CASTIGAR AL PERIODISTA
Hoy ocupo este espacio y al mismo tiempo ofrezco una disculpa por escribir en primera persona –algo que las reglas periodísticas recomiendan no hacerlo si no es necesario- para tratar un tema sumamente delicado que involucra al gremio periodístico y retrata la manera facciosa de aplicar la justicia en Veracruz. Es un tema del cual esta casa editorial, El Buen Tono al igual que otros medios informativos de la entidad no son ajenos porque han padecido también esa forma parcial y hasta corrupta de procurar justicia. Ellos han conocido de intentonas para callarlos y de la impunidad en favor de sus atacantes cuando se demanda justicia.
Se trata del caso de la compañera columnista de Notiver, periódico editado en el puerto de Veracruz, Marijose Gamboa Torales, quien también era, hasta hace unos días pues ya solicitó licencia para separarse momentáneamente del cargo, directora del Instituto Municipal de la Mujer en el ayuntamiento de Boca del Río, donde se ocupaba, entre otras cosas, de defender los derechos humanos de este grupo poblacional, apoyar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y desarrollar proyectos productivos para allegarles fuentes de trabajo e ingresos.
A Marijose la conozco desde años y puedo asegurar que es una de las escasas periodistas honestas, sumamente críticas que no temen publicar la verdad pese a los riegos que conlleva y que siempre ha hablado a favor de los débiles, los grupos olvidados y de las personas que sufren injusticias. Eso le ha acarreado todo tipo de acosos. El historial es abultado. Primero fue despedida del programa de radio que tuvo durante muchos años en la empresa Grupo FM a petición de la entonces vocera estatal, María Gina Domínguez, misma que también logró que la echarán del noticiero de televisión por cable, Meganoticias, de la empresa Megacable que se realizaba en el puerto de Veracruz.
En mis columnas di cuenta de esas arbitrariedades pues hubo fuentes –funcionarios algunos de ellos- que confirmaron la petición de la señora Domínguez a los empresarios para que despidieran a Marijose por “atacar” al gobierno estatal. Más tarde, su domicilio –vive sola con su hija- fue allanado por desconocidos quienes le dejaron como recado una muñeca enterrada en el jardín, la cual estaba sin ojos y atravesada con un cuchillo. Afortunadamente ambas no se encontraban en su casa cuando ingresaron los delincuentes, y para variar, hasta la fecha la autoridad no los ha localizado ni castigado. Es parte del acoso extremo. Tras este suceso, Marijose tuvo que irse a vivir un tiempo al edificio de Notiver, donde es columnista, como medida de seguridad.
A los despidos laborales y el ataque a su domicilio se sumó una intensa campaña de lodo en las redes sociales – a través de cuentas anónimas en Twitter, Facebook y correos electrónicos- para denigrar su persona no su oficio como periodista. Se atropello su vida privada y familiar, y estas injurias se intensificaron cuando aceptó la invitación de Acción Nacional para contender a la diputación local por el distrito de Boca del Río. La campaña de injurias vino, por supuesto, desde el gobierno estatal, ordenada, en ese tiempo por María Gina Domínguez. En las elecciones estatales del año pasado, el candidato del PRI, Raúl Zarrabal, ganó a la mala la diputación con el tradicional fraude pues se ocuparon enormes cantidades de dinero para comprar la voluntad popular.
Posteriormente Marijose fue invitada a hacerse cargo del Instituto Municipal de las Mujeres del ayuntamiento de Boca del Río, donde trabajaba hasta el pasado fin de semana cuando ocurrió la tragedia que ha sido difundida ampliamente. La madrugada del sábado 12 de julio, Marijose se dirigía a recoger a su hermana en un domicilio de Boca del Río y atropelló a un joven identificado como José Luis Burela López, sobre el bulevar Miguel Alemán. El joven atravesó intempestivamente la vía vehicular, sin usar el puente peatonal y falleció al ser impactado por el coche de la periodista.
Ella no huyó del lugar, como hubiera hecho cualquier persona para evitar problemas, sino que decidió quedarse y llamó a las autoridades de la Dirección de Tránsito de Boca del Río para reportar el accidente y pedir que envíen paramédicos que auxilien a José Luis Burela, aunque al llegar éstos se comprobó que estaba sin vida. Entonces, los agentes trasladan a Marijose a las instalaciones de esa dependencia y le practican los exámenes pertinentes, entre ellos la prueba del alcoholímetro, la cual sale negativa. Es decir, no iba ebria, según certifica la médico que la atendió.
A la periodista la ponen a disposición del agente primero del ministerio público, Eduardo García San Martín, quien le fija una fianza de 350 mil pesos para salir en libertad provisional pues el homicidio fue imprudencial y tiene derecho a enfrentar el juicio en libertad, además de que aliciente de que ella no huyo del lugar sino que se quedó para auxiliar a la víctima. Sin embargo, llega a la agencia ministerial Enoc Maldonado, funcionario de la Procuraduría de Justicia y con el negro historial de ser el encargado de levantar los tinglados, crear “chivos expiatorios” y difundir mentiras en los casos de los homicidios de los periodistas Regina Martínez –de la que dijo tenía una relación amorosa con sus asesinos y ella misma les abrió la puerta para que la asesinaran- y Gregorio Jiménez de la Cruz –de quien difundió que lo mataron por un pleito con su vecina -, negando que ambos crímenes tuvieran relación con el trabajo periodístico de los compañeros.
