POR: JOSÉ MIGUEL COBIÁN / columnista
Por instrucciones del señor presidente se ha hecho un escándalo mayúsculo por la negativa del Poder Judicial por alegatos necesarios para que el amparo prosperara, y se azuza a la masa a manifestarse en contra de la decisión del juzgador, quien, apegado a la Ley otorgó el amparo correspondiente.
Curiosamente, no se ha tocado el tema de que los diputados federales haciendo caso omiso de la austeridad, han decidido en su calidad de poder independiente, seguir gozando de los mismos privilegios, ayudas y apoyos que las legislaturas anteriores, esas que fueron tan criticadas por hacer lo mismo que la actual.
De aceptar que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Se acusa a los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia el haberlos preparado.
Es de todos conocido que el Poder Judicial del País está podrido hasta los cimientos, que se ha convertido en un refugio económico de unas cuantas familias, que al mejor estilo de las organizaciones criminales conspiran para darle la vuelta a la Ley, y tener ocupados a tíos, primos, esposas, amantes (de ambos sexos), hijos, etc., en muchos casos carentes de los mínimos requisitos para cumplir sus puestos, y entre quienes ocupan lugar destacado familiares de la actual Secretaria de Gobernación.
También es públicamente conocido que el Poder Judicial en muchas de sus instancias vende la justicia al mejor postor, o simplemente no revisa de manera concienzuda los casos de los cuales depende la vida y la libertad de aquellos que están siendo juzgados, expidiendo sentencias a la ligera que afectan vidas humanas, por las cuales, los juzgadores no muestran el mínimo interés.
Así, llegamos a la parte medular. Es verdad que el presidente tiene la razón al exigir moderación en los pagos y prestaciones que se obtienen de prestar un servicio público. En ello tiene la razón más absoluta. A partir de ello, al entrar al análisis, la situación se complica mucho más allá de la simpleza con la cual el Congreso afín al presidente aprobó la Ley correspondiente. Por otra parte, está totalmente equivocado al provocar manifestaciones y linchamiento público a un poder autónomo, tan sólo por no someterse a la voluntad del presidente en turno.
En principio hay un error jurídico gravísimo, pues debió modificarse el parámetro máximo. No debe de ser el salario del presidente el que se tome como límite, ya que su salario está sujeto al propio capricho de quien ocupe la silla del águila, a pesar de simularse que lo define el Congreso. Se viola el principio de certeza jurídica, ya que con cada presidente puede variar dicho límite. Para mostrar lo ridículo del ordenamiento, pensemos que un presidente de la República decide ganar diez millones de pesos mensuales, y que otro presidente decide ganar cien pesos al mes. En ambos casos resulta extremo y absurdo establecer su salario como límite para las percepciones de los servidores públicos.
Una solución con mayor elegancia jurídica (algo de lo cual hoy todavía carecen nuestros actuales legisladores), hubiera sido establecer un método de análisis de las responsabilidades y percepciones de los diversos puestos públicos, con el fin de establecer salarios acordes al mercado, es decir, competitivos conforme a lo que se paga por dichas habilidades y conocimientos. Se entiende que hubiera sido una labor titánica y que no se hubiera resuelto el primer año de Gobierno, pero hubiera sido una solución mucho más justa y conveniente para el País.
Solución justa, pues un servidor público es a fin de cuentas un trabajador más, como cualquier otro, que espera percibir un salario suficiente para conservar su propio nivel de vida y el de su familia. Conveniente para el País, porque hay áreas extremadamente especializadas, que demandan capacidades de excepción, mismas que por razones de mercado laboral, reciben percepciones superiores a la media nacional, pero también el servicio que le prestan a la Nación es excepcional. En algunos puestos, una decisión equivocada puede costar sufrimiento físico o estrés económico, y en el peor de los casos, pérdida del nivel de bienestar a millones de mexicanos. Evitar daños a los gobernados debe de ser la prioridad de cualquier gobierno, al precio que sea.
En redes sociales se ha difundido que un mexicano que sirva en un puesto público debe de considerarlo un privilegio, lo cual se escucha muy bien, pero primero está el bienestar de la familia. También los órganos ligados al Gobierno en turno, han afirmado una y otra vez que afuera hay mexicanos muy capaces de ocupar las vacantes que se pudieran generar, lo cual resulta falso y absurdo, únicamente para consumo de las masas. El ejemplo más claro es pensar que un recién egresado de la Facultad de Medicina puede ser seleccionado para realizar una operación de extremo cuidado y que requiere experiencia, capacidad y conocimientos previos a los que no ha tenido acceso, por ejemplo la colocación de un stent en el músculo cardiaco. Aunque suena sencillo, nadie acude a un principiante, se acude a un especialista.
Es natural que en un País pauperizado como el nuestro, quien gane el salario mínimo considere ofensivo un salario superior al que estableció para sí AMLO; sin embargo, en el mercado laboral hay salarios muy superiores, acorde a la labor, la capacidad técnica y el nivel de responsabilidad del puesto que se desempeñe. Algo que no es fácil de entender para la masa, pero que es una realidad que al final, le puede otorgar mayor bienestar o causarle graves problemas en su vida diaria, dependiendo de las decisiones que se tomen. Pensar que la mayor responsabilidad es la de un presidente de la República es absurdo, considerando que quienes saben, generalmente no llegan a ese puesto, sino que lo ocupan los mejores políticos.
Habiendo definido que la Ley esta mal redactada y que su parámetro es incorrecto, vemos una actitud de linchamiento social, como si todo México debiera de girar alrededor de las decisiones del Presidente de la República, sin considerar la división de poderes, y sobre todo, los errores cometidos entre sus fieles en el Congreso, por las prisas de cumplir las órdenes del titular del Poder Ejecutivo.
El mensaje de Andrés Manuel parece ser el de alguien que exige que se obedezca su decisión a pesar de estar mal legislada y peor reglamentada. En caso de no atender a su voluntad, entonces se convoca a marchas en contra de la Suprema Corte, y quizá hasta una consulta popular para de manera ilegal suspender a los jueces.
La lógica solución, la que se llevaría a cabo en un país civilizado, sería aprovechar el conocimiento de los vicios del Poder Judicial, investigarlos y con la Ley en la mano comenzar a corregirlos, incluyendo la sanción a quienes violen la ley, sin importar su jerarquía. Con ello, se limpiaría el Poder Judicial, mientras que el Congreso debería de aplicarse a elaborar y legislar una Ley de remuneraciones de servidores públicos que no establezca límites arbitrarios, sino acorde al valor que los conocimientos y la experiencia requerida tienen en el mercado laboral. Claro que esto requiere mayor esfuerzo y una calidad profesional superior que la mostrada actualmente por un Congreso ávido de quedar bien con el Presidente que es a su vez, quien decidirá el futuro político de los hoy diputados y senadores afines a su partido político.
A veces es mejor hacer las cosas bien, que hacerlas rápido.
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