Por Andrés Timoteo / columnista
LA TAREA FEMINISTA
Marzo, el mes de la mujer, inició con dos triunfos del activismo feminista, uno en el plano nacional y otro en el local. Ambos relacionados con el proceso electoral que transcurre. En el primero, las mujeres lograron ponerle un primer cerco al “toro” que presumía no tenerlo, es decir al morenista Félix Salgado Macedonio acusado de haber violado al menos cinco mujeres y que era el candidato del partido marrón a la gubernatura de Guerrero.
Sostenido a ultranza por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien se dice es su compadre pues el senador con licencia bautizó a su hijo menor, Salgado Macedonio sufrió un revés la semana pasada cuando la Comisión de Honor y Justicia de Morena anuló su postulación y ordenó reponer el proceso electivo para nominar nuevamente al que contenderá por el gobierno guerrerense.
No obstante el golpe recibido, éste se dio de forma un poco marrullera porque la misma comisión lo exoneró a priori al considerar “infundadas” las acusaciones de violencia sexual contra las mujeres” y además no le canceló la posibilidad de que Morena lo vuelva a postular. Es más, Salgado Macedonio volvió a inscribirse como precandidato ahora en el nuevo proceso y cuyo ganador deberá conocerse antes del viernes.
Claro que puede ser nominado nuevamente, aunque eso supondrá un descredito para los órganos partidistas de Morena y volverá a levantar al feminismo en su contra. Ya se verá si la voluntad presidencial se impone sobre el sentido común y la ética. Por lo pronto, meter a ese semoviente en un corral es una victoria para las mujeres -no solo las morenistas sino en general- que percibieron el agravio por tal candidatura.
A nivel estatal, las mujeres también se anotaron un triunfo con la cancelación de la precandidatura de Jesús Alberto Camacho Carranza la diputación federal en el distrito XV por el Movimiento Ciudadano (MC) acusado de intentar violar y amenazar de muerte a una mujer. La dirigencia estatal del MC ya no lo abanderará. Pero hay tanto por hacer en eso de atajar a los violentos contra las mujeres e impedirles que accedan a cargos de representación popular.
La semana pasada, por ejemplo, la agrupación feminista “Brujas del Mar” reclamó en las redes sociales a la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que uno de sus precandidatos sea un abusador de mujeres. Se trata del exalcalde de Medellín de Bravo, el expriista Marcos Isleño Andrade quien en noviembre del 2013 golpeó salvajemente a su pareja extramarital y tuvo que ser hospitalizada por las lesiones. Hay una denuncia ante la Fiscalía estatal que sigue sin ser desahogada.
Aun con ese antecedente, el PVEM en alianza con Morena volvería a nominar a Isleño para la presidencia municipal. Por supuesto que ahí está otro frente de batalla abierto -y declarado ya- por las feministas. La cuestión es si la alianza PVEM-Morena se aventura a postularlo enfrentándose al señalamiento de las activistas y posiblemente a su movilización abierta. Y no es el único precandidato de esa alianza partidista que arrastra la fama de ser agresor de mujeres.
DE LA CADENA AL CERCO
En Córdoba hay otro de la misma ralea que también busca la alcaldía. El diputado local con licencia, Rubén Ríos Uribe sería el candidato de la alianza verde-marrón a pesar de que desde octubre del año pasado está denunciado ante la Fiscalía General por tundir a golpes y patadas a su pareja sentimental, Andrea Ramírez Soto, quien también hizo la denuncia mediática exhibiendo una fotografía con las heridas que le propinó.
Dicho caso está más peliagudo porque a Ríos Uribe lo arropa el grupo político que lideran el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín y el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, consentidos del gobernante en turno, Cuitláhuac García, y por lo tanto muy influyentes en el mundillo político de la aldea. Vaya, la impunidad que le quieren dar es tanta que hicieron que la propia Fiscalía escondiera el expediente de la denuncia por la agresión física contra su pareja.
Además, Ríos Uribe también tiene un procedimiento en su contra por violencia política de género contra una diputada panista a quien discriminó y marginó en los trabajos parlamentarios. O sea, hay dos antecedentes jurisdiccionales que pesan sobre él y que, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) lo harían inviable para ser candidato a un cargo de representación popular. Ahí está otra tarea para las feministas, lograr que la Fiscalía no destruya el expediente de denuncia y que el partido en el poder no se atreva a postular a un agresor de mujeres.
En el sur del estado está otra situación paralela, la del diputado federal Manuel Gómez Ventura, también de Morena, quien pretende reelegirse en la curul y volvería a ser postulado a pesar de que desde mayo del 2020 fue denunciado por propinarle una golpiza a una de sus vecinas cuando se encontraba en estado de ebriedad. La Fiscalía veracruzana tampoco ha ejercido ninguna acción contra el legislador golpeador.
