AGENCIA
Nacional.- La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 sigue siendo uno de los casos más impactantes y controvertidos en la historia reciente de México. Nuevos informes sugieren que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó información clave relacionada con el caso, impidiendo que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) accedieran a datos críticos.
Según documentos obtenidos por Proceso, el Ejército recopiló información antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pero la Sedena ocultó esta información en sus instalaciones, cambiando terminales y equipos de cómputo para evitar que se encontrara evidencia digital relevante para la investigación.
Las fuentes indican que la información sobre la desaparición de los estudiantes fue “concentrada” y “resguardada” en el Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.
Además, se almacenó información digital en los servidores del Centro Militar de Inteligencia (CMI). Testigos afirman que esta información incluye interceptaciones telefónicas realizadas a Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en la desaparición de los normalistas.
La Sedena también adoptó un protocolo interno para responder a las solicitudes de información de la CoVAJ y la FGR, estableciendo un guion que niega la existencia de información adicional y el espionaje telefónico. En un memorándum interno del 4 de agosto de 2022, la Sedena instruye responder a las peticiones de información negando actividades de monitoreo o intervención de comunicaciones privadas.
AMLO había ordenado inicialmente a la Sedena abrir sus archivos para la investigación del caso Ayotzinapa, pero luego mostró respaldo a la versión del Ejército de que ya entregó toda la información a los investigadores, a pesar de la evidencia de ocultamiento.
Los informes también revelan que la Sedena monitoreaba desde 2011 las llamadas y mensajes de Guerreros Unidos, permitiendo a DN-1 (el secretario de la Defensa Nacional) conocer en tiempo real los eventos de la Noche de Iguala. A pesar de esto, hubo un “apagón informativo” en la información suministrada por el Ejército sobre los ataques, detenciones y desapariciones de los normalistas, con reportes interrumpidos justo cuando se producía la persecución y agresión a los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha señalado que la Sedena posee información crucial sobre el caso Ayotzinapa que no ha sido entregada a los investigadores. A pesar de las órdenes del presidente López Obrador, el Ejército parece haber adoptado una postura de negación sistemática, lo que ha frustrado los esfuerzos de la CoVAJ, el GIEI y la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa para avanzar en la investigación.
Este encubrimiento por parte de la Sedena y el cambio de postura del presidente López Obrador respecto a la colaboración con la CoVAJ y la FGR han hecho que la búsqueda de la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes sea aún más complicada y frustrante para las familias y para quienes buscan justicia.
