LA IMPUNIDAD POR DELANTE
La hecatombe humanitaria que se registra en México por los miles de desaparecidos tiene cinco puntales que la agravan según el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada que acaba de presentar un informe preliminar sobre la visita realizada al país del 15 al 26 de noviembre. De esos agravantes, la impunidad está en primer lugar. Es decir, los que ‘levantan’ a la gente para desaparecerla no son castigados.
Los otros cuatro puntales son el rezago en la investigación de los casos y la deficiencia en las pesquisas, también la falta de preparación profesional de quienes intervienen en las mismas -peritos forenses, policía ministerial, fiscales – y la marcada carencia de coordinación y unificación de acciones entre dependencias y los órdenes de gobierno, pero especialmente con los familiares de las víctimas a las cuales marginan y obstruyen.
El lunes, los integrantes del comité de la ONU se reunieron con el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para entregarle el reporte previo – el final se dará a conocer para marzo del 2022 en Ginebra, Suiza- aunque lo informado corrobora la gravedad del problema. Hay que decir que a los cinco ejes negativos que cita el comité se deberían agregar dos más: la indolencia -de los gobernantes y funcionarios – y la complicidad -de los mismos con el crimen organizado – dada la experiencia acumulada, sobre todo en Veracruz.
Nada más para dar mesurar lo que percibieron los veedores internacionales, éstos hicieron 439 recomendaciones urgentes al gobierno mexicano sobre casos extremadamente graves. Guerrero se lleva la mitad de ese legajo con 221 recomendaciones, seguido por Nayarit con 48, Tamaulipas y Veracruz con 45, y Sinaloa, Jalisco y Michoacán con 26 cada uno.
Los días 18 y 19 de noviembre, los observadores internacionales estuvieron en la entidad donde se reunieron con funcionarios estatales y colectivos que buscan a sus familiares ausentes. En total fueron doce las entidades recorridas pero hubo reuniones con 33 organizaciones civiles de todo el país y en base a todo lo revisado elaboraron la radiografía de la crisis humanitaria.
Hablar de una misión internacional hace que el tema parezca lejano pero el asunto es muy cercano a cualquier ciudadano pues son escasos los que no tiene un familiar, conocido o vecino desaparecido o que no conozca algún caso. La entidad tiene al menos 3 mil desaparecidos y está tachonada de fosas clandestinas. Vaya, en el puerto está la cuarta más numerosa de América Latina, en el predio Colinas de Santa Fe donde fueron extraídos los restos de 298 personas, por lo que la visita del Comité de la ONU debe interesar a todos.
Dentro de los planteamientos preliminares que hicieron los observadores está que los colectivos y las comisiones de búsqueda puedan realizar el procesamiento de fosas clandestinas – exhumar restos humanos y encargarse de la cadena de custodia -sin necesidad de que el ministerio público esté presente para dar por válidas las diligencias forenses pues eso que ayudaría a combatir el rezago y la dilación actuales.
A nivel local, la Fiscalía cuitlahuista ha cancelado unilateralmente la exploración de fosas clandestinas retirando al personal forense para evitar que se continúe con la excavación y rescate de cuerpos pese a la inconformidad de los colectivos, como hicieron Campo Grande de Ixtaczoquitlán donde se han extraído los restos de 43 personas y en Los Arenales de Río Blanco donde se recuperaron 22 cadáveres.
En fin, habrá que esperar el informe final del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en el que, sin duda, Veracruz ocupará un lugar preponderante en cuanto al horror de esos crímenes y la inacción de las autoridades. La entidad siempre en los peores reportes.
DESAPARECEDOR NEGACIONISTA
Aun con todos su bemoles y los retrasos adrede, hay una buena noticia para las víctimas porque se hizo efectiva la orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada. Claro, el expediente judicial solo lo involucra en el caso de las 19 personas, entre ellas varios policías estatales, cuyos restos aparecieron en el fondo de la barraca La Aurora, ubicada atrás del edificio de la Academia Estatal de Policía.
Es una pequeña parte de todas las desapariciones forzadas perpetradas por el aparato estatal y por las que debería ser enjuiciado el ex gobernante. Pese a ello, ya es ganancia que se abra la puerta a la aplicación de justicia y que Duarte enfrente una posible condena de hasta 50 años por ese delito y evite que salga de la cárcel anticipadamente como ya se planeaba tras cumplir la mitad de su sentencia.
Duarte, señala el comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México, se negó a firmar la notificación. Es decir, hizo berrinche porque la “cuarta transformación” no le quiere cumplir los acuerdos para sacudirle los procesos judiciales y liberarlo. Por supuesto, la ejecución simbólica de la orden de captura fue por la presión mediática luego de que el diario digital Animal Político develó que mantenían oculta la autorización del gobierno de Guatemala para incluir el delito de desaparición forzada en el acuerdo de extradición firmado en el 2017.
