Por Andrés Timoteo / Columnista
LOS JERINGAZOS
En el México del realismo mágico ya nada sorprende. La viralización de un video donde se ve a una estudiante de enfermería inyectando a un anciano pero con una jeringa sin el liquido inmunizador agregó una polémica más al ya deficiente proceso de vacunación contra la Covid-19. El tema, que debería ser médico y judicial, fue partidizado desde la presidencia de la república para sacudirse el escándalo que quizás revele un ‘modus operandi’ para dos cosas: el robo y tráfico de vacunas y la simulación para aparentar lo que no se está haciendo.
Ante el bochorno público, el mandatario Andrés Manuel López Obrador recurrió a su discurso preferido que es culpar al pasado, a los conservadores, a los enemigos de la “cuarta transformación” sugiriendo que pudo tratarse de un montaje y aludió directamente a uno de sus malqueridos de cabecera, el periodista Carlos Loret de Mola y al caso de la detención recreada de Florence Cassez, una francesa involucrada en la célula de secuestradores “Los Zodiaco” ¡en el 2008!
Es más, pidió mostrar en su conferencia mañanera el video de esa simulación para equipararlo con el de la falsa vacuna. Es, claro, un distractor para hacer que la opinión pública mire al pasado y no a lo que sucede en el presente, en su gobierno. Hace unas semanas, cuando el veterano panista Diego Fernández de Cevallos se incorporó a las redes sociales y comenzó a opinar sobre la política pública el tabasqueño sacó otro video. Fue el del debate que él sostuvo con el exsenador y excandidato presidencial ¡hace veinte años!
Al igual que Loret de Mola, erigido actualmente en un escrutador periodístico de su ejercicio gubernamental, el panista Fernández de Cevallos ocupa un lugar primerísimo en el odio personal de López Obrador porque fue uno de los que financiaron la difusión de aquellos famosos videos en el que se ve a su cercano René Bejarano recibir fajos de billetes en el 2004. Ambos son fichas de uso cada vez que se suscita un apuro público como ahora con la vacuna simulada.
Pero regresando a ese tema, los lectores deben estar consientes de que no es algo anecdótico ni simpático sino muy peligroso, como se dijo al inicio del texto, y requiere ser escudriñado desde las ópticas médica y judicial. En primer lugar, si se sorprendió a esta enfermera inyectando nada a una persona de la tercera edad, ¿con cuántas más hicieron lo mismo?, ¿cuántos abuelitos son víctimas de ese engaño y están creídos que ya están inmunizados contra el Coronavirus?
¿Cómo detectar científicamente que no están inmunizados a pesar de habar sido inyectados si desde el mismo gobierno se ha obstruido la política de realizar test clínicos?, ¿quién puede garantizar que en verdad se vacunó correctamente a las personas mayores? La confianza sobre los vacunadores se tambalea y entonces no queda más que los ciudadanos se cuiden solos. Que los adultos mayores o sus familiares verifiquen que la jeringa con las que van a ser inyectados contenga la sustancia activa y no solo aire. Vaya, a estas alturas hasta hará falta llevar a un notario para dar fe de la inmunización.
Del lado judicial, el hecho debe ser investigado y deslindar responsabilidades porque si no se están poniendo las dosis reales a algunas personas eso quiere decir que el líquido se queda en los viales y éstos son usados para otras personas lo que abre el compás de sospecha. ¿Hay un desvío de vacunas y un tráfico de estas para vacunar a burócratas, compadres, recomendados u otros influyentes y también a quienes puedan pagarla?
De acuerdo a lo difundido hace algunos días, el precio de una vacuna anti-Covid en México puede llegar hasta los 40 mil pesos en el mercado negro. ¿No es eso un atractivo muy poderoso para robárselas? A la par, el suceso incentivó las dudas sobre el proceso mismo de la vacunación azuzando la teoría de que hay simulación porque no se tienen las dosis pregonadas por los funcionarios y al pueblo se le inyecta ‘atole con el dedo’.
Lo que son las cosas, este “incidente” -como le llaman las autoridades para no nombrarlo como lo que posiblemente es: un delito- forzosamente hizo recordar el caso de Veracruz durante la fidelidad y el duartismo cuando a los niños con cáncer se les inyectaba agua destilada en lugar de fármacos para las quimioterapias. En los dos casos, los corruptos gobernantes juegan -y hacen negocio- hacen negocio con la vida de las personas. Así, en la tragicomedia mexicana se escribió un capítulo más que bien podría llamarse: jeringazos de la vida real.
COMO TIERRA BLANCA
Hay varias cosas bizarras en el caso de los jóvenes “detenidos” por la Secretaría de Seguridad Pública en un local dedicado a la hechura de tatuajes – ‘tatto shop’ o ‘tatto studio’, les llaman los gringos- en Orizaba. Primero se dijo que eran cinco, luego que siete. Todos se enteraron que su captura se dio en La Pluviosilla pero en el reporte presentado ante el juez se establece que fue en Fortín de las Flores, a varios kilómetros de distancia y con una hora diferente. Peor aún, los abogados que conocen el caso afirman que también hay fechas distintas, errores en las patrullas y elementos que intervinieron y un marcado desaseo en las acciones para justificar el arresto.
