LA SECUELA
Sucedió el 13 de mayo pasado y los testigos fueron los pasajeros de un camión de la línea Autobuses Unidos (AU) que cubría la ruta Cosamaloapan-Córdoba. El relato lo hace uno de ellos que pide reservar su nombre para no arriesgar su seguridad personal pero que conoció del hecho denigrante y delictivo que es parte de las secuelas generadas por la ocurrencia del procurador de justicia Luis Ángel Bravo respecto al tema migratorio. Al medio día de ese 13 de mayo, el autobús circulaba sobre la carretera La Tinaja-Tierra Blanca y a la altura del poblado La Campana, también conocido como La ICA, en Tierra Blanca tuvo que detenerse a exigencia de un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Ya estacionada la unidad a orilla de carretera, uno de los agentes subió y señalando a varios pasajeros les ordenó: “tu…tu….y tu bajen”. Fueron siete en total, cuatro de ellos varones y tres mujeres, que descendieron y fueron llevados a un módulo del INM mientras que el chofer del autobús esperó a que regresaran pues habían pagado su boleto del viaje. Medía hora después los siete pasajeros retornaron con la cara desencajada pero sin decir palabra y ocuparon de nuevo sus asientos para que el autobús continuara su ruta.
Una vez que la unidad arrancó las tres mujeres se soltaron a llorar ante la mirada atónica del resto de los pasajeros, algunos de los cuales les preguntaron el motivo del llanto, y la respuesta indignó a todos: los siete eran migrantes indocumentados y los agentes del INM los extorsionaron exigiéndoles pagar “derecho de peaje” con tal de no detenerlos y a las mujeres las ultrajaron sexualmente delante de sus compañeros. Una violación tumultuaria.
Los agentes extorsionadores y violadores están bajo el mando del delegado del INM, Tomás Carrillo Sánchez – exsubprocurador de Justicia en la era fidelista- y no es nueva la versión de que ese funcionario goza parte de las regalías obtenidas por la extorsión a los indocumentados, aunque la violación sexual contra las mujeres centro y sudamericanas es adicional a las cuotas que exigen para que viajen por territorio estatal. Vaya, conociendo a Carrillo Sánchez, nadie debe dudar que eso y cosas peores sucedan pues el funcionario es famoso por sus andanzas en asuntos inconfesables. ¿Quién investiga, quién hace algo?. Nadie y por eso Carrillo Sánchez tiene un imperio de corrupción de la delegación de INM.
Pero lo sucedido en Tierra Blanca es una de tantas historias de terror que se están escribiendo en Veracruz luego de que el Procurador de Justicia optó por denunciar penalmente a las empresas concesionarias de las líneas ferroviarias Ferrocarril del Sur (Ferrosur) y Kansas City Gropen para impedir que los migrantes viajen a bordo de los trenes denominados “La Bestia”, en lugar de depurar las corporaciones policiacas estatales y municipales, excluyendo a todo policía se involucra con la mafia para secuestrar, extorsionar y asesinar a los indocumentados.
En lugar de exigir que investiguen a los agentes del INM y al mismo Carrillo Sánchez y de combatir a las células del crimen organizado que operan en toda las rutas de los migrantes, para el Procurador fue más fácil arremeter contra las personas indocumentadas que por necesidad se ven obligadas a recorrer el territorio estatal. No persigue a los delincuentes y opta por quitarles el medio de transporte a las víctimas, arrojándolas a otros caminos igual o más peligrosos porque los siguen los delincuentes –tanto los del crimen organizado como los del gobierno, es decir, policías y agentes migratorios-.
PURO HUMO
Además, debido a que ya no pueden subir al tren, el monto de la extorsión se elevó, pasando de 100 a 200 dólares – unos 2 mil 500 pesos-, relatan los mismos migrantes, y los que no llevan esa cantidad son secuestrados hasta que sus familiares la depositen desde su país de origen o desde Estados Unidos si es que los esperan allá, otros son reclutados para servir a las organizaciones criminales como si fueran esclavos y a otros más simplemente los asesinan. Desde la semana pasada mas 250 centroamericanos quedaron varados en Coatzacoalcos al no poder subir al ferrocarril ni aventurarse a caminar las rutas pues tienen la amenaza del crimen organizado de que serán interceptados donde quiera que se dirijan.
