LA DENTELLADA
Alcaldes de varios municipios comenzaron a alzar la voz ante la versión de que partir del 2015 el impuesto predial sería administrado por el gobierno estatal. Se habla de que se formaría una “bolsa conjunta” con lo recaudado por dicho gravamen en los 212 ayuntamientos para destinarlo a la realización de obras de infraestructura social de acuerdo a fuentes de la bancada priista en el Congreso local y de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En realidad esto no es más que un maquillaje para que la administración estatal le hinque el diente a esos fondos.
Esto como medida desesperada para enfrentar la escasez de recursos propios debido a la enorme deuda pública heredada por el gobierno del innombrable y el desajuste por la utilización de fondos públicos para las campañas electorales del 2010, el 2012 y el 2013. Las arcas estatales están vacías y no hace falta ser un experto contable para comprobarlo. Por ese motivo no hay fondos para cubrir las pensiones de los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), los cheques de los maestros, las becas de los estudiantes y el pago a proveedores.
Entonces, la opción es exprimir a los ayuntamientos y ese intento se sostiene legalmente dada la modificación hecha en diciembre pasado de la Ley de Coordinación Fiscal para otorgar facultades a los gobiernos estatales para intervenir en la recaudación y administración de gravámenes municipales. En pocas palabras se arrebataría a las municipalidades dicha fuente de ingresos que es vital para las administraciones locales. Y no es la primera vez que ocurre una medida así.
Ya en el sexenio de la fidelidad se decidió bursatilizar el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso Vehicular (ISTUV) que correspondía a los municipios -el 80 por ciento correspondiente al gobierno estatal lo bursatilizó también el innombrable-. Así 199 de los 212 ayuntamientos avalaron la tarascada y ahora están ahogados financieramente porque los fondos que se recibieron por la colocación del impuesto en la Bolsa Mexicana de Valores se fueron al caño de la corrupción -se los robaron tanto los ediles como el innombrable, pues-
La secuela es que en las siguientes tres décadas los ayuntamientos dejaran de percibir esos ingresos y al contrario, cada mes se les descuenta enormes cantidades como pago de la deuda por la bursatilización del gravamen. Hoy la mira está puesta en el impuesto predial y ante eso, algunos presidentes municipales como el de Veracruz, Ramón Poo y el del Boca del Río, Miguel Angel Yunes Márquez, han expresado abiertamente su rechazo. Este último, Yunes Márquez, de extracción panista y que fue uno de los pocos en hace cuatro años –en su primer periodo como edil- se negó a bursatilizar el impuesto vehicular y salvó a los boqueños de una losa en sus espaldas.
Yunes Márquez afirma que es una “tontería” tal intención pero no debe olvidar que el gobierno estatal se conduce con ocurrencias, que es lo mismo que una tontería pero elevada a acción pública y entonces la “tontería” va en serio y más le vale que afine su equipo de asesores legales para que promueva la controversia constitucional que advierte. Y no solo él sino el resto de los ediles deberán recurrir al Poder Judicial de la Federación para salvaguardar las potestades de los ayuntamientos consagradas en el artículo 115 de la carta magna.
Eso ultimo abrirá un frente más para el gobierno estatal, ahora contra los munícipes. Ya lo dijo el filosofo de Ciudad Juárez: ¿pero qué necesidad… de enterrarle el diente a las municipalidades ya de por sí en crisis por los excesos de quienes las tomaron como botines?. Lo mejor sería que se elimine la corrupción, se castigue a los saqueadores, se recupere el tesoro público y se lleve una administración austera. Con ello no habría necesidad de despojar a los municipios de sus ingresos vitales.
NÓMINA PARTIDISTA
Y en el mismo tema de las crisis municipales hay un caso peculiar que muestra los desatinos y desajustes en la conducción de los ayuntamientos. El caso es en Tomatlán, municipio ubicado en la zona centro y cuyo alcalde, Daniel Reyes Prado, de extracción panista, decidió imitar a su homólogo de Córdoba, Tomás Ríos Bernal, y la primera acción que hizo al iniciar su gestión fue aumentarse el sueldo de 32 mil a 40 mil pesos mensuales, además de autorizar incrementos salariales para el síndico y el regidor de la comuna.
