JULIO VIOLENTO
Para no variar, el mes de julio está cerrando con una violencia puntual: en Acayucan, al sur del estado, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron atacados a balazos por sicarios que viajaban a bordo de una motocicleta, un uniformado murió y el otro se encuentra grave en un hospital. También en el sur, en Cosamaloapan, otra balacera se produjo justo en los bajos del palacio municipal y su origen es confuso, pues unos dicen que fue otro atentado contra agentes policíacos y otros que sucedió al evitar un secuestro.
El resultado de ese ataque fue un civil muerto y dos policías heridos. Y otro hombre fue asesinado durante un asalto en Coatzacoalcos. En Córdoba, un civil igualmente fue baleado en la colonia La Esperanza mientras que en Jalapa e Isla se localizaron dos personas ‘ejecutadas’. En Orizaba hay pánico desde hace días entre la comunidad abogadil por el ‘levantón’ a una abogada y su representado, un ganadero de la zona, justo después de salir de las oficinas regionales de la Fiscalía de Justicia.
En Poza Rica, desde el lunes se conoció el feminicidio de Martha Elba Muñiz, la gobernadora en turno del Club de Leones. A lo anterior se adiciona el ataque a tiros contra el subprocurador del Medio Ambiente y exalcalde de Juchique de Ferrer, Ernesto Cuevas Hernández que hoy cumple una semana. El funcionario sobrevivió pese a los disparos en la cabeza, pero sigue hospitalizado con reporte delicado.
No obstante, los hechos de “nota roja” que marcaron con intensidad este mes fueron las incursiones violentas de efectivos de la Fuerza Civil en comunidades de Amatlán de los Reyes y Tezonapa, a principios del mes y, por supuesto, la ejecución extrajudicial de los niños Jonathan y Eduardo en la comunidad La Patrona del primer municipio, misma que sigue en la impunidad pese a que los propios familiares y lugareños han acusado directamente a los policías estatales de ser los homicidas.
Lo particular de todos estos hechos de violencia antes citados, es que los protagonistas son, en la mayoría, elementos de la SSPE al mando del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado, ya sea como víctimas o victimarios lo que revela el nivel de descomposición de dicha secretaría, pues la lectura es insalvable: o asesinan o los asesinan. Lo primero tiene que ver con delitos de lesa humanidad y lo segundo con una posible colusión con el crimen organizado.
Como agregado a ese cóctel de violencia está la otra embestida de la delincuencia organizada en el sur, donde trabajadores de Pemex y la CFE están recibiendo amenazas de parte de los cárteles, que a través de mensajes directos -con nombres y apellidos- en las redes sociales les exigen “se reporten” y se pongan al corriente con el famoso ‘cobro piso’ o serán asesinados. Ya desde hace días se desató una serie de ‘ejecuciones’ contra empleados de la petrolera, y hasta el momento los trabajadores de ambas paraestatales están a la venida de Dios, sin protección alguna. La autoridad simplemente los ignora.
Hay que destacar que los ataques recientes en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Acayucan, Córdoba y Orizaba tienen al menos dos elementos en común: se perpetraron a plena luz del día y no hubo ningún policía o corporación que los impidiera o por lo menos, que capturara a los sicarios. Entonces, la deducción es la misma de siempre: en Veracruz el crimen organizado hace lo que quiere sin que sea molestado por las autoridades.
Obviamente, este baño de sangre que ocurre en Veracruz es otra bofetada de realidad para el gobierno en turno que apenas en estos dos últimos días ordenó difundir gacetillas en la prensa estatal con la noticia de que descendieron los índices delictivos y la violencia estaba bajo control. A los boletines disfrazados de notas informativas les pusieron titulares que mueven a la risa como “La delincuencia en Veracruz está en semáforo verde” o “Se desploma incidencia delictiva en Veracruz”.
Las gacetillas afirman que en la entidad disminuyó hasta un 16 por ciento la actividad criminal -risas- y concretamente, los homicidios dolosos se cayeron hasta en un 15 por ciento -carcajadas-, aunque la realidad los desmiente a cachetadas por todos lados. Sin duda este mes que concluye no es ‘julio regalado’ sino julio muy violento.
RATAS DE DOS PATAS
A pesar de que se tardó casi dos años -pues en tres ocasiones pospusieron la fecha de entrega violando la legislación en la materia- y que al documento lo sometieron a una sesión extrema de ‘rasurado’ y ‘maquillaje’, éste llegó muy maloliente a la legislatura. La auditoría a la Cuenta Pública del 2019 que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregó ayer al congreso local señala un posible daño patrimonial por más de 2.6 mil millones de pesos. Y de ellos, la cuarta parte -566 millones de pesos- habría sido saqueada por el gabinete del Ejecutivo.
