Por Andrés Timoteo / columnista
EL ENEMIGO EN CASA
La noticia escandaliza, pero no genera extrañeza. Los asesinos de la profesora Margarita Alarcón Méndez, de Huatusco, son policías de Zentla, municipio aledaño. La semana pasada, durante un asalto, ellos dispararon en la cabeza a la maestra que atendía en ese momento el negocio familiar para después huir del lugar sin mayor dificultad. Días después, tras las pesquisas, se supo que uno de los asaltantes era policía municipal en activo y otro había pertenecido a la misma corporación del ayuntamiento.
Ellos operaban con la complicidad del primer comandante, Enrique Aguilar Fernández, quien acaba de ser destituido del cargo. El jefe policíaco maniobró para tratar de ocultar el vehículo – Nissan Tsuru, con placas YJK 12 96 del Estado- que utilizaron los policías para moverse en los atracos. Al seguirle la pista al automotor se logró ubicar a los asaltantes, quienes además serían familiares del funcionario municipal.
Lo trascendido es que cometían atracos en todos los municipios de la región con la protección del pariente. Es decir, tenían como ‘guarida’ al mismo Palacio Municipal de Zentla. Obviamente lo anterior nunca hubiera sido posible sin la venia o por lo menos el conocimiento del alcalde, Pedro Rincón Hernández. Es más, los lugareños afirman que el director jurídico de la municipalidad, Eucario Rincón -sobrino del edil-, es quien estaría en concordancia con los policías-asaltantes.
La Fiscalía del Estado debe investigar a los Rincón para verificar hasta qué grado estaban coludidos con esos agentes, que convirtieron a la comandancia policiaca en centro de operaciones criminales. El edil panista, Rincón Hernández, forma parte del grupo de alcaldes del blanquiazul y perredistas que en la región es liderado por los hermanos Serafín y Hugo González Saavedra, presidente municipal de Coscomatepec y exdiputado local, respectivamente. Muchos de esos munícipes son verdaderos granujas.
Y como se decía al inicio, la noticia de los policías malosos no es nueva pese a lo escandalosa. El gran problema de seguridad pública en Veracruz, además de la incidencia de los carteles del crimen organizado es que el 60 por ciento de las policías municipales estarían infiltradas por la delincuencia y que sus integrantes no son sometidos o no pasan los exámenes de confiabilidad obligatorios.
Precisamente, el alcalde de Zentla, Rincón Hernández, se negó siempre a que los integrantes de la Policía Municipal fueran sometidos a dichos filtros. La operación de una policía infiltrada es un asunto que se ha discutido mucho, desde el 2017 se advertía la necesidad de realizar una limpieza en las corporaciones municipales de Veracruz, porque de lo contrario no prosperaría ningún plan de combate a la criminalidad, pues el enemigo se tiene en casa.
Lo anterior se comprueba porque el crimen de la profesora huatusqueña y la serie de atracos cometidos por los policías de Zentla no es un caso nuevo, ya que tiene antecedentes inmediatos. El 22 de junio del año pasado, tras un enfrentamiento en Martínez de la Torre se detuvo a tres policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero adscritos al municipio martinense -un cuarto agente murió en la balacera- que previamente habían asaltado a tres comercios de la zona.
DIPUTADOS MUTANTES
Dos meses antes, en abril del 2018, nueve policías municipales de Naolinco, cercano a Xalapa, fueron detenidos por órdenes de un Juez debido a que formaban parte de una banda dedicada al secuestro de personas. Fueron descubiertos cuando capturaron a secuestradores de un empresario de Actopan que revelaron la red de agentes policíacos que formaban parte de la banda de plagiarios que operaba en toda la región.
Pero el problema viene de lejos, no hay que olvidar que, en octubre del 2011, en pleno duartismo, la Secretaría de Marina detuvo a 18 policías municipales de Acultzingo, Huiloapan, Rafael Delgado, Río Blanco y Ciudad Mendoza, fueron señalados de recibir pagos quincenales de la delincuencia organizada para servir de ‘brazo armado’ para ayudar en la comisión de ilícitos e ignorar órdenes de combatirlos.
Así, hay muchos otros casos en los que los policías municipales en lugar de servir como guardianes de la Ley se convierten en los infractores, y tal es el freno local para menguar la delincuencia tanto la organizada como la común. Por eso, hay una inconsistencia en lo expuesto por el gobernante en turno la semana pasada en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el crecimiento exponencial de secuestros, asaltos y extorsiones en la zona Centro.
Este no se debe al combate al ‘huachicoleo’ que ha dejado sin actividad a los delincuentes que ahora se han dedicarían a otros ilícitos, ya que ni el ‘huachicol’ ha descendido ni son nuevos los plagios, asaltos y el ‘cobro de piso’. Los pobladores de los municipios del corredor fabril de Orizaba dan santo y seña de los puntos donde siguen las tomas clandestinas en ductos de Pemex, donde se vende el combustible robado y quienes son los integrantes de las bandas de ‘chupaductos’, pero nadie va por ellos.
