración Pública de Veracruz (IAP) ya en el duartismo. O sea regresó al tricolor y a la nómina pública.
Con todo lo anterior, la alvaradeña Sara Luz Herrera no debe estar temerosa con el famoso juicio de desafuero porque seguramente en un tiempo -nada más que pase la tormenta mediática- Duarte de Ochoa la nombre procuradora de Justicia en lugar de Amadeo Flores, contralora estatal o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y en algunos años vuelva por un segundo periodo en la alcaldía de la Generosa Alvarado. Sólo es cuestión de tiempo.
¿QUIÉN JUZGA AL JUZGADOR?
Lo aciago envuelve a Veracruz. Los poderes Ejecutivo y Legislativo se llenaron de desprestigio y no hay quienes les otorguen ni siquiera el beneficio de la duda, y ahora se suma a esa mala fama el Poder Judicial que el lunes pasado fue exhibido desde sus intestinos tras la reelección de Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a quien acusaron de haber comprado votos de sus colegas para permanecer en el cargo. Lo hicieron dos magistradas, Yolanda Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga y le arruinaron el festín de reelección.
Es más, hablan de la necesidad de “limpiar la elección” y para ello anticipan que recurrirán a la interposición de amparos judiciales. Es interesante el caso: ¿ante quién interpondrán esos amparos y quién validará la elección o en su caso la anulará por las triquiñuelas?, ¿serán los mismos magistrados que votaron a favor de Sosa Hernández a cambio de transferencias bancarias, como denunciaron las magistradas?, ¿tendrán que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ventilar la podredumbre del Poder Judicial de Veracruz?, ¿al Consejo de la Judicatura? Todo esto conduce a la pregunta medular: ¿En Veracruz, quién juzga al juzgador?
Es conocido el arrojo de la magistrada Castañeda Palmeros al desnudar acciones truculentas pues ella se hizo famosa en el 2010 cuando lanzó la frase de que “cualquier pend… puede ser magistrado” luego de que la fidelidad obsequió magistraturas a Gladys Maldonado, ex esposa del convergente arrepentido Guillermo Herrera Mendoza –fue el favor del innombrable para que Herrera no le pagara más la pensión de divorcio-, Edel Álvarez Peña, ex dirigente estatal el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Fernando Charleston Salinas padre del diputado federal con licencia y actual secretario de Finanzas, el ex panista Fernando Charleston Hernández.
Por supuesto, la señora Yolanda Castañeda no erró en sus declaraciones del 2010 y entonces, ahora los señalamientos hechos por la reelección de Alberto Sosa Hernández deben ser tomados con seriedad. Así, Sosa Hernández se convierte en un magistrado presidente ilegítimo, espurio, producto de una chicanada, como cualquier priista fidelista o duartista, pues. Y peor aún, al aludido lo traicionó el subconsciente porque al ser interrogado sobre los señalamientos de las dos magistradas sólo atinó a repetir el mismo discurso de los políticos cuando se les sorprende en la maroma mapachil: si tiene pruebas que las presente ante las instancias respectivas. Nada más faltó decir que ya es presidente reelecto del TSJE “haiga sido como haiga sido” para cerrar el círculo. No cabe duda que en Veracruz corren malos tiempos. No son confiables los que legislan, tampoco el que despacha en palacio de gobierno y ahora exhiben como fraudulento y trinquetero al que imparte justicia. Todo huele a podrido y entonces a los veracruzanos no les quedará otra que invocar la ayuda del Chapulín Colorado o de Chanoc.
