CÓRDOBA CONTRA EINSTEIN
En el sexenio de la fidelidad cuando el crimen organizado comenzó a empapar de sangre todo el estado, el innombrable se inventó los famosos operativos policíacos regionales para supuestamente combatir a los grupos delictivos y dar tranquilidad a los ciudadanos. En la zona centro se le llamó “Córdoba Seguro” con el cual -se aseguraba- serían coordinadas todas las corporaciones policíacas tanto federales como estatales y municipales con la secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada (Semar).
No funcionó. Y no porque fuera una mala estrategia sino porque en realidad se trató de una mascarada pues la entidad ya estaba “vendida” a un cártel del narcotráfico que financió la campaña electoral del innombrable -como consta en expedientes judiciales de una corte de Estados Unidos -. Luego vino el llamado “Mando Único” con el cual se le quitó el control de la policía a los ayuntamientos y se le entregó al gobierno estatal, concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública, y se aplicó el mismo discurso de una coordinación de todas las corporaciones policíacas. También fracaso.
Durante el sexenio de Javier Duarte se recicló la misma estrategia de simulación pero le cambiaron el nombre. En mayo del 2014, Duarte de Ochoa puso en marcha el operativo “Blindaje Córdoba” con el cual se combatiría a los grupos delictivos, se prevendría el delito y se generaría un “entorno de convivencia y tranquilidad para los cordobeses”.
Para eso difundieron que dicho operativo tendría 750 efectivos policíacos y militares que cuidarían noche y día a los ciudadanos, y que estaría reforzado con dispositivos de videovigilancia, patrullajes aéreos, revisión de vehículos, ‘alcoholímetros’ y una policía de proximidad con la gente. El propio Duarte prometió que dicho operativo “daría resultados que se percibirán en lo inmediato”. Sería, dijo, un “operativo sin precedentes” y el modelo para aplicarse en otras ciudades y conurbaciones de la entidad.
El resultado fue un fracaso más pues la delincuencia tuvo el reinado más prolifero de la década en la zona centro. El famoso blindaje fue para los criminales, no para los ciudadanos. El que estaba al frente del mismo en lo general era Arturo Bermúdez, secretario estatal de Seguridad Pública, uno de los responsables de todo lo oscuro del sexenio duartista por la protección a los grupos criminales, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de personas cometidas por su mismo personal.
Pues bien, ahora el ayuntamiento que encabeza el morenista Juan Martínez Flores revive esa misma estratagema fide-duartista y hasta retoma el nombre, “Córdoba Seguro”, operativo que a inicios de esta se mana se puso en marca con el militar retirado, Enrique Morales, como responsable del mismo. De acuerdo al comunicado municipal, aglutinará a la policía municipal, la Guardia Nacional, la Marina, la policía estatal y su Fuerza Civil, y lo que se acumule. Vaya, y hasta pregonan orondos el eslogan: “¡Tu seguridad es nuestra prioridad!” -así con signos de exclamación quizás para tratar de convencer a quienes lo lean-.
Sin duda que la administración martinista está en contra de Albert Einstein, el padre de la física moderna, quien aconsejaba: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. En sexenios anteriores ese operativo fue un fracaso y hasta el nombre está gastado, pero Martínez Flores insiste en reciclarlo como oferta a la ciudadanía en materia de seguridad pública. ¿Acaso piensa que obtendrá un resultado diferente a los del pasado haciendo exactamente lo mismo? Todo indica que es otra ocurrencia que demuestra que carece de un plan serio y efectivos para atender el problema de la inseguridad.
Todo lo anterior se concatena con algo peor que es el oscuro curriculum de los personajes a los que Martínez Flores colocó al frente de la seguridad municipal, uno de ellos es Juan Arzola Hernández señalado de haber estado preso en el penal federal de Villa Aldama en el 2012 pues delitos ligados al crimen organizado. Este señor fue jefe de seguridad de Martínez Flores durante su campaña y ahora todo apunta a que será el que en realidad maneje la policía municipal. Vaya, con ese único nombre se derrumban todas las expectativas del pomposo “Córdoba Seguro”.
BIGOTES CON MANTECA
Por cierto, parece que los locatarios del mercado “Revolución” le van a ‘untar los bigotes con manteca’ al alcalde cordobés, como advierte la sabiduría popular, es decir lo van a domesticar para que se someta a sus caprichos pues según el director de Comercio, Ricardo Navarro se “privilegiará el diálogo” con los líderes de los comerciantes a fin de que se concrete la reubicación de los puntos de venta y la entrega de los módulos remodelados.
Es más, dijo que hasta pedirán la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que medie en este proceso. “No somos el gobierno del garrote”, alardea el funcionario. Traducción: nuevamente hay un gobierno blandengue que no se atreve a aplicar la ley y ordenar los espacios públicos que siguen en medio del caos, la basura y generando peligro para todos.
La vía pública, donde ahora están muchos vendedores, y los puestos en el mercado, ya remodelados y pendientes de entregar, no son propiedad privada sino del municipio. Hay un marco jurídico que regula los mercados públicos y las centrales de abasto. Ningún módulo o punto de venta puede ser patrimonio de una persona, una familia o una empresa, ya que son lugares que pertenecen a la ciudad y la autoridad puede otorgar o retirar el permiso para su aprovechamiento.
