FOLCLOR ELECTORAL
Después de su desastroso desempeño en los últimos procesos electorales, especialmente en los comicios del año 2010 que renovaron la gubernatura, las alcaldías y el congreso local -y en los cuales su misma presidenta atropelló la ley con tal de declarar ganadores antes de que el Poder Judicial calificara los comicios- muchos actores políticos aconsejaron que el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) debería ser disuelto y renovado con nuevos consejeros ciudadanos para limpiar su mala imagen. Tal cosa no ocurrió.
La administración estatal que iniciaba hace dos años prefirió voltear la vista hacia otro lado y mantener a los actuales consejeros electorales a pesar de carecer totalmente de autoridad ética e imparcialidad para seguir en el puesto. Ahora, se cumplió el periodo de dos de ellos, Blanca Castaneyra Chávez y Víctor Borges Camaal, y en el Congreso local se analizan las propuestas hechas por los partidos políticos para sustituirlos. Ahí comienza el primer error porque en lugar de abrir la oportunidad a los ciudadanos, las propuestas las hacen a través del tamiz partidista, lo que pervierte la consejería pues el que llega a la misma lleva una deuda con el instituto político que lo impulsó y su actuación será, obviamente, sesgada.
Empero, el marco jurídico está de esa manera y con ese método se nombrarán en breve a los sustitutos de Castaneyra Chávez y Víctor Borges Camaal, dos de los consejeros más polémicos no porque hayan tenido un desempeño decente sino por su folclor y las traiciones a sus mecenas. Nada aportaron para la vigencia de la legalidad ni la democracia. La señora Castaneyra, impulsada por el partido Convergencia -hoy Movimiento Ciudadano- traicionó a sus impulsares, entre ellos Dante Delgado Rannauro, y se alió a la fidelidad en el sexenio pasado y a sus remanentes en la actualidad.
Así, se convirtió en un ariete contra los nuevos partidos y asociaciones políticas que solicitaban el registro y que amenazaban los proyectos transexenales del ex gobernante, aquel que no debe ser nombrado. La última noticia que dio fue un pleito de lavadero ventilado en una sesión del Consejo General con su compañero, Jacobo Domínguez Gudini, al que acusó de plagiarle la redacción de un artículo publicado en una gaceta del mismo instituto. Ha de pensar la señora Castaneyra que si a Domínguez Gudini le otorgan el premio Nobel de Literatura con tal preciosidad de escrito, ella se quedará sin saborear las mieles de su creación literaria. Vaya par de personajes.
¿Y del señor Borges Camaal? Llegó auspiciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) del que fue asesor, luego saltó a los brazos del PRI y ahí se ha mantenido para lo que se ofrezca. Disfrazado de un intelectual orgánico -porque no llega ni a eso- su paso por el IEV se ha distinguido por las historias chuscas que lo rodean, entre ellas su devoción a la Santísima Muerte, de la cual tiene una efigie en su oficina, porta un escandaloso anillo con la misma imagen y hace ostentación pública -hasta en las entrevistas con reporteros- de su culto. La oficina-templo de Borges es toda una leyenda urbana en el IEV que despierta morbo y risa, al grado que los propios empleados lo bautizaron con el sobrenombre de Nosferatu Camaal. ¡Ave María!
COLA Y CUERNOS
Pero si los que están por irse resultaron verdaderos fraudes en eso de la representación ciudadana, muchos de los que aspiran reemplazarlos los superan en arrastrar una cola larga y lucir cuernos. Especialmente los que han sido propuestos por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM). Muchos son funcionarios del IEV y del Poder Judicial del estado, y también con un pasado ligado directamente a la fidelidad. Lo que demuestra que el innombrable sigue vigente al interior del árbitro electoral y listo para reforzar sus huestes.
En realidad nunca se fue pues la presidenta del organismo, Carolina Viveros García, fue su compañera de pupitre en clases de posgrado y su llegada al IEV obedece a aquellos días de camaradería y complicidad estudiantil que luego se transformaron en perversión gubernamental y atropello de las leyes. La señora Viveros es la voz y la conciencia fidelistas en cuestiones electorales. Y de los que están apuntalados para llegar hay varios incondicionales de Viveros García -y por ende de la fidelidad-, entre ellos Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez que actualmente se desempeña como director de Servicios Jurídicos del Congreso local pero que fue un tiempo su secretario particular.