Maldonado se encierra en la oficina del agente ministerial y ¡oh sorpresa!, una hora después éste se niega a aceptar la fianza que él mismo había fijado y de allí, todo cambia.. Llega un médico de la ciudad de Jalapa que levanta un peritaje donde dice que Marijose manejaba alcoholizada y con temeridad, y lo hizo sin practicarle los análisis clínicos pues la compañera se negó a someterse a los mismos si no se elegía a un laboratorio confianza. La ley prevé que los inculpados pueden negarse a exámenes de sangre y toxicológicos cuando estos puedan usarse para incriminarlos.
Le negaron el derecho a llamar a un laboratorio independiente bajo el argumento de que las muestras las llevarían a Jalapa –si lo hubiera aceptado las mismas hubieran arrojado que consumió droga y padece Ebola pues Maldonado es experto en fabricar pruebas falsas-. Así, le negaron la libertad bajo caución, la dejaron detenida y el lunes por la mañana la trasladaron a un centro de reclusión provisional que llaman “El Penalito”. Hay que recordar que el reclusorio Ignacio Allende del puerto de Veracruz fue desmantelado porque el exgobernador, el innombrable, se lo dio como escenario al actor hollywoodense Mel Gibson para grabar una película en el 2010 y desde entonces no hay penal en la ciudad.
Ese mismo lunes, el procurador Luis Ángel Bravo Contreras convocó a una conferencia de prensa ¡¡en el salón principal de palacio de gobierno en Jalapa!!. No lo hizo en la sede de la PGJE ni en la subprocuraduría de Veracruz donde se supone se lleva el caso. Así se confirma que el expediente judicial contra Marijose Gamboa fue atraído por la política y alejado del Derecho. En su conferencia, Bravo desestimó a priori los peritajes de la Dirección de Tránsito de Boca del Río y anticipo ¡¡como si fuera un juez!!, que a la periodista le darían entre 6 y 15 años de prisión.
Claro, para lo anterior se basa en un interpretación sesgada del Código de Procedimientos Penales para el estado el cual, efectivamente establece la negativa de la libertad bajo fianza y esos años de prisión para los conductores que provoquen la muerte de un peatón…pero a los que manejan autobuses de pasajeros o de carga, no los particulares. A Marijose le quieren aplicar el castigo de un chofer de autobús que atropella a un transeúnte. A la par, insisten en que estaba intoxicada por consumir alcohol. Toda una farsa y hay elementos probatorios para refutarlos pero que la PGJE se niega a aceptar.
Paralelamente desde el fin de semana se lanzó una campaña mediática y en redes sociales sin precedente en las historia de Veracruz para enlodar aún más a la periodista. La acusan de “asesina” en columnas periodistas y aplauden que la encarcelen por 15 años. En Twitter, Facebook y correos electrónicos se difunden cosas peores que rayan en lo inmoral. Hasta fotomontajes de la compañera desnuda e ingiriendo bebidas alcohólicas han divulgado al igual que las fotografías del cadáver de José Luis Burela, cosa indebida tanto legal como moralmente.
Y por si alguien duda que el aparato estatal intenta arrollar a la compañera columnista, aparece en la escena otro personaje de negro historial, ligado a la fidelidad y que es ocupado cada vez que se necesita enlodar a un enemigo del gobierno: el abogado Jorge Reyes Peralta, quien asumió la supuesta defensoría de los familiares de la víctima pero que en realidad fue contratado por el gobierno estatal para hundir a la comunicadora. Vaya lo que son las ironías de la vida, apenas en el 2011, Reyes Peralta denunció penalmente Luis Ángel Bravo Contreras cuando era presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y lo señaló de ser parte de una “cofradía de infieles y traidores”.
Lo acusaba de corrupto e incluso lo llegó a arremeter con El Buen Tono, luego de que se difundieron versiones de que Reyes Peralta servía a los intereses de la delincuencia. Ahora, Bravo y Reyes Peralta trabajan juntos, hacen el uno-dos para atacar a Marijose Gamboa. No hay duda que el mínimo rasgo de dignidad se pierde cuando los intereses son muy grandes e inconfesables. En fin, el relato anterior, amables lectores, es para exponer el abuso de autoridad que se da en el caso de Marijose Gamboa a la que quieren castigar no por el delito de homicidio imprudencial sino por su ejercicio periodístico que es sumamente incomodo para el gobierno estatal.
Lo que debió desahogarse en los tribunales y con apego a la ley –nunca se ha pedido trato especial ni impunidad para Marijose, al contrario que se resuelva conforme a Derecho porque ella misma está dispuesta a aceptar el veredicto imparcial de un juez- se transformó en un intento de venganza política hacia una periodista, a la cual, por cierto, acaban de exhibir el martes pasado con el uniforme naranja de los presos, con esposas en la mano y custodiada de decenas de policías –como si fuera un criminal de alta peligrosidad- al ser llevada ante el Juzgado Quinto para hacer su declaración. . El afán es exhibirla, desacreditarla y mantenerla en prisión por escribir la verdad y por no someterse a la censura ni caer en el halago hacia los funcionarios.
Es muy peligroso permitir que se salgan con la suya los que intentan callar a Marijose y escarmentarla por el ejercer un periodismo crítico. Si lo logran, después no habrá quien los detenga. Hoy es Marijose Gamboa que por una tragedia imponderable quedó en sus manos y es víctima de la venganza política, después podría ser cualquier de nosotros. Eso es lo que sucede en Veracruz, a la justicia –recurriendo al ícono de la mujer vendada de los ojos y con una balanza en la mano- la secuestraron, amordazaron y escondieron para que alguien más usurpe su lugar con el fin de repartir venganzas personales. Por ética eso debe denunciarse, eso deben saberlo los lectores de El Buen Tono y la opinión pública en general.