¿Por qué no ejecutó la esa orden la Fiscalía veracruzana? No fue por cuestiones de ámbitos territoriales ni procesales o coadyuvancia sino porque localmente son más fuertes los compromisos con el exgobernador. Y aquí salta la contradicción que tarde o temprano pondrá en un brete al gobierno cuitlahuista, ¿por qué Duarte sí y sus cómplices no?
En el caso de los desaparecidos de la barranca de La Aurora están implicados el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, el exfiscal Luis Ángel Bravo, el exdirector de Servicios Periciales Gilberto Aguirre, la exdelegada regional de la Policía Ministerial Carlota Zamudio y la exdirectora de Investigaciones Ministeriales Rosario Zamora, pero todos ya fueron excarcelados por el gobierno estatal. ¿Cómo le van hacer para enderezar el entuerto?, ¿se verán obligados a recapturarlos?, ¿romperán el pacto?
Ah, y los abogados de Duarte difundieron la engañifa de que no se ejecutó la orden de aprehensión porque goza de un amparo federal tramitado a principios de mes. Empero, lo que no dicen es que ese amparo únicamente el válido para delitos que no requieren prisión oficiosa y la desaparición forzada de personas es un ilícito grave, de lesa humanidad, que amerita encarcelamiento obligado.
El artículo 19 de la Constitución establece que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos -entre otros- de delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, ejercicio abusivo de funciones y delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
Entonces, ni para dónde se mueva el desaparacedor negacionista, salvo que desde la fiscalía local le procuren impunidad como lo han hecho con sus cómplices hoy libres. Ya lo dijo ayer mismo el gobernante en turno, Cuitláhuac García, que el caso de Duarte se puede caer porque «está mal integrado el expediente». Aja, igual que dijo de los otros duartistas liberados al inicio de su sexenio.
EL NINI Y EL TRÍO
Aparecen de vez en vez en el congreso local y siempre dan noticia pero no por su quehacer parlamentario sino por sus yerros y frivolidades. Ahora, en esta legislatura, no pierdan de vista a un legislador que se promociona como “el más joven” pues tiene 27 años y es muy asiduo a promocionarse en las redes sociales. Es el NiNi de moda: Rafael Fararoni Magaña, diputado por el distrito de San Andrés Tuxtla de Morena.
Bueno, lo es ahora por el partido marrón porque apenas en el 2018 se declaraba admirador del boqueño Miguel Ángel Yunes Márquez y encabezó brigadas de promoción del voto a su favor en la región tuxtleca. Es un yunista redimido. Fararoni Magaña es hijo del exalcalde de San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni Mortera, conocido allá como “Fallo Botellas” pues es proveedor de cerveza de una red de más de 500 cantinas. El “Zar del vicio”, le apodan otros.
El hijo, antes de ser promotor del voto del PAN y después diputado morenista, fue popular en la prensa porque en el 2017 estrelló su camioneta en el bulevar costero de Boca del Río cuando manejaba intoxicado por el alcohol. “Disfruten la vida”, publicó en sus redes luego del borrachazo. Hoy los Fararoni son hiper-morenistas y especialmente ‘caronistas’ por su cercanía con el diputado Javier Gómez Cazarín, promotor del junior para que fuera el candidato.
Pero como se dijo líneas arriba, estos NiNis siempre dan noticia por sus despropósitos. El último de Fararoni Magaña fue que a pesar que casi todos en el gabinete estatal y del partido marrón están borrando de sus redes sociales las fotografías y menciones que los liguen con Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada y hoy preso por delincuencia organizada, éste hace lo contrario.
No solo conserva las imágenes al lado del ínclito sino que mantiene como ‘publicación fija’ un video -que lleva su nombre al final – sobre el evento del 3 de abril cuando el gobernante estatal acudió a Lerdo de Tejada a ser testigo de la supuesta compra del ingenio San Francisco Naranjal por Cárdenas Sosa al que le aplaude y agradece por ese negocio, y lo califica como quien “hizo realidad el sueño de la cuarta transformación”. De ese tamaño eran los piropos que García Jiménez le lanzaba a Cárdenas Sosa, aunque ahora niegue tal cercanía y hasta cuestione su postulación electoral.
Para completar el asunto, en dicha publicación, el propio Fararoni mantiene su opinión escrita sobre el mismo: “Felicidades al gobernador Cuitláhuac García, al diputado Javier Gómez Cazarín y Fabián Cárdenas Sosa. ¡La 4T resulta!”. He ahí una prueba de que hasta hace poco ese trío era imparable e inseparable.
