VAN LOS NIÑOS
México va a contracorriente del mundo en el tema de la vacunación contra la Covid-19. Mientras las farmacéuticas que elaboraron los primeros inmunógenos ya están sobre dos puntos centrales para evitar nuevas olas de la pandemia -y por ende más sufrimiento que provocan las convalecencias hospitalarias y las muertes- que son las segundas y terceras dosis para los ya vacunados así como la inyección a menores de edad, el gobierno mexicano combate ambas cosas.
Así como lo hizo con el uso del cubrebocas que se convirtió en un objeto de afrenta para el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores que, en su posición negacionista, lo tacharon de mordaza, ahora el gobierno mexicano está vacunando a regañadientes a los niños cuyos padres tuvieron que recurrir a los amparos judiciales pues originalmente les negaron la inmunización alegando que no eran personas vulnerables algo que ya está demostrado que no es cierto.
Vaya, el desparpajo llegó a tal grado que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell se atrevió a acusar a los infantes amparados de “robarles” la vacuna a personas que en realidad estaban en riesgo por su edad o sus comorbilidades, es decir las que padecen enfermedades crónicas que se llegan a asociar con la infección gripal y agravan el cuadro del paciente. A tal nivel alcanzó la irresponsabilidad y la mentira discursiva del funcionario federal.
Los científicos que asesoran a la Unión Europea acaban de emitir un pronunciamiento en torno a los menores de edad frente a la Covid-19 y en que establecen que ellos son igual de vulnerables a la pandemia que los adultos mayores y los inmunodeprimidos, en el entendido que conforme va mutando el virus pandémico se convierten en blanco de la enfermedad y a ellos se debe dirigir las políticas de protección vírica para evitar que a mediano o largo plazo puedan convertirse en el sector poblacional más
afectado.
Es decir, la inmunización para los niños debe ser una prioridad ahora que se ha avanzado en la vacunación en los adultos mayores. Lo que dicen los médicos se sostiene en situaciones de riesgos reales y, por ejemplo, en Francia ahora hay una alerta en el sistema sanitario porque se dispararon los casos de bronquitis infantil. Según el boletín semanal de Salud Pública, actualmente los servicios de reanimación en los hospitales están llenándose con niños que presentan cuadros de ese padecimiento.
Hasta el lunes se reportaban mil 800 niños llevados a los servicios de emergencia con el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) causante de la infección aguda en los bronquios. La cifra es tan inédita que el pasado 5 de octubre el Consejo Científico de Francia ya se refirió al caso como “una epidemia en retorno” pues la bronquitis que mataba a miles de niños en los siglos pasados se había superado hace mucho tiempo.
Por supuesto, el VRS es diferente al SARS-CoV-2 pero los médicos han deslizado una hipótesis que deberá ser probada en su momento y que es que el repunte de casos de bronquitis en los pequeños podría estar asociado al embate del Coronavirus pues esté al atacar el organismo de los pequeños, aunque la enfermedad pase asintomática, degrada sus sistema inmunológico y facilita la adquisición de otros virus, entre ellos el VSR. Ya se dijo, el SARS-CoV-2 es un patógeno nuevo, impredecible y
oportunista.
En este contexto, ayer el laboratorio PfizerBioNTech solicitó al gobierno de Canadá la autorización para liberar la vacuna contra la Covid-19 a niños de entre 5 y 11 años señalando que las pruebas realizadas a casi tres mil pequeños han resultado exitosas para inmunizarlos sin riesgos. La noticia es importante porque es la primera petición en el mundo para que un gobierno permita la vacunación de los infantes.
No obstante, contrario a las medidas precautorias que se adoptan en otros países para salvaguardar a los menores de edad, en lopezobradorismo en México les da un trato casi de infractores y abusivos de la ley. Ahora, tras el fallo de un juez federal para que la Secretaría de Salud inyecte la dosis a personas de entre 12 y 17 años, el propio López Obrador anunció el viernes de la semana pasada que impugnarán la decisión judicial a fin de no inmunizar a los pequeños, además de que rechazó modificar el Plan Nacional de Vacunación.
En pocas palabras, la autoridad que debería proteger a las nuevas generaciones les niega el derecho a la salud. Lo mismo con los adultos mayores pues desde junio ya se cumplieron los seis meses de que comenzó la vacunación para este sector poblacional sin que el gobierno tenga prevista la dosis de refuerzo, especialmente en la vacuna china CanSino cuyo laboratorio ya recomendó formalmente una segunda inyección. Así, los inyectados en enero, febrero, marzo y abril ya están en el limite
temporal.
