‘HUACHICOLEO’ MUNICIPAL
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Cuánto les va a costar a los cordobeses que a la presidenta municipal, Leticia López, no la investiguen judicialmente luego de dejar el cargo? En un primer cálculo serían, en ‘cash’ o sea en dinero en efectivo, casi 200 millones de pesos y cuya mayoría ya se ha pagado en abonos mensuales durante los últimos tres años. Eso y otras cositas, entre ellas la hacienda San Francisco de Toxpan aunque la misma no pasará a ser patrimonio directo de los funcionarios sino de la administración estatal.
En el rubro político-partidista, López Landero pagó con la entrega de la ‘plaza’ municipal al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) operando contra Acción Nacional en los comicios pasados y a favor del candidato marrón, Juan Martínez Flores, quien la sucederá a partir del próximo primero de enero. Sin embargo, lo que nos ocupa en este texto es el método con el cual la alcaldesa saliente y los funcionarios estatales han pagado y han cobrado, respectivamente, la impunidad.
Este consiste en el ‘huachicoleo’ -o sea la succión ilegal – del presupuesto mensual que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) debe transferir al ayuntamiento, pero que no llega completo porque lo ‘rasuran’ violentando el marco jurídico. Y eso lo ha permitido López Landero y el Cabildo. No es especulación ni suposición sino un delito confesado por la propia presidenta municipal quien en sus rondas de entrevistas con la prensa fue traicionada por el subconsciente revelando el chanchullo.
Por ejemplo, el 17 de septiembre pasado declaró que existe un desfase de 5 millones de pesos que corresponden al presupuesto mensual enviado a la administración pues “cada mes no llega completo el dinero, si sumas de cada uno se da un rezago y esto se ocupa para gastos corrientes, luz, teléfono”. No es un asunto menor ya que si se hace el cálculo simple, en total se han robado por esta vía ¡¡185 millones!!
Considerando que el descuento habría iniciado en enero del 2019 cuando fue la primera transferencia hecha por la actual administración estatal, ya han transcurrido 35 meses con descuentos. En monto sería, hasta este mes de noviembre, 180 millones de pesos y 5 millones más para el mes venidero, el último del cuatrienio.
¿Quién se quedó con ese dinero ?, ¿el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco?, ¿el subsecretario del mismo ramo, Eleazar Guerrero primo del gobernante en turno, Cuitláhuac García y que, según se sabe, es quien hace los negocios sucios a nombre de la familia?, ¿o el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, el padrino político y protector de la alcaldesa?
Por supuesto que es un delito cometido por ambas partes. Del gobierno estatal por recortar los fondos ilegalmente y del ayuntamiento por permitir esa expoliación y no emprender demandas y amparos judiciales. Hay que recordar que la misma práctica la hizo Javier Duarte en el último tramo de su sexenio y decenas de alcaldes recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les dio la razón y el gobierno duartista tuvo que devolver los recursos ‘rasurados’. En Córdoba no han hecho nada.
Ahora se explica porqué desde Xalapa la protegen y evitan desplegar las pesquisas por el latrocinio que cometió durante cuatro años. Es la razón por la que no prosperaron las denuncias por la muerte de los policías masacrados por el crimen organizado en febrero del 2020 y el fraude millonario que hizo la munícipe en la compra de las casetas de vigilancia.
En esos módulos, que en teoría deberían haberles salvado la vida, se resguardaron los agentes atacados pero fueron alcanzados por las balas porque estaban construidos con materiales hechizos. La investigación judicial por ese y otros delitos cometidos por López Landero se paralizó porque ella ha pagado con ‘huachicol’ presupuestal su impunidad.
FILOSOFÍA DEL FLOJO
¿Qué imperará para los próximos tres años parlamentarios en Veracruz? El quehacer de las ‘chicharras’ -y de los ‘chicharroneros’, se podría agregar- pues ya el gobernante en turno, Cuitláhuac García dio la pauta a seguir para los diputados que iniciaron sus funciones el viernes pasado: no preocuparse por hacer mucho y si no hacen nada, mejor. En palabras simples, el pueblo veracruzano mantendrá a una bola de holgazanes. ¡Otra vez!
Lo dijo sin empacho y seguramente basado en su propia experiencia como diputado de la 63 legislatura federal en la que no propuso ninguna iniciativa de ley, ni siquiera un punto de acuerdo y cuando alguien le pidió gestionar recursos para Jalapa y otros municipios de su distrito se negó diciendo que no era su tarea. Además nadie olvide que en esos tres años como parlamentario dos veces pidió licencia para dedicarse a la grilla electoral.
El jueves pasado, García Jiménez lo expresó con toda la caradura y la disfasia que lo distinguen: “hacer iniciativas (de ley) no cuesta nada” y sostuvo que basta con revisar los artículos (de leyes o de la constitución) y cambiar o sustituir palabras. Esta reflexión, a pesar de la carga de disfasia que lleva, es un portal para asomarse a ver lo que ocurre en la mente del gobernante.
