VAIVENES Y OCURRENCIAS
El tema va subiendo de nivel y no es para menos, pues obligar a estudiantes y maestros a regresar a las clases presenciales en pleno fragor de la tercera “ola” pandémica y sin tener un protocolo para garantizar su seguridad sanitaria supera el despropósito y adquiere rasgos de atentado de estado. Las señales de que esa orden conlleva riesgos reales y sulfura la desconfianza colectiva son los propios dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ordena una cosa y luego se desdice de la misma.
Dijo, en primer lugar, que se regresaría a clases “llueva, truene o relampaguee” y ordenó que a la educación se le declarara ‘actividad esencial’ para que los profesores y demás trabajadores del sector no pudieran negarse. Días después, frente a la polémica desatada, el tabasqueño afirmó que no será obligatorio el regreso presencial a las escuelas y particularmente los padres de familia que no quieran mandar a sus hijos no tendrán problemas.
Luego hizo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitiera un decálogo sobre la reanudación de las actividades escolares y elaborara una carta responsiva, que los padres de los alumnos deben firmar para asumir la responsabilidad sobre la salud de sus hijos y desligar al gobierno si el estudiante se contagia. Diversas organizaciones de padres de familia repudiaron dicha responsiva y anunciaron que interpondrían amparos judiciales.
Es más, jurisconsultos han calificado de ilegal ese documento con el cual el Estado se pretende sacudir la responsabilidad constitucional de velar por la salud de los gobernados. Ante eso, López Obrador acaba de dar otra voltereta discursiva al asegurar que la famosa carta responsiva tampoco es obligatoria y se desligó de su autoría culpando a la burocracia de la SEP. “¿Ustedes creen que tuve que ver con la carta? Fue una decisión de abajo. Nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y autoritaria que se heredó del período neoliberal”.
Otra vez, la culpa no es de él sino de otros, esta vez de los subordinados que vienen del pasado. Obviamente eso es hilarante porque en una presidencia imperial, como la que ejerce, no se mueve una hoja si no lo aprueba el mandatario. No obstante, los vaivenes presidenciales son indicadores que no hay un protocolo serio para el regreso a las actividades académicas presenciales y todo se hace conforme al humor del ocupante de palacio de gobierno y las ocurrencias de sus colaboradores. Entonces, ¿Qué certeza de seguridad tienen los padres de los estudiantes a unos días de que inicie el ciclo escolar?
SIN TIMÓN NI TIMONEL
En Veracruz la cosa está peor donde las organizaciones magisteriales sostienen que de plano no hay condiciones ni sanitarias ni de infraestructura ni presupuestales ni legales para que el Ciclo Escolar 2021-2022 inicie de forma habitual con los colegios llenos de pequeños y se quejan de que el gobernante en turno Cuitláhuac García desdeña las peticiones para informar sobre acciones concretas en el proyecto para el retorno a las aulas.
Tanto el mandatario como el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, también se han negado a dialogar con el magisterio y asesorarse con expertos en salud para diseñar un plan integral que proteja los derechos de docentes y alumnos. Los maestros exponen que el decálogo de la SEP tiene lagunas en todos los aspectos.
Por ejemplo, si un niño se contagia en el salón no se específica qué hacer, qué tanta responsabilidad tienen los profesores. Tampoco si un maestro es el infectado. O si el padre de familia se niega a seguir las indicaciones fijadas en la responsiva que firmarán. Además hay escuelas que tienen problemas de infraestructura y falta de recursos para reparar espacios dañados, adecuarlos e higienizarlos.
Los maestros, principalmente los afiliados a sindicatos independientes o los colectivos de lucha magisterial, usan términos como “improvisación, apatía, desprecio y vergüenza” para referirse a las disposiciones y omisiones del gobierno cuitlahuista sobre el regreso a las clases presenciales. El magisterio, dicen los docentes, no se niega reanudar las actividades escolares ni desdeña su compromiso y responsabilidad, pero es necesario que ese regreso se haga en condiciones sanitarias y laborales seguras que, por el momento, no se tienen.
No hay previsión sobre la situaciones particulares de las escuelas, específicamente las condiciones físicas pues algunas fueron vandalizadas y saqueadas durante el confinamiento y que no tienen ni servicio de agua potable ni electricidad-. Tampoco se consideran las necesidades económicas ni la situación geográfica. No hay recursos para reponer el mobiliario o el equipo robado o dañado, para reconectar la energía eléctrica y el agua potable. El gobierno se ‘sacó de la manga’, las jornadas de trabajo colectivo llamado “Tequio” a cargo de los padres de familia y los profesores, pero con eso no se logrará resolver las carencias de las escuelas.
Hay otras que su problema es estructural pues tienen espacios muy pequeños, apenas un domo o un patio lo que hace imposible cumplir la instrucción de que los estudiantes tomen clases en el exterior. Esto sin contar con las condiciones climatológicas – de altas temperaturas y exposición directa al sol en regiones costeras o de lluvia y frío en zonas montañosas-.
