MALA CARTA
Vaya que el nuevo procurador de Justicia de la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, está empeñado en dinamitar las expectativas que se dieron con su llegada a esa dependencia, pues se esperaba que recompusiera las cosas y limpiara el “cochinero” –según sus propias palabras- que le había dejado su antecesor, el inefable Amadeo Flores Espinosa, pero no es así, y al contrario, se está rodeando de indeseables. La última ventolera del fiscal se dio ayer con el nombramiento de Alberto Linares Vernet como coordinador de las agencias del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Si se recurre a una fábula para comparar la llegada de Linares Vernet a esa encomienda, entonces se puede asegurar que es como si se pusiera al coyote a cuidar del gallinero, pues este señor lleva consigo una carta de presentación nada decente, y que lo inhabilita éticamente para ocupar el cargo. Linares fue el encargado de desechar sospechosamente la denuncia penal que en el año 2010, presentaron varios diputados locales contra el entonces alcalde de Córdoba, Juan Lavín Torres, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por casi 26 millones de pesos.
Según se recuerda, María de los Ángeles Sahagún Morales, diputada panista originaria del distrito de Córdoba -y actual secretaria particular del alcalde panista, Tomás Ríos Bernal-, junto con los legisladores Sergio Vaca Betancourt y Alfredo Tress Jiménez, entonces del partido Convergencia, denunciaron a Lavín ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de 3.4 millones de pesos en la compra de un predio en la Sierra del Gallego donde se ubicaba el manantial de agua que abastecería del líquido a la Ciudad de los Trenta Caballeros. Para ello, de la tesorería cordobesa se dispusieron esos 3.4 millones de pesos, pero en las escrituras del predio, localizado en el municipio de Ixhuatlán del Café, se establece que fue una donación “a título gratuito”.
La deducción fue que ese dinero lo saquearon de las arcas tomando como pretexto la falsa compra de ese terreno. Además, a Lavín se le acusaba de desviar otros 22 millones de pesos del Ayuntamiento, principalmente de las ministraciones correspondientes a la famosa bursatilización del Impuesto sobre la Tenencia o Uso Vehicular (ISTV). El expediente de la denuncia penal lo llevó el entonces agente del Ministerio Público de la Federación en el distrito judicial de Córdoba, Alberto Linares Vernet, quien sin estudiar siquiera el caso, ni llamar a declarar al alcalde Lavín Torres, desechó la querella argumentando que era improcedente.
En aquel momento, Tress Jiménez pidió públicamente que se investigara a Linares Vernet por corrupción, pues la deliberación para invalidar la denuncia fue anormal y sugirió que habría recibido presiones, la instrucción expresa de protegerlo, o de plano, había sido comprado para emitir un fallo a modo. ¿Seguirá sosteniendo esa tesis Alfredo Tress ahora que está del otro lado de la cancha, es decir, que regentea el fidelista partido Alternativa Veracruzana? Pues bien, el haber protegido al ex edil cordobés Juan Lavín es la mala carta de presentación que Linares Vernet lleva a la PGJE. Y si se prestó a la jugarreta de exonerar a uno de los alcaldes priístas más cuestionados de los últimos tiempos, habrá que imaginar lo que hará al estar a cargo de los agentes que conducirán las denuncias cometidas por servidores públicos.
Bravo Contreras pretende sorprender a la opinión pública al describirlo como una excelente adquisición en el organigrama de la fiscalía. “Éste es uno de los cambios que hacía falta integrar en mi equipo de trabajo, tiene toda la experiencia y mi confianza para llevar a buen puerto esta importante área”, dijo casi eufórico al presentarlo, pero la lectura de tal nombramiento es que todos los funcionarios que incurran en actos de corrupción, y cuyos expedientes lleguen a manos de Linares Vernet, tendrán la posibilidad de ser beneficiados con el manto de la impunidad. Ya se dijo líneas arriba: se puso al coyote a vigilar el corral de las gallinas.
NUEVO ÁRBITRO
Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE), como lo establece la reforma constitucional en la materia. El presidente del nuevo árbitro electoral será el jurisconsulto Lorenzo Córdova Vianello, quien ya era consejero del IFE, pero es uno de los personajes que reúne los votos de confianza de todas las fuerzas políticas, y como se esperaba, los otros diez consejeros se los repartieron entre el PRI –cuatro- el PAN- tres- y el PRD -tres-; se trata de Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama Rendón, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Alejandra Pamela San Martín, Benito Nacif y Beatriz Eugenia Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago Castillo.
