- Por Andrés Timoteo / Columnista
‘HOTSPOTS’ DEL GENOCIDIO
En el lenguaje común son La Aurora, El Limón, La Guapota, Santa Fe, Los Arenales, Garnica, Arbolillo, Campo Grande, Palo Verde, Las Barrillas, Lealtad, Las Petronilas, La Loma, La Gallera y Santa Rosa, pero traducidos al lenguaje del dolor son las huellas del genocidio. Hay que grabarse esos nombres, nunca olvidarlos porque allí fueron a parar miles de personas devoradas por la ola delictiva y de las cuales intentaron borrar su trazo de la faz de la tierra. Pertenecen al incipiente catálogo de lugares donde fueron a parar los perdidos.
Son las sedes de las fosas clandestinas localizadas por organizaciones civiles, no por el gobierno. Madres y padres, hermanos, tíos, hijos y otros parientes las ubicaron a golpe de pala y zapapico. “Ahí hay muertos”, son las tres palabras que a pesar de ser doloras irónicamente tienen una carga de esperanza. Tras pulsar la tierra con una varilla caladora y revisar la punta extraída -olerla, la mayoría de las veces- se sabe que hay restos humanos en el subsuelo, pudriéndose. Entonces, se enciende un ‘rojo rojo’, señal de que dio positivo el ‘pozo de sondeo’ o ‘varilleo’ como lo definen coloquialmente.
En el mapa del horror que en Veracruz se está construyéndose por lo menos desde hace siete años a esos sitios se les conoce con el anglicismo ‘hotspots’ o ‘puntos calientes’ -en francés les dicen ‘points chauds’- y son los señalamientos geográficos donde hay cementerios hechizos. La entidad veracruzana tendría al menos un centenar de ellos, aunque por el momento son quince los confirmados y hay de todo tipo. Entre esos quince ‘hotspots’ está una de las fosas clandestinas más extensas de América Latina -que no la más grande como la definen los que no se documentan- que son Colinas de Santa Fe, al norte de la ciudad de Veracruz donde se extrajeron casi 300 cuerpos.
Pero además de parajes, terrenos baldíos, ranchos agrícolas, playas y manglares hay otros lugares que causan sorpresa. Por ejemplo, la Estancia Garnica, una casa de retiro para ancianos en Jalapa que habría sido usada como cementerio clandestino, la Academia de Policía de El Lencero en Emiliano Zapata o el panteón Palo Verde, también en la capital del estado donde en tiempos del duartismo se enterraron indebidamente mas de 90 cuerpos a fin de que no fueran localizados por sus familiares, y no lo hicieron los criminales sino policías y fiscales.
Los entierros clandestinos de Palo Verde no se localizaron con varillas de fierro sino con la revisión de los mismos documentos de la Fiscalía General que revelaron la maniobra para ocultar decenas de cadáveres de personas desaparecidas durante el duartismo. Ahí fue cómplice el ayuntamiento de Jalapa que era presidido, en sus dos periodos de coincidencia, por el priista Américo Zúñiga, hoy candidato a la diputación federal y antes por Elizabeth Morales, también priista y ahora de regreso al escenario político con el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).
Por supuesto, esos tres ‘hotspots’ fueron administrados por las autoridades y, ¿adivinen qué? No hay un solo funcionario o ex funcionario detenido. La Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal ubicó a Ursulo Galván y Playa Vicente entre los cinco municipios con más fosas clandestinas en el país durante los tres primeros meses del 2021 y a la entidad misma como la segunda con más cementerios ilegales.
La semana pasada, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos en la zona Orizaba-Córdoba informaron que se recuperó un cuerpo en Campo Grande, Ixtaczoquitlán, sumando así once los restos humanos de allí extraídos. En dicho predio se han excavado cinco fosas, pero el trabajo va para largo pues la información que posee dicha organización se refiere a “decenas de cadáveres” allí sepultados clandestinamente. Y en Chocamán, también en la zona centro, ayer acaba de ser localizada una fosa clandestina en la comunidad Calaquioco donde se localizaron tres cuerpos.
PARAR LA RETALIACIÓN
Con motivo de la celebración del Día de las Madres, la búsqueda de personas desaparecidas resonó nuevamente en la prensa porque la mayoría de sus buscadores son mujeres madres, abuelas e hijas de las víctimas que se dicen -y con toda razón- sin motivos ni ánimo para el festejo. Pero es imprescindible el debate público en dos vertientes: como exigencia al gobierno y para que la opinión pública entienda y mida la importancia de tener muy presentes esas huellas del genocidio.
