Recientemente, los diarios mexicanos se han llenado con información acerca del gasto que algunos gobernadores realizan para promover sus imágenes y proyectos políticos. Que esos gobernadores sean de algunos estados con mayores tasas de pobreza y marginación escandaliza. ¿Cómo explicar que Oaxaca, de por sí atribulado por el daño que le provoca la Sección 22 del sindicato magisterial, dedique 17 millones de dólares de fondos públicos para el desarrollo a construir un estadio de futbol profesional? No es la primera vez que ocurre. Ahí está lo que los gobiernos de Aguascalientes (Armando Reynoso Femat) o Chiapas (Pablo Salazar Mendiguchía) hicieron para promover el futbol profesional.
Lo que más sorprende es que se insista en este tipo de decisiones a sabiendas de que ninguno de los problemas de Aguascalientes, de Chiapas o de otros estados que han tomado decisiones de este tipo, en otras épocas, como Veracruz o San Luís Potosí, se ha resuelto. Lejos de ello la inyección de recursos públicos al futbol profesional sólo ha servido para mantener una liga de futbol que a escala internacional ofrece resultados mediocres.
El problema no es sólo el futbol. Está también el gasto en la promoción de la imagen personal de los gobernadores, como en Chiapas, que destinó diez millones de dólares a la promoción de la imagen del gobernador en 2013.
Nuestra democracia distrae recursos necesarios para el desarrollo de actividades de dudoso valor, como la promoción del deporte profesional o el culto a la personalidad de los gobernadores y presidentes municipales. Al actuar de esa manera, nuestras instituciones y sus responsables no fortalecen a la democracia, más bien provocan una profunda desazón que ya no puede explicarse según las viejas categorías de la política mexicana que hacían del PRI el responsable de todos los males de nuestro desarrollo, pues los gobiernos del PAN y de la izquierda también hicieron suya esa conducta. La mejor prueba de ello es que en la más reciente Reforma Política, la que se aprobó en las últimas semanas del año pasado, no se introdujeron mecanismos que regularan de manera eficaz el gasto en propaganda y publicidad del gobierno federal, estatal o municipal.
El problema de ese tipo de actividades es que además de retrasar la solución de otros problemas más urgentes, implica negar el valor de la democracia, pues lejos de resolverse los problemas de fondo, se agravan. No es casual, en este sentido, que -a finales del año pasado- cuando se dieron a conocer los resultados de Latinobarómetro 2013, en México la proporción de personas que consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible ha disminuido de 49 por ciento en 1995 a 37 por ciento en 2013. Y si esa pérdida de doce puntos porcentuales es grave, es todavía peor cuando se considera que en 2002 el apoyo a la democracia alcanzó un máximo de 63 por ciento, lo que implica una pérdida de 26 puntos.
Al distraer recursos para el desarrollo no sólo se perpetúa la pobreza, también se socavan las bases de apoyo a la democracia y hace que aumente la indiferencia hacia la política (37% de los encuestados por Latinobarómetro en México dijeron que no había diferencia entre democracia y autoritarismo), así como el apoyo al autoritarismo que, al alcanzar 16%, regresó a los niveles observados a mediados de los noventa.
¿De veras querrán los políticos mexicanos erradicar la pobreza y promover el desarrollo?
*Analista
manuelggranados@gmail.com
