Mario Maldonado
Columnista
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ha enfrentado todo tipo de escándalos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde el enriquecimiento inexplicable de sus familiares, contratos a sobreprecio otorgados a su hijo, León Manuel Bartlett, para beneficiarse de la crisis del Coronavirus, así como la revisión de contratos catalogados ‘leoninos’ con empresas de gasoductos durante el gobierno pasado. A esta lista se agrega el contrato más ‘leonino’ que se ha firmado durante la actual administración, el cual va a costar a los mexicanos por lo menos 160 mil millones de pesos al año.
El miércoles pasado, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que encabeza Víctor Fuentes de Villar, acordó con la CFE el contrato colectivo 2020-2022, en el que se aumentan considerablemente los privilegios a los 45 mil trabajadores sindicalizados de la empresa productiva del Estado en un contexto de crisis económica y una reforma al sistema de ahorro para el retiro, que en teoría debería buscar reducir los pasivos laborales que significan los pagos de pensiones a la llamada “burocracia dorada”, tan criticada por el Presidente.
Así, mientras Andrés Manuel López Obrador ordena a la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, girar un oficio a todas las dependencias federales para que los funcionarios de rango medio y alto reduzcan sus suelos entre 5 y 25%, a los trabajadores de la CFE les permite privilegios que prácticamente no existen en ningún sistema de pensiones público y mucho menos privado.
Con el nuevo contrato colectivo, un trabajador de la CFE podrá pensionarse con 25 años de servicio y 55 años de edad, o bien tener 30 años de servicio sin importar la edad. Y una mujer sólo deberá cumplir 25 años de servicio para pensionarse. Los cambios al contrato 2016-2018 significan un golpe a las finanzas de la empresa del Estado similares a 161 mil 262 millones de pesos, monto equivalente a 1% del PIB del país.
En el primer semestre de 2020, la CFE perdió 95 mil 643 millones de pesos antes de impuestos, un aumento de más de 9,000% frente a lo reportado en el mismo periodo de 2019. La empresa lo atribuyó a la depreciación de 20% que tuvo el peso mexicano en ese período. Frente a esta situación de crisis, Manuel Bartlett dijo que no haría condonaciones en los adeudos o recibos de luz a los usuarios.
Lo que no dijo el director general de la CFE es que hizo un acuerdo inaceptable para cualquier CEO de una empresa que no quisiera ser destituido inmediatamente o denunciado por daño financiero tras firmar un trato tan desfavorable con su sindicato de trabajadores.
Los expertos en pensiones consideran que reducir los años que se requiere trabajar, sin importar la edad de jubilación y bajo un esquema de beneficio definido, es una medida altamente regresiva y muy costosa en términos fiscales, puesto que el dinero finalmente tendrá que salir de nuevos impuestos, la reducción de programas sociales o proyectos de infraestructura, o bien de los ingresos que obtiene el gobierno por la venta de petróleo. También es posible que la CFE aumente los precios de la energía a sus consumidores.
“Que exista un grupo de trabajadores que cuenta con un contrato que les da un privilegio distinto al del resto de la población y que permita que alguien obtenga una pensión equivalente a su salario, pagada con impuestos públicos y por más años de los que efectivamente laboró, es un impuesto que beneficia a un segmento de la población privilegiada y se financia con el dinero de todos”, explicó la Amafore.
Lo que hizo Manuel Bartlett es a todas luces contraproducente para el país y es similar a lo que tanto se quejaban él y el presidente López Obrador: se firmó un contrato leonino que, según la Real Academia Española, significa imponer exigencias desorbitantes o desproporcionadas en detrimento de una de las partes.