Pero lo anterior sería algo pequeño si se considera que además decidió saturar la nómina al contratar más de 40 empleados en diversas áreas y así duplicó el número de trabajadores en este pequeño ayuntamiento -pasando de 45 que dejó la administración anterior a 80 que ahora se cargaron a la tesorería- La contratación de más empleados no hizo más eficiente el desempeño del ayuntamiento sino que sólo engrosa la nómina, la cual se convertirá en insostenible en breve tiempo.
El argumento que el mismo edil expone entre sus allegados es que los cuarenta nuevos empleados son el “pago de cuotas de campaña” o sea está contratando a los que laboraron en la etapa electoral y entonces, se entiende, que la conducción de esa municipalidad es en base a criterios partidistas no administrativos. Mal para el pueblo que tiene que costear los compromisos de Reyes Prado. Y además, como se decía líneas arriba, en breve se hará insostenible ese “pago de cuotas” pues si se considera que en este año se ejercerá un presupuesto de 14.5 millones de pesos -uno de los más raquíticos de la entidad- la nómina municipal ocuparía casi el 60 por ciento de ese monto.
El otro 40 por ciento tendría que dividirse en el resto de gastos administrativos y en aportar poco más de un millón de la deuda pública que se arrastra desde hace dos trienios -precisamente por la bursatilización del porcentaje correspondiente al impuesto vehicular y la corrupción imperante en las comunas anteriores-, por lo que no habrá dinero para hacer obras ni ofrecer servicios de calidad a favor de los habitantes.
Por si lo anterior fuera poco, en los pasillos del Palacio municipal se pregona que adicional al gasto por esa “cuota partidista” para los simpatizantes de Acción Nacional, el alcalde decidió otorgar un sueldo especial e invisible -porque no ocupa cargo formal sino sólo es aviadora- a una ex regidora del lugar, también panista, que reclama la cobertura de “gastos” de la campaña electoral pasada. Habrase visto. Así, la nómina en el municipio de Tomatlán está comprometida y sometida a caprichos partidistas y los contribuyentes tendrán que pagar los sueldos de estos zánganos. Un delito a todas luces.
Vaya calamidad para los lugareños de Tomatlán que habían aplaudido la derrota del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 2013 y la llegada de un edil de oposición para recomponer el tiradero que dejaron los últimos dos alcaldes del tricolor. El poblado no sólo tiene las arcas vacías sino físicamente están en situación de desastre pero, al parecer, el gozo se fue al pozo y la vox populi señala que el nuevo edil será la versión azul de sus ineficientes antecesores.
IGUAL QUE SALINAS
Al igual que lo hizo el innombrable de los innombrables, Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio presidencial, ahora el copetón Enrique Peña Nieto regresa a los pactos para calmar la insurrección social que se prevé con todos los excesos que vendrán con las famosas reformas estructurales. En voz de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció ayer el Acuerdo de Certidumbre Tributaria con el cual se compromete a no promover nuevos impuestos hasta el 2018.
El texto de ese “pacto fiscal” es engañoso porque en el compromiso para no modificar los gravámenes ya existentes, plantea no aumentar ni reducir los privilegios fiscales y con ello, garantiza que las grandes empresas evasoras del fisco no serán molestadas y por ende, continuarán con sus estrategias de evadir impuestos usando las artimañas de siempre. Tampoco dice nada de las secuelas de las leyes secundarias de las famosas reformas ni plantea los términos para tratar fiscalmente a los que se hagan de patrimonio energético.
De allí que los que seguirán bajo escrutinio impositivo serán los pequeños contribuyentes mientras que los grandes corporativos seguirán disfrutando del paraíso fiscal. ¿Hasta cuándo se sostendrá este famoso pacto cuasi-salinista? Los observadores afirman que hasta que los ingresos de la Federación se extingan una vez que vengan las consecuencias de la reforma energética y los hidrocarburos -petróleo y gas- pasen a ser propiedad de los empresarios nacionales y extranjeros.
La bonanza económica que pregona el peñismo, ahora aderezada con el pacto tributario que se propone en el acuerdo de Videgaray hacen recordar cuando Carlos Salinas de Gortari repetía que los mexicanos ya estaban en el “primer mundo” y que el país competía en economía y bienestar social con Estados Unidos y las naciones europeas. Por eso no hay que creerle mucho al gobierno peñista porque el desengaño no tardará en llegar.
