EL SUERTUDO
N
i ultrajes a la autoridad ni ultrajes a la sociedad. No hay delito que pueda contra el exdiputado local y exalcalde de Tenampa, Antonio García Reyes. Y no importó que haya cometido un acto terrible, asesinar a una persona, ni que la víctima haya sido mujer ni tampoco que sea una niña. Mucho menos que los encolerizados huatusqueños marcharan por las calles pidiendo castigo para el cafre homicida. No, García Reyes sigue siendo un tipo con suerte que con ayuda de sus amigos libra los bretes aunque éstos
escurran sangre.
García Reyes no fue tratado como los perredistas y panistas o algunos abogados incómodos a los que la Fiscalía y el Poder Judicial del estado mantienen en prisión al acusarlos de un delito inconstitucional, el de “ultrajes a la autoridad”. Les tiene sin cuidado la barbaridad cometida pues el exlegislador es bien allegado del régimen y como tal se le prodiga. Apenas pasó unas horas tras las rejas y ahora, como dice esa popular canción, es ‘libre como el viento y peligroso como el mar” -cualquier otro día se monta al volante tras echarse unos alipuses y que se cuiden los peatones-.
Nadie puede negar que al tenampeño la suerte le sonríe, se repite. Mató con su camioneta a una niña, Gabriela de siete años, pero lo hizo en un gobierno donde los niños no importan. Es más, los agresores de infantes son protegidos desde palacio en Jalapa. Y no se trata de una especulación al garete sino de hechos comprobados. Ahí están, por citar dos ejemplos, las ejecuciones extrajudiciales de María Magdalena, la pequeña de Atzalan y de los primos Jonathan y Eduardo en La Patrona,
Amatlán de los Reyes.
Si esos tres menores fueron asesinados por policías bajo el mando del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado y éstos siguen sin castigo, ¿a poco creían que se iba a escarmentar a otro aliado mata-niños. Para el régimen cuitlahuista en el caso de Huatusco la víctima es el político y no la niña Gabriela. De ahí que el presunto estupor y enojo de otro García, el gobernante en turno, ante la liberación del homicida solo es parte de la estrategia de simulación.
¿Que Cuitláhuac García se dice sorprendido e indignado por la orden de libertad expedida por un juez local? Para nada. Eso se advertía desde el momento en que fue detenido tras embestir a su víctima. Lo sabía y lo dejó correr, él y su secretario de Gobierno, Patrocino Cisneros quien, se supone, es el encargado de anticiparse y evitar los entuertos políticos y mediáticos. También lo dejaron pasar las encargadas del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero, y de la Fiscalía, Verónica Hernández. Mujeres ambas quienes ni por sororidad se conmovieron ante el crimen de la niña.
Claro, el Consejo de la Judicatura -que preside Romero- sesionó “de urgencia” para cesar al juez Luis Alberto Cobos que dictó la liberación de García Reyes aunque fue una medida de mero control de daños. La estratagema es burda. ¿La notaron? De este aprieto salen bien librados los García, el gobernante que se muestra indignado en público y el exdiputado que llevará el proceso judicial cómodamente en su casa. ¿Y quién es el villano? ¡El juez!
A la opinión pública se le intenta distraer para que culpe al juzgador, es la pieza a sacrificar. ¡Todos contra él! Así se olvidan del político que cometió el delito y de los políticos que toleraron su excarcelamiento. Un golpe de chuza demasiado con demasiada teatralidad. Allá quienes se lo crean.
El busilis es que a García Reyes le sobran abogados y no precisamente se alude a los jurisconsultos. En los mentideros políticos se mastican dos nombres que desde el 2019 han procurado al tenampeño al que reclutaron para la causa marrón y ahora movieron las hebras para evitar que tuviera que dormir en las bartolinas. Uno empieza con C, de Carón, y el otro con B, de Bola, ¿les suena?, ¿quiénes serán?
HOY COMO AYER
En febrero del 2013, integrantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) realizaron una visita de observancia a México pues el país estaba catalogado como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Los veedores regresaron a Europa preocupados, así lo confiaron en la delegación en París de WAN-IFRA – su matriz está en Londres, Inglaterra-.
Consultados sobre Veracruz donde -para ese entonces- había más de 15 periodistas asesinados y una treintena de desplazados, los observadores revelaron un contratiempo pues tuvieron que cancelar de última hora un recorrido programado al estado debido a amenazas contra la integridad de la delegación. Se optó por suspender el recorrido ‘in situ’ a pesar que la Secretaría de la Defensa Nacional les ofreció un dispositivo de
protección.
Así de podrido estaba el asunto en Veracruz. Sin embargo, los delegados sí se reunieron con el gobernante Javier Duarte y otros funcionarios, entre ellos el secretario de Gobierno Gerardo Buganza y la vocera, Gina Domínguez, y la impresión que les dieron fue la peor. “(Veracruz) está que arde, tan extendido está el dominio del crimen que nuestra delegación no pudo llegar porque el riesgo era muy alto”, dijo la fuente consultada en aquel tiempo.