¿Por qué hay que hallar a nuestros desaparecidos? Las fosas clandestinas son la carátula del aniquilamiento social emprendido por los criminales, dice la investigadora colombiana, María Victoria Pérez Poveda en su ensayo “El tiempo de las víctimas” (2008) y da tres motivos para atenderlo a profundidad: desenterrar a los desaparecidos permite el llanto y el duelo personal y colectivo, sirve para construir la memoria histórica, es un paso para la justicia transicional o reparadora, ayuda a avanzar en la reconciliación social y, quizás, para lograr el perdón colectivo, y para impedir la retaliación.
No hay que olvidar que Colombia tiene un reporte oficial de 200 mil personas desaparecidas -extraoficialmente se habla de casi medio millón – tras cinco décadas de violencia sostenida por las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes y allá se lleva camino andado en la búsqueda de sus ausentes y el procesamiento de los cementerios clandestinos. México, en catorce años de ‘guerra contra el narco’, desde el 2007, tiene un acumulado de 90 mil desaparecidos.
Y, ¿qué es la retaliación? Un concepto desprendido de la famosa Ley del Talión – “ojo por ojo y diente por diente”- o sea la venganza o desquite reciproco hacia el agresor. Pérez Poveda sostiene que se debe cerrar y prevenir ciclos para atajar violencias futuras. Encontrar a los desaparecidos, ritualizar su despedida -velatorio e inhumación basada en los credos-, permitir la catarsis y procesar sicológica, social y memorísticamente su ausencia evitará que la violencia gire en espiral. Por eso hay que buscarlos, sacarlos de las fosas. A todos, que no falte ninguno.
CAUSAL, NO CASUAL
La ex diputada y ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla del 2008 al 2010, Marina Garay Cabada, fue secuestrada ayer por un grupo armado. Ella es madre del actual presidente municipal, Octavio Pérez Garay, y fue esposa del también ex edil tuxtleco, Octavio Pérez González (2005-2007), ya finado y también es, por decirlo así, la matriarca de un grupo político bien asentado en aquella zona selvática. Ella y su esposo fueron priístas, pero el hijo llegó a la presidencia municipal por la vía independiente.
El plagio se cometió en medio de dos circunstancias que lo tiñen de sospecha. Se dio dentro del proceso electoral para renovar la alcaldía y las diputaciones local y federal -San Andrés Tuxtla es cabecera distrital – y allí el diputado local morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín, cercano al gobernante en turno Cuitláhuac García, pretende fincar una suerte de caciquismo político imponiendo candidaturas y forzando al resto de los grupos políticos a plegarse a ellas. Los Pérez Garay no están en la sintonía del Gómez Cazarín ni del gobierno estatal.
Y los Gómez Cazarín son extremadamente violentos. El periodista Cándido Ríos Vázquez, que los denunció hace tiempo fue asesinado a balazos el 23 de agosto del 2017, tras las elecciones de aquel año en las que ahora legislador compitió y perdió. Hasta el momento la Fiscalía estatal mantiene archivado el expediente de investigación y los Gómez Cazarín hacen y deshacen en la región.
Lo segundo es que el secuestro sucede a poco más de dos semanas de que la policía municipal fue desarmada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal bajo la acusación de que dejaron en libertad a un supuesto cuatrero y a una semana de que el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros -¡otra vez la burra al trigo! – amenazó veladamente al mismo edil Pérez Garay de activar procesos judiciales y ejecutar detenciones por ese mismo caso.
Por supuesto que la intervención de la policía local y los amagos contra el gobernante municipal tienen un sesgo electoral. El aparato estatal está embistiendo a un edil que no está doblegado al morenismo y que los funcionarios estatales incluso lo ubican como partidario del panismo desde que gobernaba Miguel Ángel Yunes Linares.
Tampoco hay que obviar que cada vez que Patrocinio Cisneros mete la cuchara en los municipios ocurren tragedias pues lo mismo de desarmar a los policías municipales lo hizo en Jamapa cuya alcaldesa, la panista Florisel Ríos fue amenazada también por este sujeto y a los pocos días -el 11 de noviembre del año pasado- un comando armado la secuestró y asesinó.
Para completar el escenario, recientemente la Secretaría de Seguridad Pública junto con la Guardia Nacional intervino y desarmó a los policías municipales de Playa Vicente, al sur de la entidad, bajo el argumento de que hostigan a la población con fines partidistas. Por supuesto, el alcalde Gabriel López Álvarez es panista. En febrero pasado, el gobierno estatal también desarmó a policías municipales de Orizaba, detuvo a algunos de ellos y emprendió persecución judicial contra otros.
Fue la misma táctica con dejo partidista contra un ayuntamiento gobernado por el priismo y cuando el alcalde, Igor Rojí, se perfilaba como candidato a la diputación federal por la alianza PAN-PRI-PRD. Todos estos casos no están desconectados sino forman parte de una cadena de acontecimientos ligados a la cuestión electoral. En ésta lógica, el secuestro de Garay Cabada no sería casual sino causal.
