El canal Globovisión, que ya debe estar acostumbrado a los procesos administrativos, de nuevo está en el punto de mira de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Desde el 30 de septiembre de 2013 es objeto de otro proceso sancionador, por lo que podría pagar una multa de 10% de su ingreso bruto del año fiscal anterior por haber difundido información sobre la carestía (de productos básicos, de electricidad, etc.) que afecta actualmente al país, incluida la prensa escrita, sobre todo la local, que carece de papel.
Basándose en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resortemec), el presidente Nicolás Maduro equiparó la información sobre el desabastecimiento a la “propaganda de guerra”, “que podría generar zozobra en la ciudadanía” (en términos de la ley) incitándola a efectuar “compras compulsivas”. Hace más de un año utilizó argumentos del mismo tipo para imponer una censura generalizada en un caso de presunta contaminación de agua potable.
“Una vez más una ley mal formulada sirve para justificar las órdenes terminantes del Poder Ejecutivo a favor de la censura. Así, el sólo hecho de mencionar la carestía equivale a ‘desestabilizar el país’ y provocar ‘zozobra entre la población’, que sería demasiado ignorante para no darse cuenta por sí misma de la situación. De esta manera el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de decidir lo que es de interés púbico y lo que es mediáticamente tolerable. Esta censura es aún más grave puesto que los ciudadanos venezolanos ya no pueden protestar contra ella apoyándose en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues Venezuela lo abandonó el 10 de septiembre pasado. ¿La única vocación de los medios de comunicación venezolanos será difundir cadenas oficiales?”, se pregunta Reporteros sin Fronteras.
Este episodio constituye un nuevo revés para los medios de comunicación, que de por sí enfrentan dificultades económicas y políticas.
En el plano económico, las escasez de papel ha obligado a cierto número de periódicos a reducir su número de ejemplares e, incluso, a suspender su tiraje. Es el caso de los periódicos Diario El Sol, de Maturín, y de Antorcha, de Anzoátegui, ausentes en los kioscos por un plazo indefinido desde el mes de agosto. Muchos diarios han reducido paginación, como El Impulso, de Barquisimeto, que pasó de cuatro a dos cuerpos, y otros dejaron de circular ciertos días, como La Prensa, de Anzoátegui, que no publica los fines de semana.
En el plano político y administrativo, el presidente Nicolás Maduro anunció el 10 de septiembre que habrá dos cadenas obligatorias diarias para todos les medios de comunicación audiovisuales. Estos mensajes oficiales, empleados de forma abusiva con fines de propaganda, nunca han sido objeto de la mínima regulación respecto a su frecuencia, duración y contenido.
El cierre de algunas radios influye en este preocupante clima general. En el estado de Amazonas cuatro estaciones dejaron de transmitir en el mes de septiembre por intervención de la Conatel: La Voz del Orinoco, Chamánica, La Deportiva e Impacto. En los cuatro casos, además de que el gobierno les quitó su frecuencia, confiscó su equipo.