De Duarte dijo: “es un tipo ausente, indiferente, no le importa lo que pasa, está informado de casos por el impacto mediático y el escándalo contra su gobierno, pero no porque tenga interés real en el problema”. Y agregó: “es más bien frívolo en el tema. No hay que esperar mucho de él”. Traducido a lo coloquial: a Duarte le valía sorbete lo que les pasaba a los periodistas aun cuando hubiera
asesinatos en serie.
Si bien no con los mismos términos esa impresión se leyó en el informe de la misión publicado el 15 de abril del 2013. Sobre Veracruz, el documento se destaca que “la Secretaría de Gobierno, a cargo de Gerardo Buganza, ejerce un firme control sobre todos los canales de información poniendo al descubierto un estilo de gobierno preocupadamente autoritario”.
En la entidad, expone, los reporteros enfrentan dos amenazas muy altas que son dar cobertura informativa a las acciones de la delincuencia y ejercer la profesión bajo un régimen de “hostil intolerancia” y colocó una frase sumamente reveladora al señalar que: “en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local”.
La operadora de esa “hostil intolerancia”, expone el documento, era la coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, apodada “la vicegobernadora” -así se lee en el informe- por “su inmensa influencia política en el estado”. Ella y el resto de los funcionarios duartistas les dijeron a los observadores que “los periodistas no eran asesinados por su profesión, sino por comportamientos dudosos en sus vidas privadas –incluyendo la complicidad con el crimen organizado– o por falta de profesionalismo”. Y punto.
Lo anterior develó, por supuesto, el grado de indolencia, inacción e incluso de posible corresponsabilidad en embestida mortal contra la prensa que incluyó 19 periodistas asesinados, un periódico quemado, El Buen Tono, y decenas de comunicadores desplazados durante el sexenio. -Por cierto, adivinen quién era la presidenta de la Comisión para la Protección (risas) a los Periodistas que apoyó la tesis para criminalizar a los reporteros y responsabilizarlos de sus propias muertes. ¡Acertaron! Namiko Matzumoto, la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos-.
Algo muy similar percibieron los miembros de la delegación enviada a México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas que desde mediados de noviembre se entrevistan con autoridades, familiares de desaparecidos y colectivos para realizar una evaluación de la crisis humanitaria por las más de 94 mil personas víctimas de desaparición forzada. La misión sigue en el país y concluirá el día 26.
Especialmente lo notaron en Veracruz donde estuvieron los días 19 y 20 para reunirse con funcionarios cuitlahuistas quienes se comportaron de forma muy parecida -en cuanto a la indolencia e indiferencia- a la de los duartistas de aquel 2013. Veracruz era una visita obligada a pesar de que los observadores también programaron recorridos por Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas.
UN LABORATORIO Y UN PANTEÓN
Y era prioridad porque en la entidad veracruzana se decretó emergencia humanitaria desde diciembre del 2018 cuando Cuitláhuac García asumió la gubernatura y anunció que pediría ayuda de organismos internacionales para buscar y encontrar a los “tesoros perdidos” o sea a los miles de desaparecidos. Fue, obvio,
demagogia.
En su encuentro con funcionarios estatales, -se supone que con el mismo García Jiménez, su secretario de Gobierno Patrocinio Cisneros, la fiscala Verónica Hernández, la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón, y el titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Christian Carrillo- la impresión fue casi la misma que otros observadores internacionales tuvieron hace siete años con el equipo de Duarte de Ochoa.
“Mucha vaguedad, ambigüedad y por algunos momentos hasta indiferencia”, señaló la fuente. “Hay datos sueltos, se percibe desorganización, divagan”. Y, ¿saben qué les presumieron a favor de los miles de desaparecidos? ¡El Centro de Identificación Genética, inaugurado hace un mes en Nogales, y un cementerio que se construirá en el sur para enterrar a los que no sean identificados! La deducción: en Veracruz se “trabaja” sobre los muertos -entierros y procesamiento forense – no para buscar ni encontrar vivos a los desaparecidos. Son necrológicos como los de ayer.
El cuitlahuismo es una copia-calca del duartismo en cuanto al tratamiento de las tragedias humanitarias. Lo peor -y que los funcionarios no les dijeron a los observadores aunque seguramente los colectivos sí lo hicieron- es que los exfuncionarios responsables de la desaparición forzada de personas ya fueron excarcelados y algunos hasta fungen como asesores de la administración estatal como Arturo Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública del duartismo. ¡Tengan para que aprendan!, parece que Cuitláhuac García y Patrocinio Cisneros les sorrajan a las víctimas.
