Andrés Timoteo
Columnista
“EL COCHINERO”
Tiene razón el diputado local Omar Miranda cuando dice que en el congreso local se hizo un “cochinero” para defenestrar al alcalde panista de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez y la síndica, Yazmín Palmeros Barradas, ésta última en prisión, aprovechando la mayoría que tiene el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto con sus aliados -monetarios- para atropellar la Ley y orientarla a satisfacer intereses partidistas.
Ese desaseo legal lo acaba de evidenciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al revocar la suspensión del mandato municipal de forma temporal mientras se resuelve de fondo la controversia constitucional que interpusieron los afectados, aunque ya el “cochinero” expuesto está obligando a los dirigentes parlamentarios y funcionarios estatales a realizar maromas legaloides para justificarlo.
De entrada, alegan que no hay necesidad de restituir en su cargo a los ediles mientras no haya un fallo final, luego defienden las órdenes de aprehensión giradas a contentillo por la Fiscalía General y en el inter buscan encubrir la presión ejercida para que Alfredo López Carreto, suplente de Domínguez Sánchez, declinara el cargo y se nombrara al regidor, Eduardo Carranza, como alcalde sustituto tras acordar que sería un alfil del morenismo. Ahora, la apuesta -temeraria- de los creadores del embrollo es que nada se mueva bajo el argumento de que son ‘actos consumados’.
Por supuesto que el alcalde destituido, Paulino Domínguez, es un pillo de siete suelas, señalado de actos de corrupción y hasta de la autoría intelectual en el homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, atacado a balazos en agosto del año pasado, pero eso no justifica el retorcimiento de la Ley para dar golpes partidistas. Lo que hicieron contra el edil no fue un acto de justicia sino una andanada contra el grupo político que lo arropa y que es considerado enemigo del régimen estatal.
Al munícipe y a la síndica actopeños les aventaron todo el aparato legislativo y judicial para someterlos y quedarse con el control del ayuntamiento, pero con el fallo de la Suprema Corte el tinglado se comenzó a desmoronar. En evidencia están, por supuesto, los silvestres presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política en la legislatura, el cordobés Rubén Ríos Uribe y el tuxtleco Javier Gómez Cazarín, quienes sin conocimiento jurídico condujeron y consumaron el manotazo en Actopan. En ellos se cumple la advertencia de que la ignorancia es atrevida.
Pero el fallo provisional que cuestiona la validez constitucional de lo decidido en ese ayuntamiento apenas sería el avistamiento de lo pendiente, porque de igual forma se enlodó el proceso legislativo para la destitución del anterior fiscal, Jorge Winckler, el nombramiento provisional de Verónica Hernández y luego su ratificación en la Fiscalía plagada de irregularidades. Los conocedores anticipan un posible revés si es que priva el respeto al estado de derecho. Habrá que esperar.
çLo cierto es que tanto en Actopan como en Mixtla de Altamirano, donde también se disolvió el ayuntamiento para nombrar un concejo municipal, las decisiones legislativas fueron desastrosas para los pobladores. Los que fueron nombrados al frente de las comunas -Eduardo Carranza en Actopan y Crispín Hernández Sánchez, quien encabeza a los concejales en Mixtla de Altamirano- resultaron más granujas que sus predecesores.
Ambos emprendieron la persecución contra empleados municipales y agentes y subagentes por cuestionar y denunciar el manejo discrecional del presupuesto, la contratación de compadres y amigos y los negocios con la obra pública y proveeduría. Estos señores llegaron a robar a manos llenas y los bien enterados afirman que parte del botín lo transfieren a funcionarios estatales, como “cuota de recuperación” por haberlos colocado en los cargos edilicios.
Tan sólo en Mixtla de Altamirano ya la población exige desaparecer al concejo municipal y llevar a tribunales a los integrantes del mismo que, según los lugareños, se han robado más de 20 millones de pesos en menos de un año de funciones. Cochinos y trompudos son ellos y quienes los pusieron.
YA SON INSERVIBLES
Primer ejemplo. El 30 de marzo del 2019 fue asesinado en el interior de su domicilio en la colonia El Sumidero, de Xalapa, el abogado y sociólogo, Abiram Hernández Fernández, quien también era colaborador de la Universidad Veracruzana (UV) y activista acompañante de diversos colectivos de lucha por los derechos humanos. Su crimen fue con sevicia, pero no tuvo que ver con su activismo ni con su profesión, pues las indagatorias apuntan hacia asuntos del ámbito personal.
Es decir, el homicidio de Hernández Fernández no fue cometido por el crimen organizado, aunque eso no le resta gravedad ni impacto social. Por supuesto que indignó -y sigue indignando- a todos y hubo la exigencia para que se investigara y se castigara a los responsables. Ha pasado un año y dos meses sin justicia ni para la víctima ni para sus familiares que son víctimas indirectas.
