- Por Andrés Timoteo / columnista
EL GORILATO IMPUNE
No habrá justicia para Jonathan ni para Eduardo, los dos niños ejecutados extrajudicialmente en La Patrona, Amatlán de los Reyes. No al menos desde la parte estatal y dependerá de los familiares y vecinos buscar que el crimen no quede en la impunidad recurriendo a organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como sosteniendo su denuncia contra los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Del gobierno estatal no deben esperar nada bueno. Vaya, ni siquiera la condolencia. Así quedó demostrado el lunes pasado cuando el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García, implícitamente dijo que no tocará a los gorilas uniformados ni a su jefe, Hugo Gutiérrez Maldonado, el titular de la SSPE. El mandatario no hizo una sola mención del funcionario ni una advertencia de que será apercibido, mucho menos que se le someterá a una investigación judicial por la muerte de ambos pequeños.
Al contrario, García Jiménez continúa sosteniendo la versión desplegada desde la SSPE de que Jonathan y Eduardo fueron “víctimas colaterales” de un enfrentamiento entre policías y delincuentes, que el responsable de su abatimiento es un capo local y que de ahora en adelante cuando los agentes se topen con grupos criminales lo que harán será retirarse del lugar. ¿La entrega de la plaza? Así se entiende. Y parece una amenaza no para los criminales sino a la población porque las fuerzas del orden la dejarán sola, al merced de ellos. Los policías saldrán corriendo cuando vean a los malos.
Lo único que el gobernante expresó sobre los chicos asesinados es que eran inocentes. Ni siquiera dio el pésame ni mayor explicación a sus deudos ni a los pobladores de La Patrona, que sostienen que fue la policía la que los mató y que nunca existió el enfrentamiento con presuntos malhechores. En resumen, el mandatario no les cree a los amatecos sino al neoleonés Gutiérrez Maldonado, a quien sostendrá en el cargo pese a las evidencias que lo ponen como un delincuente con charola.
Esto es una mala noticia para los habitantes de La Patrona y también para los de todo Veracruz, pues el ‘gorilato’ en la Secretaría de Seguridad Pública permanecerá intocado, impune. No importa cuántas personas más asesinen, cuántas viviendas allanen a punta de pistola y las saqueen, cuánta manipulación de cadáveres y escenas del crimen hagan ni cuántos ‘chivos expiatorios’ ocupen, la entidad seguirá siendo el planeta de los simios.
Por eso, la justicia por la muerte de Jonathan y Eduardo ahora dependerá de sus familiares y de los habitantes de La Patrona -como se dijo al inicio- que deben recurrir a organismos de defensa de derechos humanos y denunciar formalmente a García Jiménez, Gutiérrez Maldonado y a los integrantes de la Fuerza Civil por la ejecución extrajudicial cometida el viernes de la semana pasada. El caso tiene todos los elementos para que proceda una indagatoria contra ellos, e incluso, se lleve a instancias internacionales.
¿Se acuerdan de la masacre en Tlatlaya, Estado de México en el 2014? Pues guardando la proporción en cuanto al número de víctimas lo sucedido en Amatlán de los Reyes es similar. En Tlatlaya, 22 civiles que se habían rendido ante el Ejército fueron ejecutados y luego los hicieron pasar como delincuentes abatidos en un enfrentamiento. Gracias a dos sobrevivientes y la madre de una de las víctimas se supo la verdad y el caso llegó a los tribunales a pesar de que el entonces gobernador Eruviel Ávila y las autoridades federales torturaron testigos, manipularon reportes forenses e hicieron de todo proteger a los militares.
Allá en Tlatlaya los familiares de las víctimas lograron derribar el muro de mentiras oficiales gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos “Migue Agustín Pro Juárez” que los acompañó y documentó todo el caso. Hoy, los pobladores de La Patrona deben encontrar un respaldo similar. Y tienen una ventaja importante, el lugar es la sede de la agrupación de asistencia a migrantes, “Las Patronas”, reconocida internacionalmente.
Claro, las activistas no son abogadas ni especialistas en derechos humanos, pero son voces que se escuchan en el plano nacional e internacional y pueden ser el nexo para recibir ayuda de organismos especializados en atender crímenes de lesa humanidad, como el que ocurrió con Jonathan y Eduardo. No deben cejar, es momento de que alguien haga algo para meter en una jaula a los gorilas del cuitlahuismo.
OTROS DEPREDADORES
Hablando de derechos humanos, el lunes la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) con sede en París, Francia, hizo pública su lista 2021 de los gobernantes más represores del quehacer periodístico. Le llaman la “galería de retratos sombríos” y la integran 37 jefes de Estado que se consideran “depredadores de la libertad de prensa”. Lo novedoso es al menos 17 de ellos aparecen por vez primera y hay dos mujeres: Carrie Lam de Hong Kong y Sheikh Hasina de Bangladesh.
