Por: Andrés Timoteo / columnista
EL BÚMERAN
En la historia del Congreso Local se ha visto de todo, desde ‘tomas’ de la tribuna, exhibición de cucharas gigantes, encadenamiento de diputados al atril, amenazas de liarse a golpes, chiflidos, ‘mentadas’ maternas, sombrerazos y hasta un legislador que llegó al lugar montado en un caballo bailarín, pero nunca se había llegado al extremo de bloquear totalmente el acceso al inmueble.
Ayer la engallada fracción legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estableció un récord en el concurso de los absurdos, al cerrar con candados y cadenas las entradas al Palacio de la calle Encanto para impedir que se arealizara la sesión programada. De tajo, los legisladores morenistas pisotearon el derecho constitucional a la libertad de tránsito y, por supuesto, al funcionamiento de un poder soberano.
El argumento que expusieron para tal espectáculo fue evitar la supuesta imposición de 12 magistrados vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJE), los cuales serían votados por la diputación permanente, pero se les estropeó el gusto de festejar, pues ayer mismo el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que no enviará las propuestas para esas magistraturas vacantes. Los desarmó y se fueron como llegaron, con sus cadenas y candados.
Aunque legalmente le corresponde hacerlo, el mandatario estatal optó por una decisión de cortesía -pues no estaba obligado a hacerlo- para que su sucesor, el morenista Cuitláhuac García, sea quien proponga a los candidatos a ocupar esos cargos. Empero, el acto de cerrar los accesos al recinto legislativo sirvió para tres cosas. Una, para la nota periodística y la otra para confirmar que a los diputados de Morena se les agotó el discurso, omiten el debate y son escasos en el cabildeo.
Impedir el ingreso al Congreso Local confirmó en automático que no hubieran podido detener el nombramiento de los doce magistrados usando los instrumentos legales y que su alianza con los priistas y los llamados “independientes” tampoco les alcanzaba para lograr su objetivo. En la sesión anterior cuando se nombró al titular de la Fiscalía Especializada para el combate a la Corrupción, tomaron la tribuna legislativa y ahora de plano lo hicieron con el edificio entero.
Y aquí entra la tercera arista del caso. Morena abrió la puerta para lo que vendrá en la próxima Legislatura. Si hoy se aventuraron a bloquear el acceso a un inmueble público, ya se puede hacer lo que sea para tratar de impedir sesiones que no les convengan a los grupos legislativos o a los intereses partidistas. La próxima oposición a Morena tiene el camino marcado: todo es posible, ya no hay límites.
Cuando Cuitláhuac García sea gobernador y Morena tenga el control de la Legislatura, tendrán que enfrentar lo que ayer enseñaron. Seguramente no faltará el incendiario que quiera prenderle fuego al Palacio Legislativo ni aquel que esparza polvo picapica cuando se pretenda votar alguna Ley que vaya contra el interés partidista o que se le atribuya a un beneficio político del gobernante en turno. Esto en política es un búmeran, lo que arrojan se devuelve tarde o temprano.
PERDÓN SOCIAL Y POLÍTICO
Ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciaron los denominados “Foros de Escucha para la Ruta de Pacificación y Reconciliación Nacional de México” convocados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y que serán los receptáculos de opiniones para conformar un plan integral para recuperar la gobernabilidad. En total serán cuarenta foros que se realizarán hasta el 24 de octubre.
Dos de ellos tendrán como sede a la entidad veracruzana. Uno se efectuará en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes Infractores en Palma Sola, Alto Lucero, los días 22 y 23 de agosto, y otro en Xalapa el 9 de octubre. El primero es parte de los once foros para la participación de personas en situación de reclusión, es decir, los presos, y el segundo será para la sociedad en general.
Según la agenda, los ejes temáticos de dichos foros servirán para proponer un “Pacto de Reconciliación Nacional”, la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, el desarme, la desmovilización y reinserción de miembros de la delincuencia organizada y el otorgamiento de garantías para la no repetición de los hechos. Es decir, es un proyecto de justicia transicional.
Al presidir la apertura del primer foro, López Obrador hizo un llamado a los mexicanos para “estar dispuestos a perdonar”, agregando que, si bien respeta a los que dicen que “ni perdón ni olvido”, él es partidario del “olvido no, perdón sí”. Esa arenga es claramente para allanar el camino a la polémica propuesta de una amnistía a los criminales, entre ellos los capos del narcotráfico, con el afán -según dice- de que dejen de generar violencia.
Es terreno muy resbaladizo no sólo porque el perdón a los criminales es una afrenta a las víctimas -como ya se ha dicho- sino porque una cosa es el “perdón político”, por mandato gubernamental como él pretende, y otro es el “perdón social” que lleva a la reconciliación de la sociedad. El perdón social no es un asunto de fe ni la ordenanza de un mandatario sino algo más complejo y que requiere construir una memoria histórica.