Salvo que los saquen o los metan a golpes no hay motivo para que el ombudsman intervenga en el asunto de los locatarios pues no hay derechos creados sobre la propiedad pública. Solo hay que aplicar la ley y con eso se destrabará el asunto del mercado “Revolución” que lleva décadas como rehén de lidercillos aprovechados y castas familiares que se sienten dueñas del mismo. No es así y lo que Córdoba necesita es mano firme para hacer obedecer lo que dictan las leyes y meter orden en las actividades públicas.
Si Martínez Flores permite que los mercaderes le ‘unten los bigotes con manteca’ pues serán otros cuatro años perdidos para modernizar y adecentar al “Revolución” que seguirá como un tianguis pueblerino con maraña de corrupción. Ojo, pero la contraparte también es importante pues a la vez que hace valer la legalidad, el edil está obligado a sanear el área de Comercio y correr a los inspectores y demás empleados acostumbrados a la extorsión de locatarios y la tolerancia de irregularidades.
No es posible que en los nuevos nombramientos que ha realizado el munícipe se incluyan personajes muy cuestionados y que implican un conflicto de intereses. Por ejemplo, no es posible que haya colocado como encargado de dicha central a un personaje como Andrés Ojeda, exdirigente de los vendedores ambulantes enfrentado en muchas ocasiones a los comerciantes legalmente establecidos pues defendió la proliferación de los puestos informales. ¿Qué espera, que el “Revolución” duplique o triplique el número de comerciantes informales?
Al señor Ojeda, dicen los locatarios, se “le conocen las mañas” y no representa al comercio legalmente establecido sino al informal, ese que no paga impuestos, tampoco servicios, se ‘cuelga’ de la electrificación pública e invade aceras y calles. Tal es la propuesta de ayuntamiento, aumentar el caos en el mercado. Y para no variar, como jefe de inspectores en el área de Comercio se puso a Aníbal Olivares, considerado como un ‘primate con macana’, agresor de comerciantes y famoso por sus abusos de autoridad. Pura gente fina.
El saneamiento y modernidad del mercado “Revolución” es de ida y vuelta por lo que también exige una auditoria contable, técnica y física de la obra de remodelación realizada por el ayuntamiento pasado con la panista Leticia López Landero que muchos estiman fue un latrocinio monumental. Los locatarios y la ciudadanía en general tienen el derecho -ahí si les asiste esa garantía- de conocer el destino de los dineros anunciados para el proyecto. Sintetizando: que el señor Martínez Flores deje la alcahuetería, lo blandengue y las ocurrencias para que se ponga a gobernar.
LA BANDA ESTÁ BORRACHA…
“Los malos se matan entre ellos…”, ¿se acuerdan de esa frase? La dijeron hasta el cansancio en la fidelidad y el duartismo para engañar a la opinión pública sobre la crisis de violencia e inseguridad que se padecía. Hoy el gobernante en turno Cuitláhuac García la retoma al asegurar que la masacre ocurrida en Isla es “una pelea entre dos bandas -dentro de un mismo cartel-, una quizá con mayor fuerza se va sobre otra”. Nada más le faltó decir que el reguero de cadáveres es porque ‘la banda está borracha’.
Nada dijo del nexo de su secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros con los criminales como lo acusan ellos mismos, sean de una banda u otra, grande o pequeña. En vez de eso, descalificó el método de transmisión en lugar de centrarse en el mensaje. “El video es un montaje mal hecho”. ¿Querrá que los delincuentes vayan a una escuela de comunicación para aprender la teoría de McLuhan o qué? Risas. Que no intente confundir, el meollo es que su funcionario está ensuciado y eso es lo que debe refutar con algo creíble y sustentado o despedirlo.
Y el aludido, Cisneros, también se fue por la tangente al asegurar que no tiene familiares involucrados en el crimen organizado, pero lo grave no es lo que haga su parentela sino el señalamiento de que él mismo está coludido con un cartel del narcotráfico. Ahí, en su persona y su calidad de servidor público, está la pus.
Por otro lado, la aceptación de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para considerar víctimas a los seis jóvenes detenidos ilegalmente en Jalapa y que permanecieron tres meses encarcelados injustamente, sancionar a los policías abusadores y derogar el delito de “ultrajes a la autoridad” del Código Penal del estado no es una concesión a contentillo de la fiscala, Verónica Hernández ni del gobernante García Jiménez sino que estaban obligados a ello.
De rechazar la recomendación del ombudsman, como se intentó inicialmente, Hernández Giadáns debería ser llamada a comparecer en el Senado y ahí la harían papilla con el interrogatorio. No fue por buena voluntad sino por que no tenían otra salida. Lo mismo con la reforma legal que en el congreso del estado deben hacer para retirar el delito de “ultrajes a la autoridad”. Así, el zacatecano Ricardo Monreal se anota otra victoria sobre el veracruzano García Jiménez.