Claro, es uno de los miles de asesinatos que siguen impunes en Veracruz, pero lo específico es que éste fue utilizado por el gobernante en turno, Cuitláhuac García, para fustigar directa y permanentemente al entonces fiscal general del estado, Jorge Winckler, señalándolo de no investigarlo ni esclarecerlo. En al menos cinco ocasiones lo usó como ballesta para mostrar que el oaxaqueño Winckler no hacía su trabajo y debía ser removido.
Lo hizo hasta septiembre del año pasado cuando fue removido Winckler Ortiz y se nombró a una sustituta a modo, la tuxtleca Verónica Hernández Giadáns. Desde entonces, García Jiménez entró en un mutismo total sobre el tema. Ni exigencia para la Fiscalía General ni promesas para la familia Hernández de que se haría justicia ni una sola palabra al respecto. Y no sólo él, sino que también se silenció todo el coro que en el 2019 lo imitó en la petición airada de que el homicidio fuera esclarecido.
La nomenclatura de viejos “activistas” calló a conveniencia. La más evidente es, quizás, la antropóloga y compañera de luchas de Abiram Hernández, Mayra Ledezma Arronte, a quien premiaron con el ingreso al organigrama estatal -la pusieron al frente de un entuerto llamado Dirección de Cultura y Paz que de cultura no tiene nada ni mucho menos de promoción de la paz-, y que desde el cambio del titular de la Fiscalía también se quedó muda. La señora se olvidó de su ex camarada asesinado y se dedica a gozar de la nómina pública. Y así muchos otros activistas en decadencia.
Pues bien, el caso de Abiram Hernández fue utilitario para el gobernante en turno. Lo usó mientras le era útil para el golpeteo contra un personaje incómodo y luego lo desechó. Llegó el primer aniversario del crimen -ya con seis meses de gestión de la nueva fiscala- y sigue sin resolverse. Abiram ya no les sirve, que se quede en su tumba.
AD PERPETUAM
Segundo ejemplo. Que ya es clásico en la historia reciente de Veracruz. La madrugada del primero de diciembre del 2018, un exultante Cuitláhuac García dirigió un largo discurso en la sede del Congreso local, inmediatamente después de asumir el cargo de gobernador, y en el hondeó una de sus banderas de campaña para entusiasmar a la gente, especialmente a las víctimas de la violencia en la entidad.
“Pueblo de Veracruz, tenemos otra tarea pendiente y hoy es más que urgente. La asumo como responsable del Poder Ejecutivo del Estado. Me duele, nos duele haber llegado a estos extremos. El estado fallido quiso esconder, en sus rincones burocráticos de supuesta justicia, retardada y torpe, con irresponsables por decir lo menos (sic), acontecimientos que lastimaban a miles de familias que dejaron de tener noticias de sus seres queridos no porque se ausentaran, sino porque fueron desaparecidos.
Ahora no solo manifestamos tener la voluntad política en este gobierno para atender la problemática. Si no (sic) que nuestro gobierno acepta y reconoce que a las víctimas no se les ha hecho justicia y que lo más importante y urgente es brindar a las personas justicia, verdad y reparación y en ese contexto localizar a todas las personas desaparecidas”, aseveró antes de emitir la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas”.
La alocución la cerró con palabras melodramáticas. “Madres veracruzanas y familias de seres, tesoros, que hoy no están con ustedes por desaparición (sic). Ustedes me han hecho saber que llevan ese pesar en su corazón y les digo: ahí donde hay dolor, hoy se fortalece la esperanza de la verdad; ahí donde quiere habitar la tristeza para siempre, hoy nace una nueva luz por quienes físicamente no están; Abriguemos la esperanza porque los vamos a buscar hasta encontrarlos”.
Un año y medio después, a García Jiménez le aqueja el adagio aristotélico de que el hombre es esclavo de sus palabras, además de la contradicción y la mentira expuesta. Ninguno de esos “tesoros” – ha sido localizado, no hay justicia para ellos, tampoco esperanza, ni luz, ni verdad, ni reparación para sus familias. Toda la palabrería de aquel primero de diciembre del 2018 se fue al caño.
¿Qué se tiene al momento? El recorte de hasta el 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el nombramiento de una cocinera al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda, el desaire a los colectivos que buscan acercamiento con los ejecutivos estatal y federal, puertas cerradas, guaruras armados y campañas de ataques mediáticos contra los que exigen justicia. Y el colofón oprobioso: ya ex carcelaron y ex culparon a los desaparecedores, duartistas principalmente. Estas víctimas tampoco le sirven a García Jiménez, pueden seguir extraviadas ad perpetuam.
