Por Andrés Timoteo / Columnista
SALVADOS POR LA CAMPANA
Ellos son los protagonistas de una historia que “terminó bien”, entrecomillas y con todos sus bemoles, por una razón razón principal: están vivos. Y por varios motivos secundarios: no lograron desaparecerlos ni, tal vez, extinguir para siempre sus restos físicos como sucedió en enero del 2016 con los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Además, sus familiares tampoco tuvieron que enfrentar el trance doloroso de buscarlos y certificar que ya no existen. Entonces, hay motivos para el regocijo.
La noche del miércoles obtuvieron su libertad bajo caución cuatro de las siete personas que permanecían detenidas -un menor de edad fue liberado días antes- luego de que fueron “aprehendidos” -también entrecomillas- por la policía estatal en un estudio de tatuajes en Orizaba el martes de la semana pasada. Tres más permanecen en prisión, aunque aún así corrieron con suerte porque siguen vivos y su familia tiene conocimiento del sitio donde se encuentran.
Los liberados son dos mujeres -identificadas como Adriana ‘N’ e Itzel ‘N’- y dos hombres -Raúl ‘N’ y Gonzalo ‘N’-. En realidad, todos los “detenidos” en Orizaba son parte de una historia tenebrosa pues se convirtieron en sobrevivientes de un intento de desaparición forzada cometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Literalmente fueron salvados por la campana. Es decir, a tiempo gracias a la movilización de sus familiares y la exhibición del caso en la prensa.
El otro punto es que su proceso judicial está viciado desde inicio por las irregularidades en el reporte presentado ante la Fiscalía General del estado pues en realidad es una estratagema para simular el delito en ciernes, es decir la desaparición forzada. Tampoco a la mayoría de los “detenidos” le pudieron acreditar la comisión de “ultrajes a la autoridad” y por eso no fueron recluidos varios meses en la cárcel. Dicho delito que es el instrumento de moda para el cuitlahuismo pero en este caso no pegó.
VOTOS A TOLETAZOS
Una historia diferente sucedió en el norte del estado. En Poza Rica, uno de los personajes que tiene mayor posibilidad de ganar la alcaldía de Tihuatlán para la alianza opositora PRI-PAN-PRD probó el filo de la navaja con la que el partido de Estado intentará hacerse de los cotos edilicios. Gregorio Gómez Martínez, expresidente municipal de Tihuatlán y precandidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue detenido por un grupo de hombres armados en Poza Rica que luego se supo eran policías ministeriales.
La intervención fue tan rara -por decirlo de alguna manera- que inicialmente se creyó había sido un ‘levantón’ cometido por algún cartel del narcotráfico tan comunes por toda la entidad. Horas después confirmaron que a Gómez Martínez se le abrió una pesquisa por asuntos relacionados precisamente con el crimen organizado. Lo van a tener preso por un tiempo, tal vez mientras pasan los comicios porque su mayor falta es su popularidad y probabilidad para ganar la alcaldía tihuateca.
En el quehacer político no es extraño el uso de los aparatos policíaco y judicial para eliminar enemigos electorales, pero lo que sí es remarcable es la manera burla con la que se acomete en el actual gobierno cuitlahuista -y por extensión en la administración federal-. A nivel local hay dos operadores que son orangutanes con garrote: los secretarios de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, y de Gobierno, Patrocinio Cisneros, que están más que dispuestos a convertir los comicios en un batidillo.
No cuidan las formas ni las leyes y ni siquiera la apariencia porque desde palacio de gobierno están dispuestos a todo tipo de artimañas para evitar el descalabro electoral. Los cargos de representación popular los quieren ganar a toletazos, no con votos. Hacen lo mismo que criticaban en el pasado.
Aunque desde el gobierno estatal se deslizó la versión de que Gómez Martínez habría sido presentado ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el puerto de Veracruz o llevado a la Ciudad de México donde rendiría declaración en Sbprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ayer se supo que estaba en instalaciones de la FGE de Álamo, municipio vecino a Tihuatlán.
La esposa del exalcalde perredista denunció que además de que fue detenido sin presentarle una orden de aprehensión -igualmente catearon el negocio donde lo detuvieron sin la misma- también fue golpeado y se encontraba mal de salud. Durante doce horas no se supo del paradero de Gómez Martínez aun cuando la ley establece que el detenido debe ser puesto a disposición de un juez a la brevedad. En resumen, todo un cóctel de violaciones al debido proceso, lo que confirmaría no solo lo burdo del embate sino lo simiesco del comportamiento oficial.
Paralelamente, en el sur se registró otro caso que aumenta el enrarecimiento del clima electoral pues el precandidato del PRI a la alcaldía de Carlos A. Carrillo, Onan Hernández López, fue amenazado de muerte a fin de que se retire de los comicios. De acuerdo a lo denunciado, Hernández López enfrentó un intento de secuestro pues un grupo de individuos quiso allanar su domicilio.
En Chinameca, también en el sur la casa del alcalde José Antonio Carmona Trolle, fue baleada por un desconocidos. El edil llegó al ayuntamiento por el desaparecido Partido Nueva Alianza (Panal) y su esposa, Amairani Patraca es precandidata del Movimiento Ciudadano (MC) para sucederle en el cargo. La violencia político-electoral se va elevando de nivel.