La primera es la jefa de gobierno regional de ese país anexado a China, que se ha lanzado contra todos los medios informativos que apoyan el movimiento independentista y ha cerrado el principal periódico del lugar y encarcelado a su fundador. La segunda gobierna Bangladeshs desde el 2009, pero desde el 2018 impuso una legislación para regular la prensa digital que le ha permitido encarcelar a 70 periodistas y blogueros.
De América Latina entró a esa galería el brasileño Jair Bolsonaro y con él suman cuatro gobernantes latinoamericanos como depredadores de la prensa. Desde el 2016 están Nicolás Maduro, de Venezuela; Raúl Castro -antes- y ahora su sucesor, Miguel Diaz-Canel, de Cuba; y Daniel Ortega, de Nicaragua. También por vez primera aparece en el listado de RSF un gobernante de la Unión Europea: Viktor Orbán de Hungría. Vaya, las abuelas del pueblo dirían que “en todas partes se cuecen habas”.
MÁS QUE UNA
SIMPLE TELA
La utilización de la mascarilla, cubrebocas o barbijo no solo se convirtió en un emblema global de protección contra la pandemia de Covid-19. El pequeño pedazo de tela filtrante ya es lo que los estudiosos definen como un ‘constructo social’ o sea un invento aceptado por una sociedad para responder a un fenómeno particular y hoy por hoy no solo es un artefacto sanitario sino una alegoría social, económica, legal y hasta política. Y su uso va para largo, pues a pesar de que en algunos países que tienen avanzada la vacunación ya han relajado la obligatoriedad para portarlo en lugares exteriores, la gente se rehúsa a dejarlo.
En Francia ya no es obligado llevarlo en el exterior desde el 17 de junio, salvo en situaciones muy particulares como las filas, el transporte público, sitios abarrotados o las tribunas en los estadios, mientras que en España desde el 26 se suprimió la misma utilización y en Inglaterra sucederá lo mismo el próximo 19 de julio. Aún así, la mayoría de las personas lo siguen usando. ¿Por qué? Los expertos consideran que la misma masa social no cree la versión de las autoridades de que el peligro ya pasó.
Por el otro, considera al cubrebocas como una barrera real, al menos físicamente apreciable, contra la pandemia y lo ha adoptado en el imaginario colectivo como un instrumento de responsabilidad social, es decir que si alguien lo utiliza no solo se protege personalmente sino cuida al resto de las personas. Por eso, la utilización será a largo plazo y algunos estiman que podría convertirse en una costumbre frecuente en casos de infecciones respiratorias o sea que se adopte la costumbre de usarlo cuando haya resfriados o gripe común, igual que lo hacen en los países asiáticos desde hace tiempo.
En lo económico, actualmente ya es un producto de primera necesidad, un ingrediente más en la canasta básica. Una mirada en retrospectiva hace sorprender cómo en menos de año y medio pasó de ser uno de los artículos más escasos y caros imprescindible y hasta relativamente accesible. Por ejemplo, en Europa por allá de abril del 2020 una sola pieza de la denominación KN95 llegaba a cotizarse hasta en 25 euros -casi 600 pesos mexicanos- en venta por la web, pues en las farmacias o centros comerciales era prácticamente inexistente.
Quienes conseguían un cubrebocas lo atesoraban y reutilizaban día tras día, a pesar de que la recomendación es no llevar la misma prenda por más de 10 horas. Lo trataban con alcohol o agua oxigenada para prolongar su uso. Era, como ya se dijo, un bien escasísimo en este entonces. Ahora, una mascarilla KN95 o de la nominación europea FPP2 que es la más usada por mandato de la autoridad comunitaria, tiene un precio por unidad en venta directa en farmacia o tienda de 90 céntimos, unos 20 pesos mexicanos.
Vaya, el gigante de las ventas ‘on line’ Amazon, tiene a los cubrebocas en el ‘top ten’ de los productos más vendidos desde el 2020 en el mundo entero. Las mediciones demoscópicas indican que el 94 por ciento de los europeos han aceptado a la mascarilla de forma permanente y no está dispuesto a dejarla en lo inmediato, pese a que las autoridades así lo recomienden. He ahí una prueba de hasta dónde ha calado en el inconsciente colectivo.
Pero también hay la contraparte. En países donde el gobierno es negacionista y desincentivó su utilización es baja la percepción positiva del barbijo. México es muestra, pues los sondeos arrojan que solo el 40 por ciento de la población lo adoptó como medida seria contra la pandemia y casi el 60 por ciento de quienes lo utilizan lo hacen de forma incorrecta -usan productos de tela simple, no filtrantes con las normas internacionales, lo colocan mal pues cubren solo la boca y dejan la nariz expuesta o se lo quitan y ponen sin importar el sitio o la convivencia de proximidad con otras personas-.
México es también ejemplo del uso político del cubrebocas. El régimen gubernamental y en especial el presidente Andrés Manuel López Obrador, el vocero de la política sanitaria, Hugo López Gatell y muchos otros funcionarios del gabinete lo han despreciado y han mandado señales a la población para que no lo utilice porque contradice su postura política respecto a la infección gripal. Eso, en cualquier parte del mundo, se puede catalogar como una suerte de atentado genocida contra su propio pueblo.
