IMPUNIDAD
Desde el antiguo derecho romano se definió a la autoridad como el poder para hacer efectiva una garantía de orden, de respeto, de paz, de convivencia y de buen actuar. La autoridad es garante del buen comportamiento de los pueblos pero quienes la ostentan están obligado a tener determinados valores y prestigio para garantizar que, efectivamente, cumplan con tal encomienda, según las tesis de los juristas. Actualmente, en el contexto de México, lo contrario de la autoridad no es la anarquía sino la impunidad.
Cuando la impunidad –la falta de castigo ante un suceso que agrava a la sociedad – se convierte en un factor permanente, entonces significa que la autoridad se pervirtió, que no hay hombres probos ni honestos que la ejerzan, que el conjunto de leyes escritas para garantizar la salvaguarda de los valores es atropellado, no por los infractores sino por los mismos que ostentan el poder o la representatividad popular, y por ende, dejaron de ser útiles para mantener el Estado de Derecho.
El anterior breviario jurídico es válido para meter en el tamiz a las autoridades veracruzanas que van de bandazo en bandazo en materia judicial. La impunidad pareciera ser la regla de oro en la procuración de justicia en Veracruz. Es el pan que ofrecen todos los días a quienes acuden a ellos para clamar justicia. Es más, se puede catalogar como “perlas raras” aquellos casos en los que se beneficia a las víctimas. Eso si se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Alguien conoce alguno?
Todo lo anterior viene al tema porque la serie de ataques, asesinatos y agravios que han sufrido los que ejercen el periodismo en la entidad, sean personas o empresas. Hay nueve comunicadores muertos, entre ellos la periodista Regina Martínez -cuya honra la pretenden hundir en un tambo de inmundicia desde la Procuraduría General de Justicia del Estado- y sus crímenes no han sido resueltos. Los responsables siguen gozando de plena impunidad, esa sí garantizada desde el poder.
Mañana martes también se cumple un año del atentado contra esta casa editorial, El Buen Tono, que fue incendiada por un grupo de hombres armados durante la madrugada del 6 de noviembre del 2011. Han transcurrido doce meses sin que el procurador Amadeo Flores Espinoza haya movido un dedo para indagar las causas y a los autores, un año de mantener el expediente “en el congelador”, como se define en argot de los abogados y también 365 días en los que el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha incumplido su palabra otorgada para esclarecer el ataque y castigar a los culpables.
El 7 de noviembre tras una reunión que Duarte de Ochoa sostuvo con el propietario, José Abella, la oficina de prensa del gobierno estatal difundió un comunicado patentizando el compromiso para que el ataque fuera investigado y esclarecido. Es más, en el boletín se expuso que el mandatario dio la orden a Flores Espinoza para acelerar las pesquisas que, desde ese momento, se integraron en el expediente 1658/2011 abierto por el ministerio público. Nada se hizo. ¿Lo habrá desobedecido su fiscal?. Al parecer sí.
Y no sólo eso, el fiscal intentó ocultar -¿o tal vez desaparecer?- la prueba principal que se tenía sobre el suceso que eran los videos de las cámaras de vigilancia colocadas en el inmueble y que contenían las imágenes en el momento del ataque. Flores Espinoza las retuvo y las guardó bajo siete candados. ¿Con qué motivo?. Sólo él y su conciencia lo saben. Posteriormente, El Buen Tono pudo obtener una copia del video que se exhibió en su página digital – donde todavía se puede ver- desbaratando el plan para hacer perdidizas las cintas. La respuesta del gobierno estatal y de su procurador fue el silencio. Este silencio lo han guardado doce meses y huele mucho a impunidad.
Claro, el temor que se tiene – y bien sustentado por la forma en que se las gastan- es que el señor Flores Espinoza anuncie un día de estos que el atentado está resuelto, diciendo que en El Buen Tono se le abrió voluntariamente la puerta a los atacantes, a esas horas de la madrugada porque eran sus “conocidos” y entonces el mismo periódico tuvo la culpa de lo ocurrido por “convivir” con “malvivientes”, tal y como lo hizo en el caso de la periodista Regina Martínez. Y aún más, que el gobernante en turno salga a porfiar que el trabajo de Flores Espinoza “fue impecable, pulcro y profesional” para dar por esclarecido el atentado.
SANTAS NOTICIAS
Vaya que han dado noticia los jerarcas católicos en los últimos días, especialmente en la zona centro del estado. Hace un par de semanas se supo que efectivos de la Armada de México habían ingresado a la curia de la diócesis de Orizaba buscando al ecónomo – el que guarda los dineros, pues- Antolín Bernardi Castelán, pariente del empresario Reinaldo Bernardi, quien había sido detenido por sus presuntos nexos con la delincuencia.
La vocería de la sede diocesana se apuró a desmentir un supuesto cateo militar en la sede obispal y la búsqueda del guardián de las limosnas, diciendo que los marinos sólo pidieron permiso para entrar al baño y que por casualidad el religioso se encontraba allí y fue quien les prestó el sanitario para que hicieran sus necesidades. Toda una parábola que apantallaría a las escritas por los cuatro evangelistas.
Hace una semana el obispo de Córdoba, el regiomontano Eduardo Patiño, comparó con “El Chupacabras” a la supuesta lista de empresarios ligados a actividades delictivas que se ha manejado en esa región afirmando que todos dicen que existe pero nadie la ha visto. Esto para bajar el nivel de miedo entre los hombres del dinero ante posibles aprehensiones. ¡Ah que monseñor Patiño tan ocurrente! pues en lugar de exigir la prevalencia de la justicia y la honradez entre el empresariado y condenar los pecados cometidos por los adinerados, como lo hizo Jesús en su momento, se pone a lanzar chascarrillos para evitar una respuesta pastoral.
Los internautas no perdonan y en las redes sociales se manejó burlonamente que también fue “El Chupacabras” -y no el mismo Patiño Leal- el que atropelló y dio muerte a la anciana vendedora Marchela Colorado Velázquez en Huatusco hace dos años cuando manejaba su lujoso vehículo. Oficialmente nadie sabe y nadie supo cómo monseñor se libró de pisar la cárcel aunque todos ya lo dedujeron: lo ayudó El Chupacabras.
Y para rebozar el jarro de tepache, la semana pasada se apareció por esos rumbos el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda para darle la bendición a Juan Manuel del Castillo, todavía secretario particular del gobernante estatal, uno de los que serán postulados electoralmente en el 2013 –algunos dicen que para la diputación local y otros que para la alcaldía-. Del Castillo le besó la mano al polémico Cepeda y este le dio el Beso del Diablo porque, como todo México lo sabe, el ensotanado nunca ha sido representante de la causa divina.
De paso, Del Castillo recibió una segunda bendición, la del magnate Domingo Muguira, tan aficionado a costear campañas políticas. Todo parecer ir perfecto, nada más falta que ambos encumbrados puedan concederle el milagro de que los cordobeses voten por él pues ya lo dice el refrán: “Dios no concede antojos ni endereza jorobados” por muchas bendiciones que repartan los fariseos. ¿No creen?