GOLPEADORES Y VIOLADORES
La organización feminista Brujas del Mar con sede en el puerto de Veracruz, pero que desde el año pasado tiene una presencia nacional acaba de difundir un listado de 26 candidatos y precandidatos a cargos de elección popular de todos los partidos políticos que tienen en su haber acusaciones de violencia de género, algunos de mucha gravedad -como tundas a sus parejas, violación sexual y pornografía infantil- y que han llegado a las instancias judiciales. De ellos, cinco son veracruzanos.
Uno es el diputado local con licencia, Rubén Ríos Uribe, precandidato de Morena a la alcaldía de Córdoba. El colectivo lo señala de estar “acusado por agredir físicamente a su esposa”. Un caso parecido es el del exalcalde priista de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, precandidato también de Morena, vía el PVEM, al mismo ayuntamiento y que está “acusado de violencia física que ejerció contra una mujer a finales del 2013”.
En la lista también está Gabino Cruz Díaz, el precandidato de Morena -para no variar- a la alcaldía de Amatlán de los Reyes quien fue denunciado “por agresión física a familiar y exparejas”. Lo mismo Rafael Martínez Torres, precandidato del partido Fuerza por México en Isla, señalado por “violación, agresión y amenazas” y Gustavo Márquez Aranda del PAN en Tierra Blanca “acusado por amenazar y agredir verbalmente durante manifestación a compañeras y tomar fotos a menores de edad sin su consentimiento”.
Isaac Pérez Esparza, -el colectivo pone así su apellido aunque en realidad es “Ferez”- es candidato del PVEM a la diputación federal por Coatzacoalcos -ahí no van en alianza con Morena- y está “acusado de violación y abuso sexual”. Dos compañeras suyas en la Universidad Anahuac denunciaron que fueron drogadas y abusadas sexualmente por él en los años 2019 y 2020. En el sur lo llaman “el Salgado Macedonio de Veracruz”.
Las Brujas del Mar incluyeron en esa lista a Jesus Camacho Carranza, quien era precandidato a la diputación federal en Orizaba por el Movimiento Ciudadano pero que tras ser denunciado por una mujer por violación sexual, golpes y amenazas le retiraron la nominación desde el mes de febrero.
Los 26 aspirantes a cargos de elección popular evidenciados por el colectivo feminista incumplen con la llamada “Ley 3 de 3” que es un acuerdo suscrito por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que no sean candidatos aquellos varones deudores de pensiones alimenticias, que hayan sido acusados de acoso y agresión sexual, y que tengan señalamientos de agresiones dentro del ámbito familiar en cualquiera de sus formas.
Las activistas lo dejaron en claro a los partidos políticos que postulan a estar fichitas: “por acá las feministas les estamos haciendo la chamba de investigar a sus candidatos”. Por lógica, el arbitro electoral deberá retirarles o negarles el registro como aspirantes a cargos de elección popular.
¡DENLE UNA SILLA!
Y en esto del machismo y las agresiones contra mujeres en todas partes ‘se cuecen habas’. Ahora hay un escándalo diplomático en Europa que involucra un asunto de violencia de género. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, uno de los gobernantes más misóginos, negacionistas y déspotas de la actualidad, mandó a sentar en un sofá, lejos de los sillones principales, a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, es decir a la que ostenta en gobierno comunitario del continente, durante una visita oficial realizada el martes pasado.
El maltrato a la comisionada europea fue solo por el hecho de ser mujer. En su lugar fue acomodado Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que es un funcionario de menor grado, encargado de organizar los encuentros protocolarios. De acuerdo a la ortodoxia diplomática, a Von der Leyes le correspondía sentarse en uno de los dos sillones centrales, justo al lado del mandatario turco, pero éste simplemente no quiso tener a una mujer a su par. La mandó al sofá y eso desató una avalancha de críticas y hasta de chascarrillos. Al asunto lo han llamado el “Sofagete” y algunos hasta lanzaron la consigna en redes sociales: “¡Denle una silla!”
Por supuesto no fue un error de protocolo sino un mensaje liso y llano. Ursula von der Leyen no solo es mujer sino que ha sido una puntual crítica de la situación política en Turquía, especialmente por las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen. Además, éste incidente tiene como antecedente, en la cuestión de género, la decisión del presidente Erdogan para abandonar el pasado 21 de marzo el Convenio de Estambul firmado en el 2011 precisamente en dicha ciudad turca.
El convenio tiene como objetivo la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, incluidas la física, sicológica, laboral y sexual, pero el presidente turco alegó que su misión fue “secuestrada por gente que intenta normalizar la homosexualidad -específicamente el lesbianismo-, incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía”.
El apartado que repudian el gobierno turco y los grupos ultraconservadores es el que establece que las mujeres “no deben ser discriminadas por su orientación sexual”. Ocho palabras fueron suficientes para que el país sede del convenio lo abandonara. Y esto pese a que Turquía registra 300 feminicidios en promedio cada año. Ahora, una de las mujeres más poderosas del orbe fue víctima de un agresor de género, a plena luz del día y bajo los reflectores de la prensa mundial.
