NO SORPRENDIÓ
Ayer el Juzgado Quinto del puerto de Veracruz dictó formal prisión a la periodista Marijose Gamboa acusada de homicidio culposo aunque el fallo no fue elaborado por el juzgador sino en palacio de gobierno y tampoco tiene como objetivo castigar la muerte de un joven que pereció en el accidente automovilístico ocurrido el sábado 12 de julio sino el periodismo crítico que ejerce la compañera columnista. Por eso no sorprende tal dictamen, lo inédito hubiera sido que se actuara conforme a Derecho.
Lo burdo sigue siguiendo la regla. No se preocuparon ni siquiera por guardar las apariencias. A pesar de que se retractaron de sus dichos iniciales tanto marinos como policías que fueron presionados para que inicialmente declararan que la periodista conducía su vehículo en estado de ebriedad y que se evidenció que los peritajes presentados por la procuraduría estatal están amañados, el dictamen fue el mismo que ordenó desde hace una semana el procurador Luis Ángel Bravo Contreras.
De hecho el juez nunca tuvo en sus manos la decisión ni de valorar las pruebas y testimonios ni de elaborar la decisión de mantener a Marijose en prisión pues ésta ya había sido tomada por el mismo Bravo Contreras el lunes de la semana pasada cuando incluso anticipó la sentencia con años de cárcel. El juez del caso es solo figura decorativa para firmar los documentos que se redactan por los cercanos al gobernante estatal. ¿Qué sigue?. Lo previsible. El amparo de la justicia federal, el cual se tardaron en solicitar los abogados defensores que, tal vez, esperaban la utopía de que se respetara la ley.
Mientras tanto Marijose seguirá en prisión, portando el uniforme naranja y le esposarán las manos cada vez que salga al exterior. Es parte del rejuego vengativo contra ella aunque más que una vergüenza es un timbre de orgullo. Todos esos elementos –el overol, las cadenas y la vigilancia extrema como si fuera una criminal de alta peligrosidad- solo confirman que es una presa por motivos políticos. Tal condición la enaltece y también eleva su prestigio porque está pagando con cárcel el derecho a la libertad de expresión. Es lamentable que esté encarcelada, si, pero es el riesgo que corre un periodista libre y honesto en Veracruz.
Esto nunca debería suceder si en el estado imperara la ley. Ella es el mejor ejemplo de la represión contra la prensa. Los que hoy escriben burlándose de su situación no saben lo que es arriesgar el pellejo por una causa, en este caso el periodismo. Escriben desde la comodidad de su buena relación con el poder, no saben lo que es redactar para informar y no para halagar, algunos tienen su futuro económico asegurado pero eso no los hace triunfadores sino abarroteros del oficio. Para los otros, para los que creen que informar es un derecho y una responsabilidad social, hoy Marijose está dando ejemplo de resistencia y eso eleva su estatura moral y periodística.
SOBERANOS LADRONES
Ya se hizo con los miles de propietarios de automóviles a los cuales se les prometió en campaña electoral eliminar el Impuesto sobre la Tenencia o Uso Vehicular (ISTUV) pero en lugar de eso se creó una versión local de ese impuesto que desapareció a nivel federal. Ya se hizo con miles de maestros y padres de familia cuando instruyó al congreso estatal para aprobar reformas a la Ley de Educación que canceló derechos laborales de los educadores y atenta contra la libertad a la instrucción pública gratuita. El reciente golpe fue contra los trabajadores en activo y jubilados que cotizan en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE)
La reforma a la Ley del IPE que lo diputados locales del PRI, PVEM, Panal, AVE y la diputada perredista Ana María Condado, aprobaron el viernes pasado es un agravio más contra los veracruzanos. Cien mil empleados en activo y 30 mil jubilados resentirán las consecuencias porque se les descontará más de su sueldo para tratar de sanear las finanzas del instituto que han sido saqueadas por funcionarios corruptos, disminuirán sus prerrogativas, perderán sus pensiones –vaya, como si éstas fueran millonarias- si tienen otro ingreso económico y de paso tendrán que trabajar cinco años más para alcanzar el derecho a retirarse con una mensualidad indigna.