A eso se reduce -para él- el quehacer parlamentario: cambiar algunas palabras a los textos legales. Enseña también porqué fue un diputado tan mediocre que nunca leyó la Constitución ni las normas secundarias ni se hizo asesorar por jurisconsultos. En la gnosis – léase en términos vulgares: la cabecita – de García Jiménez no vale la preparación académica y especializada de los legisladores. Tampoco su tarea como revisores de gasto presupuestal ni como garantes de la rendición de cuentas.
Mucho menos es válido y necesario -nuevamente para él- el libre albedrío de los representantes populares pues hasta los conminó a votar como ‘borregos’ lo que proponga el Ejecutivo y el partido Morena. Como ruta inicial puso a la votación que deberán hacer sobre la reforma eléctrica que impulsa el lopezobradorismo y que requiere la aprobación de los congreso estatales. Sobre ella les exigió votarla ni miramientos ni discusiones porque “si representan al pueblo tienen que pugnar para que pase”.
E inmediatamente llamó a que no los ruborice la flojera ni la inacción. Según el gobernante, cobrar un sueldo -y muy jugoso, más de 100 mil pesos al mes – sin trabajar no es malo y las críticas por holgazanear no les debe preocupar. “No se espanten cuando les llegan a cuestionar que no es productivo (sic) porque no haz reformado leyes, o no haz hecho iniciativas, eso es un engaño, así lo pienso. Yo más bien les pediría que actúen a favor del pueblo y que si no lo van a hacer mejor que no toquen las leyes y reglamentos, que así nos dejen”.
Tal es la filosofía cuitlahuista para desempeñar un cargo de representación popular: ¡no trabajar! Y eso explica porqué en los tres años que lleva al frente de la administración estatal tampoco ha hecho nada. No ha trabajado y defiende la holgazanería a cargo de los impuestos ciudadanos alegando que es algo positivo mientras no se toquen ni cambie el estado de las cosas para no “perjudicar al pueblo”.
Ya encarrerado en su enseñanza filosófica -y altamente disfásica-, a García Jiménez no se le ocurrió mejor ejemplo para justificar su teoría a favor de la flojera parlamentaria que la posibilidad de que a algún diputado se le ocurra “hacer el día de la chicharra, entonces mejor que no hagan nada, que así las dejen como están”. Y concluyó con un permiso llano para holgazanear y ‘borreguear’: “Tienen vara alta”, les dijo a los nuevos legisladores locales.
LA LEY DEL MONTE
Por supuesto que las instrucciones del gobernante en turno caerán en tierra fértil porque los integrantes de la 66 legislatura tienen las expectativas más bajas de la historia estatal. Nada más para que se desplomen los ánimos basta ver a quienes los dirigirán, la expriista Cecilia Josefina Guevara en la mesa directiva y el tuxtleco, Javier Gómez Cazarín quien se apresta a repetir al frente de la Junta de Coordinación Política.
La primera fue operadora del priismo desde el alemanismo hasta el duartismo, fue diputada local sustituta en la 63 legislatura y fue una de las que recibió “muchos chocolates” -que era la palabra con la que Octavia Ortega, presidenta de aquella mesa directiva, se refería a los sobornos- para sacar adelante iniciativas enviadas por Javier Duarte. Su hijo, Fernando Elías Guevara, es subsecretario de Infraestructura y Obra Pública y uno de los artífices del saqueo de la dependencia por medio de los “moches” a contratistas y subejercicios presupuestales.
Aunque hay un pleito interno entre el titular de la SIOP, Elio Hernández y el hijo de la legisladora, eso no los ha frenado para ir por turnos por el botín, cada uno por separado. Del segundo, Gómez Cazarín ya se ha dicho mucho, pero la síntesis es que repitió como diputado robándose la curul de una mujer y en la legislatura pasada fue el jumento al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le anuló más de veinte leyes.
Entonces, ¿qué positivo se puede esperar de este par? Eso se responde con el consejo que dio Albert Einstein: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, mientras que los sabios del monte advierten: “el burro siempre rebuzna aunque le pongas astas y le cambies montura”. Tal es lo inevitablemente que habrá con el dúo Guevara-Gómez. Los GG.
Por cierto, entre los nuevos parlamentarios hay un caso bizarro y no por lo que representa en cuestiones de sexualidad sino de congruencia y maleabilidad de sus causas. Se trata de Gonzalo Iván Durán Chincoya, quien se dice representante de la comunidad LGTB y hasta pidió que lo llamen “diputade” para honrar el lenguaje inclusivo.
Ahora se sabe que la exigencia de ser considerado como candidato “no binario” no fue tanto por amor a la causa sino a los intereses pues a pesar de que esa figura está en un limbo jurídico fue uno de los pretextos para que en la distribución de curules plurinominales se agregará una posición más a los varones y ésta fue para el tuxtleco Gómez Cazarín. O sea fue quien proporcionó una de las ganzúas para que el famoso “Carón” le robara la silla a una mujer. A ese enjuague se prestó y con el mismo comenzó su gestión el tal “diputade”.