El INE será el encargado de organizar las elecciones tanto federales –para elegir a los integrantes de San Lázaro, a los senadores y al presidente de la República-, como los comicios locales –gobernadores, diputados locales y alcaldes-, y la buena noticia para Veracruz es que desaparece el ineficiente y corrompido Instituto Electoral Veracruzano (IEV), y todos sus consejeros dejarán de vivir del erario público, empezando por su presidenta, Carolina Viveros García, impuesta por el innombrable desde hace nueve años. El IEV no solo ha retorcido la ley para favorecer al tricolor, sino que sus consejeros actúan como si fueran empleados directos de Palacio de Gobierno.
También se van los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE), pues con las nuevas reformas constitucionales, el órgano que calificará los comicios será federal. Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó a principios de este mes el amparo que presentaron los tres magistrados Daniel Ruiz Morales, Gregorio Valerio Gómez y Lorenzo Álvarez Montero, quienes descaradamente pretendían quedarse en la nómina pública ¡hasta el 2019! Se quedarán sin chamba esos tres individuos, cuyo desempeño fue más que cuestionado al actuar como si fueran una oficialía de partes del PRI, aunque no durarán mucho tiempo fuera de la nómina, porque seguramente el duartismo les encontrará acomodo en algún órgano jurisdiccional, pues ya se dijo que en Veracruz, se premia a los ineficientes y malos servidores públicos en lugar de castigarlos.
Cabe señalar también que en la integración del Consejo General del INE no entró ninguno de los cinco veracruzanos que se habían inscrito para el proceso de selección. Es más, ninguno de ellos pasó siquiera la primera ronda. Uno de ellos es el cordobés Mauricio Duck Núñez, quien debería ir a darse una “limpia” con algún brujo o ir a bailar al santuario del Santo Señor de Chalma para quitarse la racha de mala suerte, ya que desde hace años permanece en la banca, y cada vez que aspira a un cargo, lo desechan como objeto defectuoso. Los otros son la ex consejera del IEV, también cordobesa, Blanca Castaneyra Chávez, y el actual consejero de ese instituto, Alfonso Ayala Sánchez.
También se anotaron el ex vocal del Instituto Federal Electoral (IFE) en la entidad, Carlos Flores Lomán, de sello priísta, y el ex diputado federal por ese mismo partido, Silvio Lagos Martínez. Claro, los expertos en materia electoral señalan que estos postulantes le tiraban a la estrellas, pues no son doctos en el tema –si algunos fueron funcionarios locales del IEV o del IFE se debió a accidentes del destino o recomendaciones de terceros, no a su preparación ni capacidad- además de que carecen de contactos en las altas esferas de la política. Ni modo, los que nacen para maceta, del corredor no pasan.
EFEMÉRIDE Y SALDOS
El pasado 2 de abril, tuvo lugar una efeméride que es parte del “burlesque” popular en Veracruz. En esa fecha del 2013, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AMEP) entregó al gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, el famoso “Chayopremio”, que fue considerado como una cachetada a la inteligencia de todos, y en especial, una burla a la memoria de los periodistas agredidos y asesinados en sus tres años de mandato. Los zalameros declararon al funcionario como defensor de la libertad de expresión, y le alabaron la creación de la inútil y costosa Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas.
A un año de distancia, los saldos son desfavorables. No se detuvo ni la persecución oficial contra los periodistas y medios informativos independientes, ni acabaron las agresiones físicas, incluyendo los asesinatos, contra los comunicadores. El próximo sábado 5 de abril se cumplen dos meses del secuestro del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, cuyo cuerpo fue localizado seis días después, mientras que el domingo 6 de abril se cumplirán dos años y cinco meses del atentado contra las instalaciones de esta casa editorial, El Buen Tono, y a pesar de que están identificados los autores intelectuales, éstos siguen gozando de impunidad.
Es más, la conmemoración del primer aniversario del “Chayopremio” se da en un contexto infausto: para empezar, con un reportero despedido del diario donde es accionista el suegro de Duarte de Ochoa, y su propietario formal es el diputado priísta Eduardo Sánchez Macías, secretario de la Comisión para la Protección de Periodistas en el Congreso local y también dueño del nuevo periódico de Córdoba, al que apodan “El Paraestatal”. Además, hay otro periodista de Chinameca amenazado por funcionarios municipales, y los trabajadores de la oficialista Radio Televisión de Veracruz (RTV) están bajo acoso laboral por parte de los allegados a los directivos, y en Xalapa, se rumora el despido de dos comunicadores de un portal que regentea el secretario de Salud, el cómico Juan Nemi Dib.
En Córdoba, han sido asaltadas dos reporteras, y al menos tres viviendas de comunicadores fueron saqueadas por presuntos delincuentes comunes. De un año a la fecha, doce reporteros fueron castigados en sus centros laborales a petición de Palacio de Gobierno, sin contar con las palizas que elementos de las corporaciones policiacas -al mando del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez- han propinado a reporteros, fotógrafos y camarógrafos. En pocas palabras, nada ha cambiado en materia de libertad de expresión.
