LA INESTABILIDAD
A la mitad de su sexenio, el cordobés Javier Duarte de Ochoa ha renovado el 74.3 por ciento de las principales carteras del gabinete estatal. Es decir, ha cambiado las tres cuartas partes de sus colaboradores inmediatos. De los 17 que conforman su círculo cercano sólo cuatro han permanecido en sus cargos desde diciembre del 2010 cuando fueron presentados oficialmente aunque su permanencia no significa que estén exentos de pifias y críticas. Es más, al menos dos de ellos lo han metido en serios aprietos y lo extraño es que aún así los conserve a su lado.
La teoría política señala que cuando un equipo de gobierno no mantiene su permanencia -claro, hay cambios que la inercia del tiempo y la circunstancia obligan pero deben ser la excepción, no la regla- se dice que hay inestabilidad y eso es una antesala de la ingobernabilidad interna, es decir, la falta de autoridad del Ejecutivo para hacer que sus colaboradores hagan bien su trabajo. Los politólogos siempre han ponderado la sentencia de que si un mandatario no puede gobernar a su círculo inmediato, es imposible que pueda gobernar un pueblo.
En la entidad, muchos de los cambios en las secretarías estatales se dieron de forma obligada, cuando ya no pudieron sostener a sus titulares por los graves errores, el desprestigio, la “mano larga” y los bretes en los que envolvieron al propio titular del Ejecutivo, al cual convirtieron en el centro de la crítica nacional e internacional. Hay dependencias que ya rompieron el récord histórico de cambios de sus titulares y la que lleva la delantera es la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz (Secomver) con cuatro responsables en apenas tres años de administración. Al inicio del sexenio, el ex convergente Guillermo Herrera Mendoza fue conservado en el cargo.
Dicho funcionario estuvo en la misma cartera durante el último tramo de la fidelidad -pues colocado ahí para distraer recursos y obras hacia las campañas electorales del PRI, según lo reveló el innombrable en las famosas grabaciones telefónicas que se difundieron durante los comicios del 2010-, pero después fue removido y se nombró a Raúl Zarrabal Ferat quien también poco tiempo más tarde dejó la dependencia para contender por la diputación local en el distrito de Boca del Río. Su lugar lo ocupó el ex perredista y propietario del restaurante “Viníssimo” Francisco Valencia.
Éste fue enviado a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y al frente de Secomver -a la que cambiaron el nominativo por el de Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)- se nombró al cordobés Gerardo Buganza Salmerón a quien defenestraron vergonzosamente de la Secretaría General de Gobierno. Las otras dos dependencias que van a la zaga en el vaivén de titulares son la Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría General de Justicia. En la primera han pasado tres responsables: el ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel, quien ahora es delegado federal de la Sedesol, el ex presidente municipal de Tuxpan, Alberto Silva Ramos conocido anteriormente con el sobrenombre de “El Cisne”, el cual él mismo cambio a “El Pavo Real” cuando fue nombrado coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal y actualmente despacha en la citada dependencia el toluqueño Jorge Carvallo Delfín.
LA INMORALIDAD
En la PGJE fue nombrado inicialmente Reinaldo Escobar Pérez pero salió renunciado por las pifias judiciales respecto a las ejecuciones masivas de personas por parte del crimen organizado y a los homicidios de periodistas ocurridos en el año 2011. Su lugar fue ocupado por Amadeo Flores Espinosa, ex diputado federal por Huatusco pero éste salió peor que su antecesor pues convirtió a la fiscalía en un “cochinero” según palabras de su sucesor, el cordobés Luis Ángel Bravo Martínez, quien fue nombrado apenas en febrero pasado como tercer fiscal en lo que va del duartismo.
Escobar Pérez y Flores Espinosa son quizá los funcionarios duartistas más desprestigiados -junto con la ex vocera estatal, María Gina Domínguez- que tuvieron que salir por la puerta de atrás y a hurtadillas. Y hablando de la errática portavoz, tras su destitución se nombró a Silva Ramos al frente de Comunicación Social, siendo el segundo titular de esa oficina que cobró un poder inaudito y cometió varias de las peores pifias que llevaron a Duarte de Ochoa al desprestigio total. A su vez, la Secretaría General de Gobierno, la segunda oficinas más importante del estado, lleva dos titulares: Gerardo Buganza y ahora Erick Lagos Hernández -y de los dos no se hace uno-.
Ese mismo número de relevos hay en la Secretaría de Seguridad Pública con Sergio López Esquer y Arturo Bermúdez Zurita. También han registrado dos titulares la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con Tomás Ruiz González sustituido por el ex panista Fernando Charleston Hernández, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que inició con el oscuro Tomás Carrillo y ahora está con Manuel Martínez de Leo, la Secretaría de Salud con Pablo Anaya Rivera, también ex alcalde de Poza Rica y ahora con el cómico Juan Nemi Dib, quien a su vez inició como director general del DIF estatal pero le dejó el cargo a su paisana cordobesa Astrid Elías Mansur.
