EL DERECHO DE NACER
Es un tema tortuoso porque está impregnado de ideología grupal y creencias personales. La despenalización del aborto no solo es una cuestión jurídica, sino que implica dogmas de fe y por eso la polémica en torno a las modificaciones al Código Penal de Veracruz aprobadas ayer en el Congreso local para permitir la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación.
Claro, es una decisión de avanzada en cuanto a la protección del derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, ejercer o no la maternidad y guarecerla de una responsabilidad no aceptada si fue sometida a violencia sexual, pero a la vez conlleva la implicación particular de cortar una vida y de privar a un bebé de su derecho a nacer y a vivir, de ahí que los opositores a la legalización del legrado mayor -entre ellos la Iglesia Católica- lo tildan de asesinato” e “infanticidio”.
Después de un intento fallido de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para llevarlo a tribuna el año pasado -no hay que olvidar que varios foros informativos sobre la iniciativa de reforma al Código Penal fueron ‘reventados’ por organizaciones conservadoras- se tuvo que esperar un año y seis meses para revivirlo. Ahora, sin recurrir a foros informativos ni mucho menos a la consulta popular y a puerta cerrada -en el Congreso local- se aprobó las reformas a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 así como la derogación del artículo 152 del catálogo penal.
Lo anterior para permitir que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas. La votación fue indicativa pues Morena y sus aliados apenas lograron 25 votos a favor, la mitad de la composición parlamentaria, pero el proyecto fue considerado como aprobado por un voto de abstención. Es decir, un respaldo endeble aunque sea legal. La modificación aprobada es muy laxa para las abortistas, apenas un tratamiento sicológico de 15 días a tres meses sin pisar la cárcel ni ser procesadas penalmente.
Al contrario, a los médicos o cualquier otra persona que ayude al legrado les aplicarán penas de hasta 10 años de prisión. Es decir, el ‘golpe’ penal va contra el personal sanitario, las parteras y los médicos tradicionales que asistan a la embarazada a deshacerse del producto o la fuercen a ello. Por supuesto que el tema no queda allí y vendrá la controversia constitucional y la avalancha de amparos judiciales porque la reforma al Código Penal contraviene la Carta Magna local.
La Constitución Política de Veracruz en su artículo 4, modificado en el 2016, establece al pie de la letra que: “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Entonces, para salvar las impugnaciones y dar plena vigencia a la reforma penal, los diputados locales deberán modificar el texto constitucional, algo que no será a corto plazo, pues para ello se requieren dos periodos legislativos -al parlamento actual solo le quedan tres meses- y recurrir a la aval de la mayoría de los 212 cabildos. No será difícil lograr ambas cosas, pero sí tardado.
Por otro lado, hay que destacar que entre lo positivo de lo aprobado ayer en el congreso local es que se dio cumplimiento, aunque también de manera tardía, a la Alerta de Género por Agravio Comparado emitida en diciembre del 2017, hace cuatro años, por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que se centró en la llamada “discriminación normativa” contra la población femenina, es decir que en Veracruz se agraviaba a las mujeres porque en el marco legal no se contemplaban sus derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la interrupción legal del embarazo.
Es la segunda alerta expedida para la entidad, pues en noviembre del 2016 hubo una por los feminicidios y en la cual se catalogó a once municipios como de alta incidencia en crímenes contra las mujeres. Por supuesto que no se ha hecho nada para cumplir con ese alertamiento ya que los feminicidios siguen imparables en todo el territorio veracruzano, no solo en las localidades contempladas inicialmente.
La razón es que al morenismo gobernante no le ocupa ni le preocupamejorar las condiciones de seguridad pública ni combatir la violencia contra las mujeres. Han pasado cinco años de la primera alerta – 2 y medio de ellos bajo el gobierno cuitlahuista- y a la fecha no existe una política pública para prevenir la violencia y evitar el asesinato de mujeres. La entidad sigue siendo un paraíso para los feminicidas.
MARTÍN Y MARLON
Por cierto, hablando del tema, se acaba de repetir en el Estado de México un crimen que no tiene mucho que sucedió en Veracruz y en esas coincidencias crueles del destino los protagonistas comparten algo más que sus actuaciones y circunstancias. En el municipio mexiquense de Chicoloapan, un mototaxista de nombre Martín le propinó una golpiza salvaje a su novia llamada Mirna, le quemó su cuerpo y le dio puñaladas para después llevarla hasta las puertas de un hospital donde la abandonó.