Es decir, desde el primer año de gobierno de Cuitláhuac García se violó uno de los tres principios que pregona la llamada “cuarta transformación”. Específicamente ese de “no robar” , aunque también los de “no mentir” y “no traicionar” los han hecho una bola de papel y los arrojaron al cesto de la basura desde que comenzó el sexenio. Pero en este caso, el robo está expuesto y eso que la titular del ORFIS, Delia González, hizo malabares para achicar la cifra y justificar el saqueo financiero. Si se tardó un año y siete meses componiendo los números habrá que imaginarse de qué tamaño fue el robo en realidad.
Por cierto, a reserva de un análisis más detallado del documento, este demuestra de que a la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, le han ido creciendo las uñas conforme pasa el tiempo y roba por todos lados, pues tiene posible daño patrimonial en el 2019, uno por 25.1 millones de pesos en el ayuntamiento y otro en el Hidrosistema de Córdoba que también presenta faltantes que constituyen delitos.
En Orizaba, Igor Rojí no logró justificar un boquete financiero de 18.5 millones de pesos y el perredista Juan Carlos Mezhua, en Zongolica, tiene uno de los saqueos más elevados con 41 millones de pesos. Si los esos tres ediles de la zona centro tienen tal faltante en su segundo año de gobierno, ¿cuánto más se habrán embolsado en el 2020 y en este 2021 llamado “El año de Hidalgo? Sin duda que a López Landero, Rojí López y Mezhua Campos les aplica aquella canción de Paquita la del Barrio: “Rata de dos patas”.
EMBUTE
INSTITUCIONALIZADO
En un principio, cuando alguien lo publicó por allí el pasado fin de semana, se tomó como una ‘fake news’ eso de que la paquidérmica Comisión Estatal de Protección -risas- a Periodistas había oficializado los ‘chayotes’ -perdón, las “ayudas sociales” – a los cuates y compadres de los comisionados, pero no fue noticia falsa sino verdadera: ¡¡el embute está institucionalizado desde el jueves 22 de julio!!
Consta en el tomo CCIV de la Gaceta Oficial del estado la publicación de los “lineamientos para la asignación de recursos económicos por concepto de ayuda social” y su contenido, no tiene desperdicio alguno pues revela el trasfondo. De entrada, cuando un escrito comienza con excusas siempre es para tratar de aminorar errores o, en el caso público, faltas legales y éticas. Así comienza el famoso decreto de la CEAP.
“Si bien es cierto que la misión principal de la comisión es dictar medidas de protección una vez que se han presentado amenazas o agresiones, es menester que, en algunas circunstancias particulares, sea necesaria la asignación de recursos económicos monetarios y/o en especie…para palear alguna situación extraordinaria que pudiera repercutir negativamente en el libre ejercicio periodístico”. Traducción: en lugar de defender a los periodistas y señalar a los agresores, los comisionados optan por repartir dinero.
Los montos de los embutes -digo, de la “ayuda social”- están fijados en UMAS o Unidad de Medida y Actualización que actualmente se cotiza en 89.62 pesos, y haciendo la conversión van de los 9 mil 858 a los 19 mil 716 pesos cada mes durante un año para el beneficiario -o sea, el que esté bien allegado a cualquiera de los comisionados -. El dinero se puede usar para la subsistencia alimentaria, comprar artículos que sean “herramientas de trabajo” y hasta para cursar estudios.
Por eso, también se pagarán inscripciones por 9 mil 800 pesos y colegiaturas por 4 mil 929 pesos. Ah, y si el periodista está muerto, vale más porque le entregarán 25 mil pesos, aunque la duda está en que si desde el más allá el difunto puede realizar el trámite para acceder a ese dinerito, porque en el mamotreto publicado en la Gaceta Oficial no dice. Risas, de nuevo.
Y, sorpréndanse, no solo los que trabajen para una empresa privada podrán cobrar esos “chayotes” – corrección: “ayuda social”- sino también ¡¡los burócratas!! Lo dice expresamente en esos lineamientos: “los apoyos irán encaminados a fungir como paliativos y deficiencias u omisiones gubernamentales y/o de las empresas de comunicación para las cuales prestan sus servicios los peticionarios”.
O sea, incluso si alguno de los comisionados -que son empleados públicos – se dice necesitado de esa ayuda puede solicitarla legalmente y recibirla sin ningún empacho. De esta forma, el presupuesto público de la elefantina CEAP se podría ocupar en los mismos trabajadores del gobierno estatal. Y así el dinero dará círculos perversos.
Como en todo documento leonino, la trampa está en los detalles y en ésta se llama “Casos Supra” -¿supraurgentes o supraconvenientes?- para los que se aprobarán “chayos” de emergencia y gestiones antes autoridades o instituciones privadas en situaciones ¡¡no previstas en la ley!! Únicamente será necesaria la mayoría simple del zanganario para autorizar que se liberen los embutes a discreción. En fin, estos comisionados son otros ‘roedores’ que están haciendo un negociazo con el erario.
*Envoyé depuis Paris, France.