Y así se acumulan los casos de agresores de mujeres protegidos por – ¡oh paradoja! – otra mujer, la fiscala Verónica Hernández Giadáns, cuya posición debería ser otro blanco de las feministas que no obtienen sororidad de la funcionaria y su posición en ese espacio de poder es una oportunidad perdida para castigar la violencia contra las mujeres que en algunos casos es extrema como las decenas de feminicidios acumulados bajo su gestión al frente de esa instancia de procuración de justicia.
Mientras tanto, la agrupación “Brujas del Mar” convocó a una movilización para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que denominaron “Jarochas en cadena contra la violencia machista” que es una ‘cadena humana’ -personas del brazo o tomadas de la mano- que iniciará donde se ubica la bandera monumental del bulevar Manuel Ávila Camacho en el puerto de Veracruz con dirección al malecón norte.
Es un acto simbólico, claro, pero no debe sustituir al activismo real y necesario en estos momentos de definiciones partidistas y electorales. Esa cadena humana se debe convertir en un cerco contra los violadores, golpeadores, discriminadores, acosadores y potenciales feminicidas que buscar un cargo público y que son tolerados y protegidos desde las estructuras de poder, sean partidistas o de gobierno.
EL DISTRACTOR ZORRUNO
El zorro promete que no se comerá las gallinas, aunque lo dejen solo y a su voluntad en el gallinero. Así puede interpretarse el famoso “Pacto por la Democracia” ideado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y al que llama a adherirse a los gobernadores y otras autoridades para no intervenir en el proceso electoral vigente en el país. Es, por supuesto, una interpretación graciosa y a la vez muy certera sobre todo porque el gallinero ya está rodeado de los depredadores listos para darse un festín con el pollerío.
Hay que leer con precisión el contenido del Acuerdo Nacional por la Democracia que del tabasqueño y que replican como un catecismo los gobernadores morenistas porque en sus mismas líneas está la trampa. Para comenzar, si hay un marco legal vigente, instituciones electorales operativas y un gobierno o gobiernos en el caso de las entidades que se dicen respetuosos de las anteriores, no se requiere ningún acuerdo adicional. Sale sobrando.
Es ilógico tener una norma supralegal que además no tiene sanción o subsecuencia si alguien la viola. Suena a una suerte de sedal mediático para dos cosas: tratar de evidenciar al del frente y justificar las acciones propias. Lo contradictorio es que el mismo “Pacto por la Democracia” otorga al tabasqueño y a los mandatarios estatales la facultad de intervenir en los comicios como sí fueran una suerte de árbitros paralelos
López Obrador dice que él será el “principal amigo y defensor de las libertades del pueblo”, algo que ya está escrito de alguna forma en la Constitución, pero ahora lo lleva al ámbito comicial para justificar su injerencia. Además, se compromete -y compromete a los gobernadores- a “denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de ‘cuello blanco’ para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o consciencias; a evitar el acarreo y el relleno de urnas”, dice el texto.
¿Y cómo lo hará?, ¿usando la fuerza pública?, ¿interviniendo directamente el día de la jornada electoral como un participante más?, ¿exhibiendo a candidatos, deteniendo a representantes partidistas o persiguiendo militantes? Los expertos afirman que es abrirle la puerta al Ejecutivo para que intervenga directamente y justifique el uso del aparato del Estado contra los que considera sus enemigos electorales. ¿Alguien creen que les mandará la Guardia Nacional a los operadores de Morena?
Ahí está otro punto. El Acuerdo Nacional por la Democracia contempla que el gobernante y los mandatarios estatales no apoyen a ningún candidato o partido político, no usen el presupuesto público con fines electorales, no solapen a los “tramposos” o “mapaches electorales” ni la falsificación de actas ni todas las prácticas ilegales y antidemocráticas. Entonces, López Obrador ¿guardará su ejército de ‘mapaches’ a los que llama “Siervos de la Nación” que ya están operando en todo el país?
¿Les amarrará las manos a los llamados ‘superdelegados’, o sea a los delegados de la Secretaría del Bienestar, que instrumentalizan los apoyos sociales a cambio de beneficios electorales?, ¿dejará de utilizar la vacuna anti-Covid para obtener votos a favor de los candidatos de la alianza Morena-PT-PVEM? Por supuesto que no y por eso ese “Pacto por la Democracia” es más bien un distractor zorruno.
Según lo informado, 25 de los 32 gobernadores del país ya lo han suscrito. Obviamente lo tenían que hacer para no caer en la celada de obviarlo. Ojo, la ciudadanía no debe engancharse en ese juego distractor, hay leyes e instituciones encargadas de arbitrar los comicios y a ellas habrá que sujetarse, no al voluntarismo de los funcionarios en turno que son mentirosos contumaces.
