Por: Jorge Fernández Menéndez / columnista
Comienzan las clases en la UNAM y en muchas otras universidades; concluye sus cortas vacaciones en Punta Mita el presidente Peña; comienza la cuenta atrás de la Asamblea del PRI y también del proceso de selección de candidatos de Morena a la CDMX. Regresa el INE de sus vacaciones y tiene que asumir que el Proceso Electoral del 2018 ya está aquí.
El INE regresa actuando de forma extraña. Para empezar, tiene que definir el tema Coahuila para enviarlo luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La elección de Coahuila de por sí compleja, la ha tornado aún más difícil de resolver la decisión del Instituto de cambiar los métodos de contabilización de los gastos de campaña, los que podrían haber dejado al candidato del PRI, Miguel Riquelme, por encima de los gastos autorizados (aunque las cantidades originales de rebase de gastos han ido disminuyendo cada vez más hasta llegar, dicen en el PRI, a apenas 58 mil pesos). No sé cuál es la fórmula idónea para calcular gastos de campaña, pero es un error establecer un método al inicio de una campaña y cambiarlo luego, para esa misma campaña. No puede haber leyes y normas retroactivas.
Me parece que el INE en el caso Coahuila actúa de esa forma para tener una salida políticamente correcta en la que, paradójicamente no gana nada: sus resoluciones, que casi siempre terminan beneficiando directa o indirectamente a López Obrador (al que no han tocado ni con el pétalo de una rosa) no han impedido que el candidato de Morena descalifique una y otra vez al Instituto pidiendo, incluso, la destitución de sus consejeros.
Ahora el INE se volverá a meter en otro problema. El 20 de julio pasado, su Consejo General aprobó un acuerdo al que denominó “piso parejo”, que lo que hace es colocar el piso electoral aún más disparejo y beneficiar abiertamente a Morena. El acuerdo establece que se define la figura de “aspirante” a un cargo de elección popular con base “en el gasto”. Eso quiere decir que si cualquier ciudadano compra espacios para difundir su imagen o su desempeño, automáticamente se le considera un aspirante. Eso incluye, por ejemplo, los informes de labores y los ejercicios de rendición de cuentas que realice cualquier funcionario público, incluso, con recursos propios. En otras palabras, cualquier aparición que haga un funcionario o un ciudadano en medios puede ser contabilizada como gastos de precampaña, aunque ese funcionario o ciudadano no esté hablando en esas apariciones en absoluto de alguna aspiración a futuro en un cargo de elección popular. Un caso: si Carlos Slim decidiera ser candidato ¿contabilizarían como gasto de campaña los spots de Telmex? Según la norma aprobada, sí.
El acuerdo establece, también, que lo que estime como gasto de un aspirante será contabilizado como parte de sus gastos de precampaña o campaña, sin necesidad de un pronunciamiento previo de cualquier otro órgano electoral, a los que despoja, entonces, a ese derecho.
Con base en este acuerdo, que entra en vigor en septiembre, la propaganda gubernamental queda limitada desde ese momento a pesar de que la Constitución establece que la misma se suspenderá al mismo tiempo que comienzan oficialmente las campañas electorales. Y la propaganda que se pueda difundir será regulada por el INE, que tampoco tiene atribuciones para ello. En los hechos, no se pueden difundir logros, avances de obras públicas ni siquiera mensajes para debatir políticas u obras públicas en particular. Traducido al español: si Miguel Osorio quiere hacer un anuncio publicitario o no, sobre las campañas para seguridad de las mujeres, eso se contabilizaría por el INE para su hipotética campaña presidencial. Si Meade quiere festejar los avances logrados con las calificadoras, eso podría ser contabilizado como gastos de precampaña. Si Miguel Mancera quiere explicar las acciones tomadas en Tláhuac o la inauguración del paso a desnivel en Mixcoac, eso puede ser considerado por el INE gasto de campaña. Y así podríamos seguir con todos los que podrían ser aspirantes. Porque, además, los informes de labores de legisladores, gobernadores y presidentes municipales se suspenderán a partir del 8 de septiembre y hasta los comicios del primer domingo de julio de 2018, pese a que la Ley General dice que los mismos se suspenden sólo iniciada la campaña electoral. Una fecha que, por cierto, el INE quiere retrasar aún más para compatibilizar la fecha federal con la de los estados.
Es una locura y una inequidad. Porque en los últimos años, el INE no ha hecho nada en absoluto para frenar la publicidad, millones de spots nacionales y locales de López Obrador en radio y televisión con motivo de cualquier campaña electoral (¿qué mejor ejemplo que la del Estado de México, cuando apareció mucho más Andrés Manuel que Delfina?), pero ahora, fuera de los tiempos legales y constitucionales quiere prohibir la actividad de cualquiera de los otros potenciales aspirantes que no pueden llegar ni a la milésima parte de la exposición que ya tuvo el candidato de Morena.
El Instituto Nacional Electoral parece que quiere piso parejo, pero sólo para Andrés Manuel. Sufren del Síndrome de Estocolmo: terminan amando a quien los ha hecho rehén.