Un verdadera joya es el candidato Jesús Octavio García González, quien funge como director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo IEV, y fue el protector de los tres empleados del instituto, Óscar López Zárate, Aureliano Álvarez San Juan y Noel Pérez Elvira, que en el 2010 fueron denunciados por colocar cámaras de video en el interior de los sanitarios para grabar a las empleadas y empleados cuando los utilizaban. Pese al escándalo de tipo sexual, doña Carolina Viveros protegió hasta donde pudo a los tres sujetos que fueron denunciados por varias trabajadoras, y sostuvo contra viento y marea a García González. Tanto lo aprecia que ahora lo convirtió en candidato a consejero para que permanezca varios años viviendo de la nómina pública.
Otra candidatura escandalosa es la de Arcelia Guerrero Castro, quien desde el 2011 es titular de la Contraloría General del Poder Judicial del Estado, a donde llegó impulsada por el ex gobernador. Sus nexos con el innombrable se remontan a las elecciones por la gubernatura en el 2004 cuando formó parte del equipo encabezado por Salvador Mikel Rivera, -posterior Procurador de Justicia en el sexenio de la fidelidad- para defender el triunfo cuestionado del entonces candidato priista. Experta en el chanchullo y la componenda electoral, ahora la pretenden colocar en el Consejo General del IEV, premio menor porque hace años aspiraba a ocupar la silla de Viveros García pero no la pudo superar en las preferencias del innombrable.
De igual forma se pretende premiar por sus contribuciones a la mapachería electoral a Daniela Ferrandon Sosa que en el último tramo del sexenio pasado fue funcionaria de la Oficina de Atención a Migrantes. Ella junto con el titular de esa dependencia, Daniel Badillo, fueron los ejecutores del famoso programa para el traslado de los llamados “juarochos”, es decir veracruzanos que habitan en Ciudad Juárez y en otras ciudades de la frontera norte, hacia Veracruz bajo el argumento de que estos migrantes querían huir de la violencia y la inseguridad del norte del país y regresaban al “paraíso” que era el territorio veracruzano.
Vaya engaño por doble partida porque a los “juarochos” los trajeron a una ratonera ya que todos saben que el gobierno anterior infestó a la entidad de todas las perversidades y organizaciones criminales, y en segundo lugar, no se trató de un acto altruista ni de buena voluntad sino que fue un “acarreo” de votantes para inflar los padrones electorales y obligarlos a sufragar por los candidatos del tricolor en los comicios de ese año. Sólo hay que recordar que en varios municipios se hizo toda clase de estratagemas para hacer ganar indebidamente a los fidelistas, uno de ellos que fue evidente por el escándalo nacional que desató tras una investigación judicial, fue el actual edil de Boca del Río, Salvador Manzur.
Tales son las fichas más visibles del engranaje de la fidelidad que están con un pie adentro del IEV. Hay otros ligados directamente al tricolor y otros más que tienen un historial de desempeño ominoso en los cargos que han desempeñado. No sólo auspiciados por el PRI sino también por los partidos de oposición. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano (PMC), impulsa a la abogada porteña Santa Martínez Jamed, quien fue directora jurídica del Ayuntamiento de Veracruz en tiempos del panista Ramón Gutiérrez de Velasco, considerado como uno de los ediles más corruptos en la historia de la ciudad.
Martínez Jamed también lo defendió cuando fue acusado de ser uno de los responsables en la muerte de 29 personas durante el incendio en el mercado Miguel Hidalgo el 31 de diciembre del 2002, tragedia que se dijo fue provocada por empleados municipales que extorsionaban a los vendedores de material pirotécnico y que el entonces alcalde Gutiérrez de Velasco permitía la venta de estos productos tras previo pago de sobornos económicos -entiéndase: mordidas-. Nada pasó, ni cuando se evidenció la colusión del edil con la tragedia a través de sus familiares.
En ese tiempo los mismos vendedores del mercado acusaron al padre del Munícipe, el empresario Carlos Gutiérrez de Velasco de ser el propietario de una bodega cercana al sitio de la tragedia donde se almacenaba el material pirotécnico de forma clandestina. Todo eso no fue suficiente para quitarle el manto de impunidad y hoy el panista Gutiérrez de Velasco, y todos sus funcionarios municipales involucrados en sendas acusaciones, siguen libres aún con los 29 decesos que provocó la tragedia. Mientras tanto su abogada, ahora protegida de Dante Delgado, se encamina al IEV, seguramente a defender los intereses ciudadanos como lo hizo a su paso por el Ayuntamiento porteño. ¿O no?