Cuando los médicos la atendieron Mirna ya estaba muerta. La declaración de los galenos fue lacerante: a la mujer literalmente le molieron el cuerpo a golpes. Las lesiones por quemaduras y puñaladas fueron servicio adicional. El feminicida Martín está fugado mientras la familia de la víctima clama porque sea localizado y castigado. Igual que sucedió con Montserrat Bendimes golpeada hasta la muerte por su pareja Marlon Botas.
M de Monserrat y Mirna, y M de Martín y Marlon, las caprichosas coincidencias en ambos crímenes. El ataque ocurrió en el puerto de Veracruz y el domingo pasado se cumplieron tres mes meses de la agresión contra Montserrat y el próximo viernes lo serán de su fallecimiento luego de seis días de permanecer en terapia intensiva. Y su verdugo Marlon Botas Fuentes sigue libre, paseándose en cines y plazas comerciales de Texas, Estados Unidos, según ha trascendido.
Su padres, Jorge Ignacio Botas Jiménez y Angélica Fuentes también continúan en la calles a pesar de que son cómplices en el asesinato por negar el auxilio a una víctima mortal, alterar la escena del crimen y ayudar al homicida a evadir la acción de la justicia. Hasta el momento, su dinero les ha servido para comprar la impunidad. Llevan tres meses riéndose a gusto de la víctima, de quienes la lloran y de toda la sociedad veracruzana que se indignó por el caso.
‘EPIDEMIA DE JÓVENES’
Es oficial, Francia está en la cuarta “ola” pandémica. Así lo hizo público Gabriel Attal, portavoz gubernamental al concluir el Consejo de Ministros -que integran, a la vez, el llamado Comité de Defensa Sanitaria, pues no hay que olvidar que el gobierno galo se declaró en “guerra epidemiológica” desde marzo del 2020- y el funcionario la describió así:“hoy el virus contamina a la velocidad del relámpago”. Las cifras lo respaldan: en las últimas 24 horas -de domingo a lunes- se registraron 18 mil 200 personas infectadas y el 80 por ciento son provocados por la variante Delta o India.
Tal incremento súbito de infecciones no se tuvo ni cuando arribó la cepa inglesa ni la sudafricana. En la última semana, los contagios se dispararon en un 150 por ciento y eso que apenas inicia el periodo vacacional de verano por el cual se comenzaron a relajar las medidas sanitarias. Sin duda, el Coronavirus continúa impredecible con sus vaivenes y mutaciones que descomponen todo lo previsto. La cuarta “ola” de la Covid-19 se esperaba para fines de verano o principios de otoño, pero ya está encima y campeando.
El agregado en esta cuarta oleada lo expuso abiertamente el ministro de Salud, Olivier Véran: es “una epidemia de jóvenes” porque ya no se ceba contra los adultos mayores sino ahora con los cuarentones, treintañeros y la constante mutación genómica del SARS-CoV-2 va extendiendo -o descendiendo, según la óptica- el rango de edad en la población diezmada. ¿Se llegará a una “epidemia de niños”? Esa pregunta encierra para la humanidad la suma de todos los miedos.
¿Y en México? La impresión que se tiene desde Europa es que el virus está incontrolable y las cifras de muertos y contagiados son ocultadas por el gobierno. Se habla de una tercera ola por el aumento exponencial de infecciones, pero para las autoridades es como si no pasara nada. No se informa y si lo hacen es con datos muy maquillados. La propaganda oficial machaca en el proceso de vacunación que apenas lleva el 20 por ciento de la población como si en eso se centrara todo lo referente a la plaga.
Ya nada se habla de portar cubrebocas, de guardar la distancia física, de evitar aglomeraciones ni de usar desinfectante de manos ni de evadir espacios cerrados que son potenciales focos de contagio. Mucho menos de un confinamiento poblacional ni se aportan cifras de los hospitales saturados con pacientes enfermos de la Covid-19 ni la escasez de oxígeno medicinal o de respiradores mecánicos.
¿Por qué parece que todo eso ya quedó atrás? No porque no exista sino porque el régimen lopezobradorista lo esconde. La narrativa gubernamental es que la pandemia ya se acabó, es cosa del pasado y dejó de contabilizar a los enfermos y los muertos. Todo es jauja para los funcionarios y sus repetidores mientras en la realidad continúa el bucle necrológico. Lo más grave es que la población parece estar contenta con la mentira oficial y secunda el abandono de las medidas sanitarias. ¿Una “epidemia de jóvenes” en México? Ya está ‘in crescendo’ mientras todos hacen la fiesta veraniega.
