- Por Andrés Timoteo / columnista
Poco a poco va -e irá- saliendo a flote la operación electoral el crimen organizado hizo en la elección pasada en Veracruz -y en el resto del País- a fin de ayudar a los candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los conocedores de esos entresijos aseguran que los triunfos arrasadores del morenismo tanto en las diputaciones locales y federales como en los ayuntamientos no obedecieron totalmente a los ‘mapaches’ tradicionales ni a que los funcionarios estatales sean una lumbrera en los menesteres electorales.
Tampoco se deben completamente a los programas asistenciales para condicionar el voto de los beneficiarios, aunque si influyeron. El golpe efectista fue la injerencia de las células delictivas que amenazaron, golpearon, plagiaron, hostigaron y en algunos casos hasta asesinaron a candidatos, líderes partidistas y militantes de la oposición. Al igual que sucedió en los comicios intermedios del 2007, en pleno auge de la fidelidad cuando el PRI se llevó “carro completo”, los pormenores de esa operación del crimen organizado se conocieron días, semanas e incluso meses después de los comicios.
Un dato que se acaba de conocer es que hubo la intención de quemar los paquetes electorales en el municipio de Veracruz donde la panista Patricia Lobeira de Yunes aventajó en el conteo de papeletas al constructor duartista, Ricardo Exsome Zapata, candidato de Morena. Desde los resultados preliminares se percibía la ventaja de Lobeira sobre Exsome y que no iba a ser posible revertir aún con la apertura de todos los paquetes electorales -al final los sufragios decisorios fueron 2 mil 879 -.
Entonces vino la decisión de arrebatar a la fuerza quemando parte de la paquetería electoral para que no se tuviera existencia de las boletas y se procediera a darle la vuelta a los números en favor de Exsome. Sin embargo, dice la fuente consultada, de última hora se canceló la decisión por varios obstáculos que impedirían su éxito y, al contrario, llevarían a un escándalo nacional. Uno, el lugar donde se contaban los votos era vigilado noche y día por los panistas. Dos, lo resguardaba la policía municipal que depende del alcalde panista Fernando Yunes y esta repelería algún ataque.
Tres, porque Veracruz es la urbe más poblada y, por ende, más vigilada. Todas las miradas estaban puestas en el proceso de escrutinio, pero además hay cámaras por todos lados ya sean oficiales o de personas listas a grabar con sus aparatos de telefonía móvil. El puerto no es lo mismo que un municipio rural donde “nadie ve nada y si lo hace, lo callan a la buena o a la mala”, señala el informante.
Tales condiciones obligaron a abortar la intentona de prender fuego a las boletas. No así en otros municipios donde sí recurrieron a la delincuencia organizada para incendiar los paquetes electorales: en Jesús Carranza lo hicieron y lograron que las autoridades electorales revirtieran las cifras que estaban a favor del candidato del Partido del Trabajo (PT), Pasiano Rueda para darle la victoria al morenista, Luis Alfredo Pacheco con solo 89 votos de diferencia.
Lo mismo en Álamo donde también se mandaron a quemar los paquetes electorales porque se iba a realizar recuento total y este revertiría el triunfo de Lilia Arrieta, candidata de Morena que solo tenía 410 votos más que el abanderado panista Raúl Monroy. Además, ahí los delincuentes hicieron un ‘trabajo extra’ -a petición expresa, dicen- asesinando al experiodista Felipe Goné, quien era representante del PAN ante el OPLE y había presentado una denuncia penal por el ataque incendiario en la sede electoral. Él fue testigo de la complicidad de los policías con los malhechores e iba a declarar en su contra.
La fuente consultada asegura que también estuvieron a punto de quemar la sede del OPLE en Comapa porque el conteo preliminar dio el triunfo al candidato del PRI, León Cantón sobre el panista Gabriel Lagunes pero no se hizo pues lograron revertir las cifras en la mesa. Es decir, funcionó el relleno de las urnas con más de 500 papeletas que voltearon la tendencia y al final Lagunes ganó con 230 votos de diferencia.
Él es cuñado del presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura, el morenista Javier Gómez Cazarín, quien por poco ordena la quemazón de boletas en Comapa a fin de complacer a la novia. El candidato de Morena en ese municipio, Leonel Paredes, no fue apoyado por palacio de Gobierno ni por la dirigencia de su partido, porque ahí la urgencia era sacar el triunfo del cuñado panista.
GOBERNAR CON EL CRIMEN
El periodista Ricardo Ravelo, especialista en asuntos de seguridad y crimen organizado, acaba de publicar en su última columna otro caso de la Entidad. El texto titulado “Gobernar con el crimen”, cita que en Veracruz “el crimen organizado influyó en las elecciones. Esto lo afirma el candidato del Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Camacho Merino, quien contendió por la alcaldía de Amatitlán, Veracruz, y perdió porque –dice él– la delincuencia organizada se metió de lleno a operar en favor de la candidata de Morena, Alma Rosa Clara Rodríguez.