En la Secretaría de Turismo se cambió a Leticia Perlasca por Harry Grappa y en la Contraloría General del Estado fue destituido Iván López para nombrar a Mauricio Audirac Murillo, ex titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Los únicos cuatro colaboradores que siguen en sus carteras desde su nombramiento son Adolfo Mota en Educación, Nohemí Guzmán en Protección Civil, Marco Antonio Aguilar Yunes en la Secretaría del Trabajo y el ex panista Erick Porres Blesa en Desarrollo Económico. Y eso que a Mota se le vino la tormenta por el movimiento magisterial que lo obligó a esconderse varios meses así como el reciente escándalo por el desfalco por más de 6 mil millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación.
Y qué decir de Guzmán Lagunes que el año pasado cuando azotaron dos huracanes en la entidad la sorprendieron el fin de semana, no emitió alertas, no funcionaron los operativos de resguardo y perdieron la vida 12 personas. Mota y Guzmán hace tiempo que debieron ser despedidos pero ahí siguen por razones que nadie alcanza a conocer realmente. En toda esta serie de cambios se aprecia un común denominador: ninguno de los destituidos ha sido llamado a cuentas. Nadie ha sido puesto frente a un Ministerio Público pese a los señalamientos de ineficiencia, desidia, corrupción, daño patrimonial, incumplimiento de deberes legales o abuso de autoridad.
Ni siquiera se ha cumplido lo que marca el manual de la ortodoxia política que un mal colaborador que defrauda al jefe es desterrado. Al contrario muchos de ellos siguen en cargos públicos, reciclados en otras dependencias y los que no están en el gabinete, andan como si nada por allí dándose vida de reyes y gastándose por ahí lo que se robaron. El mismo Javier Duarte acaba de confirmar que a los recién destituidos Edgar Spinoso de la Oficialía Mayor de la SEV y Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas no serán investigados judicialmente pese a la fama pública de haberse enriquecido súbitamente. Entonces, ahí los politólogos se equivocaron porque eso no se llama inestabilidad sino inmoralidad.
PAGO DE FAVORES
Por cierto, el gobernante en turno también acaba de confirmar que el inefable Arturo Bermúdez Zurita, seguirá como titular de Seguridad Pública hasta la consumación de su sexenio. El cordobés prefiere retozar en el masoquismo manteniendo a su lado a uno de los personajes más desacreditados e ineficientes. Lo sostiene a pesar de que sus policías “acreditados” secuestraron y presumiblemente asesinaron al cantante amateur Gibrán Martiz y a otro joven que lo acompañaba. Lo ratifica aún cuando sus agentes han agredido a decenas de periodistas a lo largo de la entidad. Lo arropa pese a que en todo el estado fluyen señalamientos hacia sus policías, supuestamente coludidos en plagios, extorsiones y atracos, y lo que es peor, con la delincuencia organizada.
Lo protege sin importarle que el llamado Mando Único Policial del cual es responsable, haya resultado un fracaso en zonas que son cercanas a sus afectos como Córdoba, lugar del cual se dice adoptivo y Coatzacoalcos, de donde es su familia política. Le hace un valladar ante las voces que exigen su despido sin importarle que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le atribuye un desvío de 250 millones de pesos en el rubro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y otro más por 49 millones de pesos de la partida Apoyo a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública. ¿Qué tanto le deberá a Bermúdez o a las manos oscuras que lo sostienen y que lo sigue sosteniendo? Es un caso para la araña panteonera.
Para finalizar, ayer se volvió a confirmar que los cargos públicos en Veracruz son para pagar favores y no para servir al pueblo. Los priistas y aliados en el Congreso local designaron a la ex magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Yolli García Álvarez como nueva consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), luego de que una plaza quedara vacante con la salida del cordobés Luis Ángel Bravo para convertirse en el tercer procurador del sexenio.
El nombramiento de García Álvarez no es fortuito, ella además de ser protegida del diputado sonorense Manlio Fabio Beltrones también fue la que elaboró el proyecto en la Sala del TEPJE que en enero del 2013 echó abajo la alianza que pretendían conformar el PAN y el PRD para los comicios del año pasado. De tal suerte que ahora, ese favor al PRI se lo pagan con una consejería donde ganará 165 mil pesos mensuales durante los próximos seis años, algo así como 12 millones de pesos. Claro, esa cantidad se llevará la nueva consejera si no autorizan en el IVAI un incremento salarial en un futuro inmediato. Así son ellos.