El trasfondo del asunto tes perverso y no se ancla solo en el negacionismo oficial sino tiene que ver con los dineros públicos. El gobierno no quiere gastar en más vacunas porque todos los fondos presupuestales los está dirigiendo hacia los proyectos faraónicos: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. A diferencia del resto del mundo, en México las vacunas para niños y ancianos no son prioridad.
EL ‘CULIACANAZO’
El domingo se cumplieron dos años del “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del fundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ordenada por el presidente a pesar de que el delincuente -que ahora junto con su hermano encabeza el sanguinario grupo criminal – a pesar de que ya había sido sometido por los militares.
Así como la mascarilla sanitaria devino en un símbolo para el gobierno lopezobradorista por lo que representa contra la pandemia que tanto negó, el “Cualicanazo” ya es un emblema de esa estrategia de “abrazos, no balazos” para los capos de la droga. Y para no pocos observadores fue la prueba de la connivencia entre la “cuarta transformación” y el crimen
organizado.
Lo sucedido hace dos años en Culiacán fue la claudicación del gobierno ante los criminales, el rendimiento de la “plaza” como bien dicen los especialistas en el tema. Vaya, no hubieran sido trabajadores de Dos Bocas ni feministas ni científicos porque a esos si se les considera peligrosos, se les apalea y persigue judicialmente. Y el amor fue correspondido pues a Sinalona ya lo gobierna Morena.
LO(S) MALO (S) DE LA REFORMA
Continuando en temas federales que son importantes por el impacto a todos los mexicanos y en todo el territorio nacional, la propuesta del presidente López Obrador para reformar la constitución en materia de energía eléctrica, fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y asegurando que los yacimientos de litio – llamado el ‘oro blanco’ u ‘oro de nueva generación’ por su alto valor actualmente y que se elevará en el futuro inmediato – sean propiedad de la nación es patriótica y ha sido esperada por muchos mexicanos, algo que hay que reconocer.
Todos los que en el 2012 alertaron y se indignaron por la famosa reforma energética que impulsó el priista Enrique Peña Nieto en complicidad con panistas y perredistas coludidos en el nefasto “Pacto por México” para desmantelar la participación del Estado en las industrias del rubro, ahora diez años después ven la posibilidad de que se recomponga la ley para rescatar en lo que cabe, si se puede llamar así, algo de la riqueza de la nación. Hoy no es una reforma integral del sector pero sí del patrimonio eléctrico y del litio que será el metal más cotizado del siglo.
Empero, la iniciativa lopezobradorista sí tiene un filo peligroso. ¿Cuáles son los bemoles reales que la ponen en tela de juicio? No es el falso e inducido debate de que se espantará a la inversión privada, se recurrirá a la expropiación de bienes empresariales, se cancelarán contratos ya suscritos o que se apuesta por energías tradicionales desdeñando las llamadas “limpias” para cuidar al medio ambiente. No, eso es algo así como el ‘petate del muerto’ que agitan los opositores para espantar a la opinión pública pues lo realmente peligroso de esa reforma – si se aprueba – es quién o quiénes la van a ejecutar.
Los dos encargados del sector son tremendos impresentables que se guían más por preceptos de conveniencia política y obediencia ciega a su caudillo que por razonamientos científicos, de productividad y de verdadera defensa del patrimonio nacional. La zacatecana, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) y el poblano, Manuel Bartlett, director de la CFE, son los que tendrán la batuta si se cambia la ley, y harán y desharán lo que quieran con la electricidad y el litio.
Y eso es como para asustar al más valiente porque ambos han mostrado su ineficiencia y falta de preparación para desempeñarse en sus encomiendas, sobre todo la zacatecana, además de que ellos han practicado la corrupción como regla de desempeño público y han proliferado los negocios al amparo de los mismos cargos para beneficiar a parientes, amigos, compadres y recomendados.
¿Imagínense a ese par decidiendo los futuros contratos para explotar los yacimientos de litio o celebrando convenios de coparticipación eléctrica? Por cierto, ¿se imaginan a la zacatecana Nahle gobernando a Veracruz como ahora hace con la Sener?, ¿quién extrañaría los negociazos del duartismo o la fidelidad?
Entonces, el problema no es un viraje al pasado ni el fantasma de la estatización de bienes sino de desconfianza, ineficiencia y corrupción. La reforma propuesta por López Obrador es positiva, pero lleva una carga de veneno con sus ejecutores. La sola mención de los apellidos Nahle y Bartlett son motivos suficientes como para que se justifique el rechazo a la misma como ya lo han hecho los opositores. Así de simple.