La candidata del partido del Presidente echó mano de armas. Su esposo –Esteban Díaz Gómez– se dedicó, dice el denunciante, a amenazar a la gente del municipio para que votaran por la abanderada de Morena. La operación fraudulenta se hizo en la casilla 0288, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo, tierra de Clara Rodríguez. Ella dispuso de todos los grupos dedicados al narcomenudeo para apoyar la votación a su favor. En esa zona de Amatitlán, en la Cuenca del Papaloapan, opera el cártel de Jalisco Nueva Generación.
En Amatitlán, el voto fue comprado por Morena hasta en 2 mil 700 pesos; la candidata de Morena, de acuerdo con las indagaciones, operó con dinero del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado. Eric Cisneros, el Secretario General de Gobierno, operó mediante amenazas de muerte. De lado de Morena estuvo el crimen organizado”, concluye Ravelo. Ya se dijo, poco a poco se irá conociendo la intervención de la delincuencia organizada para ayudar al partido en el poder.
LOS NIÑOS GOLPISTAS
Ya no sorprende pero sigue indignando. La llamada “cuarta transformación” pasó de la indolencia a la infamia. Ahora, según el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, mejor conocido como el “Doctor Muerte”, los niños enfermos de cáncer cuyos padres exigen que las autoridades proporcionen los medicamentos y fórmulas para las quimioterapias son parte de una confabulación “golpista” contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario aseguró que “esta idea de los niños cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del País, de los grupos derecha internaciones, que están buscando crear esta ‘ola’ de simpatía en la ciudadanía mexicana casi golpista”, dijo durante su participación en el programa Chamuco TV, la revista de los morenos pro-Amlo.
“No es más que una mentira”, agregó López Gatell en relación a las denuncias de que hay pequeños que han fallecido y otros que están en riesgo de muerte porque interrumpieron o retrasaron sus tratamientos debido al desabasto de los fármacos. Ninguno de los conductores le refutó la osada aseveración. Al contrario, lo secundaron. “Todo es una novela”, afirmaron.
La intolerable declaración se hizo cuando ya se rebasó la fecha dada por el propio tabasqueño López Obrador para surtir todos los medicamentos faltantes en clínicas y hospitales donde se atienden a pacientes infantiles que padecen cáncer. El sábado 26 de junio venció el plazo fijado por los funcionarios de Salud que se reunieron con los padres de familia en la Ciudad de México para que los medicamentos estuvieran en las farmacias de los nosocomios.
Ante el engaño, diversas organizaciones de ayuda a niños con cáncer ya convocaron a reanudar las protestas en diversas ciudades del país, entre ellas las veracruzanas. Por eso la reacción iracunda de López Gatell y sus corifeos. La Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos anunciaron que este miércoles 30 de junio realizarán manifestaciones en la vía pública en la Ciudad de México, Guadalajara y el puerto de Veracruz para exigir que se cumpla con el compromiso de dotar las fórmulas oncológicas en los hospitales públicos.
Precisamente en Veracruz ya son ocho los niños fallecidos porque interrumpieron sus tratamientos contra el cáncer. De poco sirvieron las marchas y plantones que desesperadamente ha realizado sus padres desde el 2019 para tratar de que el gobierno de Cuitláhuac García atendiera su clamor. Tampoco sirvió de mucho que unos 60 pacientes obtuvieran amparos judiciales para acceder a los medicamentos. No les dieron nada.
El gobernante en turno trata de justificar la negligencia médica para con esos niños y culpa a todos: a las farmacéuticas, al sistema neoliberal y a los trámites de las famosas “compras consolidadas” pero evadió su propia responsabilidad. Cantinfleando, como acostumbra, García Jiménez aseguró que su administración tiene “un apartado” para “cuando nos agarren las prisas, compramos”. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Puras mentiras con este señor.
Y en esas crueles coincidencias, la ciudad de Veracruz tiene un símbolo de la política de salud dedicada a los menores de edad: el Hospital Infantil de Veracruz, llamado popularmente Torre Pediátrica, que se cae a pedazos y donde falta de todo, desde médicos y camas hasta lo obvio, medicinas y tratamientos. Es un monumento a la vergüenza porque sirvió para que los gobernantes robaran el erario y no para sanar a los enfermos.
Ahora promete -una vez más- que va a rescatarlo, remodelarlo y equiparlo pero hay que tomar esa declaración de quien viene pues es un hecho que tampoco hará nada. El desempeño público de García Jiménez confirma su talante: prefirió gastar 100 millones de pesos en remodelar el estadio de beisbol “Beto Ávila” para agradar al presidente López Obrador en lugar de adquirir las medicinas de los niños cancerosos y evitar su muerte.