En lugar de meter a la cárcel a los que han saqueado al IPE, decomisar sus fortunas y así reponer el dinero que era de los trabajadores, el gobierno estatal prefiere que los jubilados paguen por el desastre financiero. Es un atraco y como bien dijeron los manifestantes del viernes pasado: “son unos soberanos ladrones”. Y así como cuando se delinque se hizo el cambio a la ley, sin convocar a foros de discusión y ni siquiera hubo debate suficiente en la tribuna parlamentaria. Fue una votación rápida y furtiva mientras que la sede parlamentaria estuvo rodeada con policías para reprimir a jubilados que protestaban afuera. A ellos les lanzaron gases lacrimógenos y los caballos de la policía montada. No hubo consideración ni hacia los más ancianos ni enfermos.
A la represión física se adicionan las declaraciones insolentes y retadoras del líder charro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Nicolás Callejas que se rió de las protestas. Dijo que los inconformes no le preocupaban ni mucho menos el riesgo de un voto de castigo para PRI. Los dichos del también líder de la bancada priísta no tienen desperdicio porque, en primer lugar ilustran a la perfección lo que se piensa en el gobierno estatal y entre los diputados priístas y sus satélites: el pueblo que se joda.
En segundo porque se le debe de agarrar la palabra. Todos los agraviados por esta actitud grosera, abusiva e insolente deben escarmentarlos. La oportunidad ideal esta a la vuelta de la esquina y será por partida doble, en el 2015 cuando se realicen las elecciones para diputados federales y en el 2016 cuando se elija al gobernador que sustituya a Javier Duarte y así como a los actuales diputados traidores. Esto no significa que todos los afectados no puedan gritarles su precio a los legisladores abusivos, cada vez que se presenten ante ellos. Traicionaron hasta los de su especie pues muchos de los burócratas afectados son priístas.
Así, cuando lleguen a su colonia, a tocar la puerta de sus casas para invitarlos a un mitin, entregarles una cháchara o pedirles que voten por su partido, sabrán que tienen enfrente a un felón. Deben cuestionarlos, exigirles una explicación por votar en contra de sus intereses, por traicionarlos. El reclamo popular, tan valido y urgente. Los trabajadores que cotizan en el IPE no deben olvidar que ellos provocaron las peripecias económicas que tendrán en adelante por su salario descontado, sus pensiones miserables y el riesgo de terminar en la calle cuando termine su vida laboral. Eso se lo deberán a ellos que les robarán su dinero.
DOS TIPOS DE CUIDADO
Y hablando de ladrones, según versiones filtradas desde palacio de gobierno, este lunes se anunciará la llegada del fidelista y expanista Mauricio Audirac Murillo a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en sustitución de Fernando Charleston Hernández, quien renunció hace días argumentando motivos de salud. Audirac Murillo es el actual contralor general del estado y en el sexenio pasado se desempeñó como titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
El destino es irónico pues cuando finalizaba su periodo frente al Orfis y pretendía reelegirse en el mismo desde el gobierno estatal se le lanzó una campaña mediática para acusarlo de corrupción, de hacer negocios con el puesto de auditor y amasar una fortuna como producto del latrocinio. La magia de la conveniencia –y algunos dicen que del padrinazgo del innombrable- hizo que de la noche a la mañana su fama ante los duartistas cambiara y lo llenaron de elogios para convertirlo en titular de la Contraloría General del Estado.
Ahora al que acusaron de hacer negocios con los cargos públicos le darán la llave del cajón del dinero, y no hace falta ser un vidente para anticipar lo que sucederá: el poco dinero que haya lo desaparecerá y si no lo hay entonces se llevará los muebles, las computadoras y hasta las cortinas. Solo es cuestión de tiempo. En tanto, la segunda versión es que la Contraloría llegara un exyunista, el exalcalde de Pánuco, Ricardo García Guzmán, quien ya fue contralor del estado en el sexenio de Miguel Alemán Velasco cuando comenzó su fortuna personal a costa del erario.
En los comicios del 2010, García Guzmán formaba parte de los incondicionales del excandidato a la gubernatura por el PAN, Miguel Ángel Yunes Linares pero negoció con el gobierno estatal – la fidelidad- para abandonar la causa yunista y a cambio le perdonaron los desfalcos en el ayuntamiento panúquense –por los cuales se había abierto procesos de investigación- y lo incluyeron en la nómina pública como presidente del Instituto de Administración Pública de Veracruz. Traducción: otro que fue acusado de corrupción –por robarse el dinero, pues- lo ponen a vigilar los manejos de los recursos veracruzanos. Sin duda Garcia Guzmán y Audirac, son dos tipos de cuidado, si alguien se descuida le roban la cartera.
