Me extraña que exprese coraje un funcionario que es parte de un gobierno que tiene en sus manos acabar con la razón de dicha molestia.
El miércoles, en una reunión de fin de año con periodistas, el secretario de Marina-Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, afirmó que le molesta y le da coraje que haya grupos que manipulen a los padres de los normalistas de Ayotzinapa con el objetivo de desacreditar los esfuerzos de la Federación para esclarecer los
hechos de Iguala.
“Y más coraje me da que a esta gente, que está manipulando a los padres de familia, no les interesa ni los padres de familia ni
estos muchachos.
Les interesan nada más sus objetivos de grupo o de partido”,
aseveró el funcionario.
Si esta declaración la hubiera hecho mi vecino, podría yo responderle que coincido con su apreciación, pero le preguntaría qué podemos
hacer al respecto.
Viniendo de un miembro del gabinete —sobre todo uno que tiene mando sobre una fuerza que ha tenido que ser utilizada para labores de seguridad pública— debo decir
que me anonada.
Por supuesto, la declaración me parece periodística, pues no escucha uno con frecuencia a un secretario de Estado del ámbito de las Fuerzas Armadas opinar sobre temas políticos.
Digo que me anonada porque el secretario de Marina forma parte
del gabinete.
Y como miembro del gabinete tengo que preguntarle por qué el gobierno federal no ha actuado en asuntos en los que no solamente podría hacerlo, sino que está obligado.
Mientras escribía esta entrega de la Bitácora, un tuitero me informó que en la caseta de Huitzo, en la autopista que une a Oaxaca con la Ciudad de México, los manifestantes que habían sustituido a los cobradores del peaje exigían una “cooperación”, pero pintaban con espray los autos de quienes se negaban a pagar la cantidad exacta de la extorsión.
Esta semana, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero escaló su amenaza de impedir que se celebren elecciones en la entidad, apoderándose de cuatro Juntas Distritales y la Junta Local del INE, así como de las oficinas centrales del Instituto
Electoral guerrerense.
Y, como hubieran hecho los seguidores de Pol Pot, manifestantes en Guerrero y la Ciudad de México han humillado a personas paseándolas, amarradas o simplemente amenazadas, obligándolas a portar letreros con frases indignantes. Por cierto, ninguna organización de derechos humanos ha levantado la voz contra tales acciones.
Los grupos a los que alude el secretario de Marina han bloqueado aeropuertos y carreteras, han destruido bienes públicos, han robado y dañado propiedad privada y han dejado sin clases a cientos de miles de niños por semanas enteras. Ante eso, el secretario Soberón Sanz dijo el miércoles que el gobierno federal ha sido “paciente”.
Perdóneme, almirante, pero difiero de su punto de vista. El gobierno federal ha sido omiso, no paciente.
Ha dejado de cumplir con su obligación legal de proveer seguridad a los ciudadanos.
¿Ante quién puede acudir una persona a la que le rayonean el coche por no querer pagar la extorsión —“cooperación”… ¡vaya eufemismo!— que exigen los manifestantes en una caseta de cobro?
Ante nadie, porque hoy en día en México nadie se atreve a aplicar la ley. Al menos no en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde claramente mandan los integrantes de la CNTE, a quienes las autoridades han regado con dinero público durante años a cambio de mantenerlos en paz.
El ciudadano que se encuentra en una situación como la que describo arriba, está solo frente a una pandilla. No hay quien lo defienda.
Estoy seguro, almirante, que su molestia es sincera; igual que la de muchos mexicanos, quienes por diversas razones están enojados.
Hay quienes lo están por la corrupción y la impunidad. También hay quienes están enojados por la inacción del gobierno frente al delito común y frente al que se disfraza
de indignación.
Y, sí, también hay mexicanos molestos, igual que usted, por el abuso de algunos manifestantes, que con el pretexto de exigir que aparezcan los estudiantes normalistas secuestrados, han robado, destruido
y extorsionado.
Usted no debe mostrar su enojo, almirante. Usted debe actuar. Yo sé que no se manda solo, pero espero que coincida conmigo: el tiempo para que las autoridades apliquen la ley es ahora, no pasadas las fiestas, no el año que entra.
¿Qué es aplicar la ley en este caso? Varias cosas. De entrada, terminar de resolver el crimen de Iguala y Cocula y procurar el castigo —que en última instancia depende de los jueces— a los autores de
esa atrocidad.
Pero aplicar la ley es también cumplir con la parte que le toca a la autoridad en el pacto social: nosotros, los ciudadanos, pagamos impuestos; ustedes, los gobernantes, nos dan servicios, entre los cuales está proteger nuestras vidas y bienes.
La sociedad mexicana en su conjunto ha sido solidaria con los familiares de los normalistas, sobre todo en su exigencia de que se
haga justicia.
Fuera de algún inadaptado, no sé de alguien que haya celebrado lo que pasó en Iguala y Cocula.
Pero el papel de la autoridad no es ser solidaria, sino aplicar la ley de manera pareja. A los criminales que perpetraron esa barbarie, y también a quienes, con pretexto de la indignación —y echando mano de la manipulación, el chantaje y la amenaza—, están atentando contra la convivencia de los mexicanos.