Por si fuera poco, desde diciembre regresaron los asaltos a trenes de carga que transitan por la región, pues se dejó de vigilar la ruta ferroviaria. Eso es lo único novedoso, aseguran. No, el crecimiento de los secuestros, extorsiones y homicidios es porque se relajó la seguridad pública al grado de que a plena luz del día operan las bandas de plagiarios.
Las policías, ni estatal ni las municipales -donde existen- hacen rondines ni acuden a tiempo a llamadas de auxilio, mucho menos persiguen o capturan a los secuestradores. Tan sólo en este fin de semana, la región Centro volvió a ser sacudida por más secuestros y ‘ejecuciones’ -asesinatos con el sello de la mafia-, pero también por delitos del fuero común que son responsabilidad de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Por cierto, hablando del mismo asunto, el corredor fabril tiene al menos tres diputados locales de Morena, María Candelas Francisco, del distrito de Mendoza; Augusto Nahúm Álvarez, de Orizaba; y Cristina Alarcón Gutiérrez, plurinominal, pero originaria de Mariano Escobedo, y todos han guardado silencio respecto a la “ola” de violencia. Llegaron al Congreso y adquirieron un virus que les atrofió la vista, el oído y el habla. Ahora no ven ni oyen lo que sucede y mucho menos lo denuncian, se quejan sus coterráneos.
Una mutación parecida sufrió la diputada federal, Carmen Medel, quien a pesar de que antaño fue víctima de la delincuencia ahora actúa como si el crimen no existiera en Veracruz. Sus respuestas sobre el tema cambiaron drásticamente en apenas unos meses. En noviembre pasado, cuando le avisaron del asesinato de su hija -perpetrado precisamente en Ciudad Mendoza- gritó a todo pulmón: “¡Maldito Yunes!”
Esta semana, siete meses después, cuando sus paisanos de Minatitlán le pidieron ayuda por sus familiares secuestrados y asesinados les respondió: “¡No soy policía!” y, claro, ni por equivocación mencionó la responsabilidad del Gobierno Estatal. No son los únicos, pues los mutantes abundan, ya que los diez diputados de Morena en el Sur de Veracruz también se volvieron ciegos, sordos y mudos ante la violencia que diezma a sus representados.
SEMÁNTICA INDIGNA
Sobre el derecho a migrar -que es inalienable- se comenzó a retroceder porque ahora las autoridades en México vuelven a hablar de “ilegales” al referirse a las personas en tránsito. En las últimas décadas, el debate mundial sobre el estatus que debe darse a las personas que se desplazan de un País a otro por situaciones de riesgo -crimen, dictaduras, hambre, guerra, desastres climáticos y otros- había cambiado para bien.
De los años cuarenta a los ochenta era común hablar de “ilegales” al referirse a los migrantes sin permiso para ingresar o radicar en una nación ajena -acá en Francia se les llama ‘les sans-papiers’ o “los sin-papeles”, un término que también se considera peyorativo-, pero desde la década de los noventa la percepción internacional se ha humanizado y el término de “ilegales” se dejó de usar.
Ningún ser humano es ilegal, puede tener una situación migratoria no regularizada, pero nunca está fuera de la Ley por el simple hecho de ser quien es, ha sido el razonamiento impulsado no sólo por intelectuales y activistas sino también por expertos jurisconsultos de primer orden. Así, se comenzó, poco a poco, a evitar que se criminalice a los que emigran, a los que renombraron “indocumentados” o en “situación migratoria irregular”.
Pues bien, en México se camina hacia atrás. Basta leer las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en las que señala abiertamente como “ilegales” a los extranjeros que cruzan nuestro País por la frontera Sur. Esto al anunciar que el próximo 30 de junio comenzará oficialmente el despliegue de la Guardia Nacional para atender el asunto migratorio -aunque en los hechos ya está operando-.
Señaló que los seis mil agentes guardistas “se desplegarán a partir del Istmo de Tehuantepec hacia el Sur para detener a los migrantes que logren pasar de manera ilegal” y que ellos tienen la facultad de “revisión de documentos, la separación de migrantes ilegales o fichados en su País”. De esta forma, el discurso oficial vuelve a incluir a los migrante en la ilegalidad, a criminalizarlos por el simple hecho de querer ejercer su derecho a desplazarse.
Lo anterior ya fue denunciado desde la semana pasada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que a través de la Pastoral de la Movilidad Humana sostuvo que “ninguna negociación debe colocarse por encima de lo que se ha defendido por años: la no criminalización de los migrantes”.
¿Qué tanto miedo le tiene los de la “Cuarta Transformación” al anaranjado Donald Trump, que emprenderá una cacería contra los que vienen del sur y que son el espejo de nuestros propios connacionales que también migran hacia el norte? Perseguiremos un reflejo de nosotros mismos y ya no tendremos derecho a denunciar las cacerías que en el País vecino hacen de nuestros propios ‘ilegales’ o ‘espaldas-mojadas’. Vaya, los del “gobierno del cambio” revivieron la semántica indigna.