Sea la ruta que elijan o el medio de transporte, los estarán esperando, sean los criminales o sean los agentes policiacos y migratorios. Están a dos fuegos y en un infierno que atizó el propio procurador, quien además –y una vez más- incumplió con el compromiso de hacer respetar la ley y garantizar la seguridad física de los migrantes como se comprometió el 22 de abril cuando se reunió en Amatlán de los Reyes con el grupo de activistas conocidas como Las Patronas y ante las cuales incluso se comprometió a proporcionar autobuses para que los migrantes viajaran seguros por el territorio estatal.
Eso por la parte del encargado de la seguridad en el Estado ya que de parte de la Iglesia Católica en Veracruz hay un silencio mortal y cómplice. Ni el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios ni los otros siete obispos de la entidad alzan la voz para denunciar lo que sucede. Han tenido que ser clérigos de otros lugares del país como el padre Alejandro Solalinde de Oaxaca y Fray Tomás González de Tabasco los que vienen a la entidad para hablar a favor de los indocumentados bajo acoso de la mafia y de los servidores públicos corrompidos.
La Arquidiócesis de Jalapa que preside Reyes Larios emitió el domingo pasado un tibio comunicado dirigido a los gobiernos estatal y federal en el que proponen la expedición de una “visa temporal o salvoconducto” para que los migrantes puedan utilizar otros medios de transporte ahora que ya no pueden subir al ferrocarril. Gran idea, como si eso los fuera a salvar pues ya ven lo que ocurrió en el autobús del AU. El mismo comunicado está lleno de lugares comunes, de referencias vaticanas y palabras de oropel para esconder lo que en realidad se requiere: un pronunciamiento real y enérgico contra los atacantes.
Los ensotanados no se atreven a decir abiertamente –aunque los conocen- quienes son los que secuestradores y asesinos de migrantes, no osan pedir que se investigue y castigue a los funcionarios coludidos con el crimen que permiten y hasta participan en las agresiones, y hacen malabares retóricos para sacudirse la responsabilidad de hablar a favor de los más débiles, los sin-voz, esos caminantes extranjeros que son los pobres entre los pobres. El aterciopelado y timorato boletín dominical de la arquidiócesis jalapeña es igual al incienso que se quema en los templos: puro humo.
SAN ROMERO
Siguiendo en el tema eclesiástico pero ahora en referencia a los verdaderos hombres de Dios, hay una buena noticia en la Iglesia de los Pobres pues el Vaticano admitió por fin la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue arzobispo de El Salvador, y murió acribillado por sicarios de la dictadura militar mientras celebraba misa en la capilla de un hospital, el 24 de marzo de 1980. Un año antes, la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, encabezada por la cúpula del Ejercito había asumido el control del gobierno salvadoreño tras el golpe de Estado.
Desde entonces, el gobierno militar se dedicó a reprimir al pueblo, asesinando activistas, desapareciendo líderes obreros y campesinos, persiguiendo y encarcelando a todo el que reclamara libertad y respeto a los derechos humanos. Se desató una guerra civil y los militares bañaron al país en sangre. Monseñor Romero no tuvo miedo de enfrentarlos y exigirles que dejaran de matar al pueblo. Un día antes de ser asesinado, el 23 de marzo, lanzo un mensaje dirigido a los policías y militares que para muchos fue su sentencia de muerte. Las palabas dichas durante la homilía en la catedral de San Salvador quedaron grabadas en la memoria popular.
“Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y, ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matarás’. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado”.
“La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios: ¡Cese la represión!”.
Ah, ¿cuándo se escuchará a un obispo veracruzano decir algo así?. Ni en sueños, jamás arriesgarán sus privilegios ni dejarán sus devaneos con los poderosos para ponerse al lado del pueblo. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI se negaron a canonizar a Monseñor Romero pero ahora el pontífice Francisco admitió subirlo a los altares en el año 2017. Sin embargo ese solo es un trámite administrativo de la curia romana pues hace tiempo que los pueblos latinoamericanos lo consideran santo sin haya sido necesario el aval del Vaticano. Lo llaman San Romero de América.