Pero si lo anterior es grave debido a que se alteró todo atropellando lo básico en derecho penal, lo que se especula alrededor de esas “detenciones” es peor. Los bien enterados afirman -pidiendo el anonimato- que en realidad fue un ‘levantón’ contra esos jóvenes y que debido a la presión ejercida en la opinión pública luego de que familiares y amigos se movilizaran denunciando la situación, exigiendo el ‘habeas corpus’ -o sea que se le presente con vida ante un juez en el plazo inmediato y no sea retenido en cárceles clandestinas- y marchando en las calles para hacerse escuchar, fue como a la SSPE de Hugo Gutiérrez Maldonado quedó en entredicho y vinieron las apuraciones.
Si no hubiera sido por la movilización social y la cobertura periodística -nuevamente los medios informativos hicieron su labor- los muchachos, entre ellos un menor de edad, jamás hubieran aparecido y el caso habría terminado en un secuestro cometido por el crimen organizado con fines de venganza o por la disputa de plaza, cuando en realidad todo apuntaba a una desaparición forzada cometida por las fuerzas del orden. Esto explicaría todos los errores e inconsistencias en la carpeta judicial. En ese desbarajuste es cómplice la Fiscalía General del estado.
¿Se acuerdan de los cinco jóvenes desaparecidos por la policía en Tierra Blanca durante el duartismo? Eso mismo iba a pasar en Orizaba, pero la pronta movilización de los familiares detuvo lo funesto. Ahora, el gobierno cuitlahuista maniobra para salir de atolladero y se lanza a criminalizar a las víctimas para justificar el delito cometido por la policía estatal. Indicativo de eso es que el propio gobernante en turno, García Jiménez haya asegurado el lunes que los jóvenes “detenidos” en circunstancias bizarras no tienen delitos graves, pero que no abogará por ellos.
¿Entonces por qué aceptó ser el representante popular de los veracruzanos? E inmediatamente saltó al tema de la delincuencia organizada y hasta sugirió que su “detención” se enmarca en el contexto del pleito entre bandas por la plaza y deslizó apodos de supuestos cabecillas de las mismas. Ah, y para no variar les aplicaron el socorrido tolete delictivo: “ultrajes a la autoridad”. Todo un enredijo pero la hebra conduce a que los policías fueron sorprendidos en un intento de desaparición forzada. Igual que en los tiempos de Javier Duarte.
CÓMPLICES REMENDONES
Tocando ahora al Veracruz kafkiano, un grupo de 18 diputados locales interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de anticonstitucional contra la reforma al Código Penal del estado aprobada en marzo pasado y que incluye la vigencia del delito de “ultrajes a la autoridad” que es el ariete preferido del gobierno cuitlahuista para matraquear a sus opositores y críticos. La acción legal llega, por supuesto, a destiempo y como una medida derivada de la presión social y el escándalo público.
Lo indignante es que varios de los que firman la acción de inconstitucionalidad fueron los que la avalaron sin ni siquiera reparar en las consecuencias, entre ellos los priistas Erika Ayala, Jorge Moreno Salinas y Rodrigo García Escalante. Además, hay varios panistas que no asistieron a la sesión del 11 de marzo y otros que se abstuvieron. De los dos únicos oradores en la sesión del 11 de marzo fueron el panista Omar Miranda y la presidenta de la mesa directiva, Adriana Paola Linares Capitanachi, de Morena.
El primero fue el único en advertir sobre el riesgo de la modificación del artículo 171 que contiene el término de “ultrajes a la autoridad”, ¡pero se abstuvo al votar! Claro, su petición de poner en reserva ese y otros dos artículos fue rechazada por la mayoría morenista. Oprobioso fue el discurso de halago que la diputada Linares Capitanachi hizo de esa reforma penal que es un atentado a los derechos humanos. A nombre de Morena, la legisladora calificó la propuesta de García Jiménez como “una estrategia derivada del análisis de datos duros y escuchar las voces y exigencias ciudadanas”.
Dijo también que es una “punta de lanza para combatir conductas que afectan la libertad, la tranquilidad y la seguridad de los veracruzanos”. La señora no tiene compostura porque lo que aprobaron fue una arma contra los que dicen defender. La modificación al Código Penal de la entidad que mandó García Jiménez fue aprobada por 34 diputados -todos los de Morena, el PVEM y el PES-, cinco votaron en contra -panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano- y tres se abstuvieron, lo que es como si sufragaran a favor.
Hay que adicionar que desde el 2016, la SCJN declaró como inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos personas que participaron en protestas en la Ciudad de México en el año 2015, al considerar que su utilización criminaliza la libre expresión y degrada el principio de legalidad porque es muy ambiguo. En pocas palabras, culpar a las personas de ese ilícito puede ser un instrumento para callar y perseguir judicialmente a los críticos y opositores.
Hoy en Veracruz ya no saben como remendar esa ley que es lesiva de las garantías constitucionales en la que casi todo los integrantes del congreso local fueron cómplices por sumisión, ignorancia y falta de trabajo legislativo, conveniencia y, claro, perversidad.