Tampoco se destinarán recursos económicos ni siquiera para comprar detergente, escobas, cubetas y demás insumos para el aseo preparatorio ni mucho menos para adquirir gel antibacterial o mascarillas por si algún niño no las lleva. En resumen, los funcionarios pretenden que todo eso corra a cuenta del bolsillo de los profesores o en su defecto de los padres de familia. A ellos cargarán con las consecuencias epidémicas, económicas y hasta políticas por el regreso a las clases presenciales.
Con un gobernador poco empático que desdeña la petición de llamar a una mesa con expertos sanitarios y con los mismos docentes para diseñar un plan estratégico y con un secretario de educación indiferente, casi autista, y con legisladores desentendidos del problema escolar, a once días del inicio del ciclo escolar la situación en Veracruz se sintetiza con una frase de la canción “Peces de la ciudad” del español Joaquín Sabina: “sin timón ni timonel”, como acertadamente lo citó el profesor Alberto Arriaga, representante del Colectivo Fuerza Magisterial “Docentes en Lucha” en un coloquio virtual.
LAS MANTAS DEL CARÓN
Las mañas de los morenistas veracruzanos se exportan. En un texto anterior se citó a Alejandro Gómez Cazarín, hermano del diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla, Javier Gómez Cazarín, que es delegado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Campeche y ahora será también legislador plurinominal en aquella entidad. Pues bien, algunos campechanos están más que preocupados por lo que describen así: traerán de Veracruz las relaciones turbias con el crimen organizado y la delincuencia tendrá curul en el Congreso Local.
No es para menos pues Gómez Cazarí,n quien lleva algunos años radicando en Ciudad de Carmen, ha sido relacionado en varias ocasiones con las organizaciones criminales y la percepción es que en la pasada contienda electoral, en la que se asumió como coordinador de la campaña de Layda Sansores a la gubernatura – actualmente electa, aunque los comicios están impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues la diferencia con su competidor más cercano es de solo 7 mil votos-, fue uno de los negociadores con las bandas criminales para que se apoyara a la candidata de Morena y al resto de abanderados a cargos de elección popular.
Lidiar con las células delictivas le trajo conflictos al llamado “Carón II” porque algunos capos le reclaman traiciones acusándolo de ‘vender la plaza’ a organizaciones rivales. Y no es algo nuevo pues los capos de la delincuencia le han mandado mensajes desde hace tiempo. El más sonado fue un atentado perpetrado el 18 de enero del 2020 cuando dos sicarios ingresaron a su domicilio en el fraccionamiento Residencial Mediterráneo y lo agredieron a balazos.
La versión oficial fue que se había tratado de un supuesto intento de robo durante el cual Gómez Cazarín recibió un balazo en el pecho, aunque sobrevivió, pues la intención no era asesinarlo sino advertirlo, aseguran los bien enterados. Días más tarde, el mismo dirigente morenista aseguró que el objetivo “era asesinarlo” y reclamó la protección del gobierno con una guardia personal. No fue así, no lo iban a matar sino que se trató de la advertencia de quienes se quejan de que Gómez Cazarín incumplió los pactos.
El 3 de junio pasado, en las vísperas de las elecciones, en diversos puentes y calles de Ciudad del Carmen aparecieron narcomantas con reclamos y amenazas de muerte contra el mismo personaje. Palabras más, palabras menos, los mensajes del crimen organizado reprochaban nuevamente una traición, que los había robado -o sea que habría recibido dinero y no cumplió los acuerdos- y que para el siguiente atentado no saldría con vida.
La esposa del político, Xóchilt Mejía, actualmente diputada local, también sufrió meses antes un supuesto intento de robo. La pareja es la comidilla en redes sociales, donde los señalan abiertamente de operar para grupos delictivos y el escándalo alcanzó tal grado que la propia Layda Sansores tuvo que salir a defenderlos para rescatar la fama de Morena en Campeche y exigió a la Fiscalía estatal investigar las difamaciones de “delincuentes enmascarados (en las redes sociales)”.
Extrañamente, Sansores San Román no dijo nada por los últimas últimas amenazas ya no en la web sino en las calles por medio de las clásicas narcomantas. Los cercanos a la gobernadora electa aseguran que ésta comenzó a poner distancia de Gómez Cazarín para evitar que la señalen a ella misma de haber ganado los comicios con ayuda del crimen organizado. Es más, aunque el propio “Carón II” había difundido que se incorporaría al gabinete sansorista a partir del 16 de septiembre, cuando se efectuará el relevo gubernamental, no será así.
Todo indica que lo alejaron del futuro gabinete estatal y se quedará como diputado local plurinominal. Claro, eso no le ha impedido echar a andar sus afanes pues Gómez Cazarín ahora difunde que será el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso campechano para manejar los dineros legislativos como su hermano lo hace en la entidad veracruzana. “De Veracruz nos trajeron las malas mañas y la delincuencia tendrá su curul en la Legislatura”, afirman los campechanos en referencia al hermano, Javier Gómez Cazarín. ¿Le sabrán algo o le hablan al tanteo? Vaya que la fama de Los Carones trasciende las fronteras estatales.