El perdón social se apoya en la justicia transicional, la que incluye llegar a la verdad de los hechos de violencia contra el pueblo, localizar a los desaparecidos, conocer la identidad de cada uno de los asesinados, castigar a los responsables y legislar para que no haya la repetición de esos episodios. López Obrador no puede llamar a perdonar como un mero acto simbólico o de fanatismo, porque a la gente se le tiene que dar instrumentos y acciones que la lleven a esa decisión colectiva.
Lo que el tabasqueño apela es a un “perdón político” que no será suficiente para reconciliar al País si no se conoce la verdad, se recuperan a los ausentes y se logra procesar el luto colectivo por los que no aparezcan y los asesinados. Sin eso no es posible el perdón. De todos los procesos de pacificación y reconciliación en el mundo, el de Sudáfrica es el que más avanzó en el perdón social y eso que tiene 25 años de haber iniciado. Así que en México tardará en llegar al perdón social, pues, como ya se dijo, éste no se dará ni por un acto de fe ni por el decreto del caudillo.
AGENDA TRANSICIONAL
En este mismo contexto, la exministra de la Suprema Corte de Justicia y próxima secretaria de Gobernación -y que será la primera mujer en ocupar el palacete de Bucareli-, Olga Sánchez Cordero, está delineando la agenda sobre justicia transicional, cuyo camino es sumamente tortuoso porque se tocarán situaciones que todavía están en su apogeo, como son el predominio de los cárteles del narcotráfico en amplias zonas del País.
También la colusión de los sistemas judicial, político y legislativo con los grupos criminales, la ‘guerra’ asimétrica que sigue produciendo decenas de muertos diariamente en el País y las secuelas de esta: desapariciones y desplazamientos forzados. A diferencia de otros países que han padecido regímenes autoritarios, acá el cambio de régimen político no significará la erradicación inmediata de las células criminales y ni el amaine de la violencia.
Se tendrá que convivir con esos flagelos y caminar poco a poco en los objetivos finales, que son la pacificación del País y por supuesto, la construcción de una memoria colectiva que impida la repetición de la tragedia. Sánchez Cordero ha sacado el tema de la justicia transicional durante los últimos días tanto en foros privados como en espacios mediáticos.
Para la mayoría de los mexicanos ese concepto -el de justicia transicional- es nuevo, pero no para los veracruzanos, pues la entidad es pionera en este andar debido a que la presente Administración estatal colocó las bases jurídicas y comenzó con las primeras acciones para hacerla posible. En este mismo espacio se ha citado muchas veces tal concepto y tratado de explicar su importancia en el contexto veracruzano.
La justicia transicional o reparatoria es, como su nombre lo indica, un instrumento para transitar del autoritarismo a la democracia y buscar la reparación del daño causado a los derechos humanos, además de llevar ante los tribunales a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
En Veracruz ya se llevó a la agenda pública el apoyo a los familiares de personas desaparecidas, se impulsó la creación de organismos oficiales para apoyar las acciones de la sociedad civil, representada en colectivos que buscan a los ausentes, se crearon leyes para regular esas acciones y para el 2018 se tendrá un presupuesto específico. También hay comisiones de la verdad en curso de documentar los atropellos a las garantías constitucionales de la población.
Además, hay 40 exfuncionarios estatales procesados penalmente por el delito de desaparición forzada, entre ellos el exgobernador Javier Duarte y el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Entonces, lo que se iniciará a nivel nacional ya se está experimentando a nivel local.
Obviamente, la agenda de justicia transicional iniciada por el gobernador Yunes Linares tendrá que ser continuada por García Jiménez. La experiencia histórica ha confirmado que para hacer posible la justicia reparatoria es insoslayable la voluntad política de los mandatarios y en el presente bienio se demostró que la hubo. A partir de diciembre se verá la disposición del gobernante morenista.
Sánchez Cordero anunció asimismo la creación de comisiones de la verdad para casos específicos, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales y excesos policiacos y militares en Nochixtlán, Oaxaca y Tlatlaya, Estado de México. Sin embargo, pese a que esta agenda que perfila Sánchez Cordero es muy positiva y genera esperanza para el País, también tiene puntos flacos.
Uno de ellos es la especulación sobre la cifra de personas desaparecidas y Sánchez Cordero acaba de emitir una declaración aventurada al asegurar que en México habría “más de 300 mil desaparecidos”. Si no se sustenta ese dato con nombres y expedientes concretos de cada uno, entonces todo se enrumba a la mera declaración explosiva para ganar reflectores. Peor aún, se dará paso lo que tanto se ha alertado: el mito que se podría utilizar como bandera política.
Al final, el perjuicio se resentirá en todo el proceso para hacer posible la justicia transicional, porque si no se tiene una rigurosidad en el número de víctimas, lo siguiente son cifras incomprobables y alejadas de la verdad científica, jurídica e histórica que impedirán cerrar el ciclo de la reconciliación nacional. ¡Alerta con eso!, se insiste.
