Por: Andrés Timoteo / columnista
EL AÑO PERDIDO
Mañana martes 5 de noviembre se cumple el primer año de que fue instalada la 65 legislatura estatal. Es decir, son 12 meses de “trabajo” -así entrecomillas- de los representantes populares en el Congreso Local y en aras de la socorrida democracia participativa es necesario y obligatorio que los ciudadanos hagan la evaluación de los diputados, tanto los electos en las ánforas como los de representación proporcional.
En los distritos de la zona Centro siete legisladores, cinco fueron electos directamente con el sufragio y dos que llegaron por la vía plurinominal. Por Córdoba es Rubén Ríos Uribe, por Orizaba Augusto Nahum Álvarez Pellico, por Camerino Z. Mendoza María Candelas Francisco Doce, por Huatusco Nora Jessica Lagunes Jauregui y por Zongolica, Alexis Sánchez García.
Los de representación proporcional son Víctor Vargas Barrientos y Cristina Alarcón Gutiérrez. En total, son tres mujeres y cuatro varones los que tienen la representación de los habitantes del corredor central del Estado. ¿Alguien se siente satisfecho por su desempeño?, ¿alguno podría citar una cosa importante que hicieron para mejorar la vida de los cordobeses, los orizabeños, los huatusqueños, los mendocinos o los zongoliqueños?
¿Cuántas obras públicas gestionaron en este año legislativo?, ¿qué cantidad de recursos bajaron a sus distritos?, ¿propusieron alguna Ley o su adecuación para ayudar a los habitantes de sus demarcaciones?, ¿valió la pena votar por ellos? Es necesario que sean evaluados con el mayor rigor porque todos prometieron que serían diferentes a sus antecesores.
A simple vista, la mayoría de esos parlamentarios han aparecido en la prensa por escándalos más por trabajo. La comapeña Lagunes Jaúregui se hizo famosa porque fue expulsada temporalmente de la bancada panista y por su acercamiento con el partido Morena de tal suerte que actualmente es considerada como una de las ‘azules más marrones’ que hay en la entidad.
El orizabeño Álvarez Pellico, de Morena, fue blanco del escándalo cuando apareció fotografiado junto a una costosa botella de licor durante un ágape en los patios del palacio municipal de Orizaba contradiciendo la famosa austeridad pejiana que pregona su partido. A este señor lo apodaron en las redes sociales como el “Dipu-botella” y “Lord Whisky”.
El cordobés Ríos Uribe, del desaparecido PES y ahora engarzado a Morena, destacó por el ridículo que hizo con los dos procesos fallidos de juicio político contra el fiscal Jorge Winckler pues como presidente de la Comisión Instructora integró las acusaciones en base a denuncias hechas por exfuncionarios duartistas, falibles y tan escasas de consenso que ni siquiera reunieron los votos suficientes para hacerlas prosperar.
De la diputada mendocina Francisco Doce, también del PES, nada se sabe y solo ocupó titulares de prensa y de las redes sociales cuando apareció en una fotografía en la oficina del gobernante estatal y en la que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarían se colocó detrás de ella sacando la lengua en un gesto obsceno de carácter sexual. De ahí ha pasado inadvertida en el congreso estatal.
Otra dama, Cristina Alarcón Gutiérrez también fue pasto para el incendio de redes sociales y la burla de la prensa, incluso a nivel nacional, porque no sabe leer y sus intervenciones en tribuna son un desastre. Del morenista y exlíder magisterial, Vargas Barrientos solo se puede decir que fue quien presentó la propuesta para que las tienditas escolares pasaran a control directo de la SEV en una suerte de requisa con fines recaudatorios.
La medida, dicen los conocedores, es para que los funcionarios obtengan directamente las ganancias por la concesión de la venta de comida y refrescos en los centros escolares y se forme una bolsa de recursos para costear futuras campañas. Su fin no es apoyar financieramente las escuelas sino hacer el “guardadito” electoral. Sin pena ni gloria, aunque tampoco con escándalos mayúsculos ni menos trabajo significativo pasó el diputado zongoliqueño Sánchez García del Movimiento Ciudadano. Podría decirse que hubo un año perdido en la legislatura por culpa de estos holgazanes.
LOS TRES CULPABLES
Sucedió hace diecinueve días, el jueves 17 de octubre, y tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los funcionarios de su gabinete siguen dando explicaciones sobre la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Lo peor es que ninguno de sus argumentos logra explicar el entuerto ni convencer a la opinión pública.
Ha sido un rosario de engaños e inexactitudes para salir del brete. Se dicen nuevas mentiras para salvar las iniciales sin importar que se contradigan entre sí los que integran el gabinete de seguridad. Bien ha definido el periodista Raymundo Riva Palacio a las conferencias matutinas –“Las Mañaneras”- del tabasqueño como el lugar donde “prácticamente todos los días (el presidente) se corrige a sí mismo”.
Los expertos en comunicación institucional tienen una receta simple para atajar crisis de esta magnitud – en la que se llega a hablar de “Estado fallido- que es transparentar lo que se pueda transparentar, asumir las culpas públicas, recomponer la estrategia y dar un “golpe” a corto plazo que enderece la imagen del gobierno. Las fallas se corrigen con resultados expeditos en el mismo tema, afirman.
En lugar de lo anterior, López Obrador y su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo reparten culpas a diestra y siniestra, y han encontrado tres responsables ideales: los militares, los del pasado y la prensa. Primero dijeron que el responsable es el general, Juan José Verde, titular del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) y al exhibir su nombre lo colocaron como diana de atentados de los grupos criminales.
Los otros culpables son los opositores, desde exfuncionarios hasta analistas y políticos, que han cuestionado la fallida operación en Culiacán y el tercero es la prensa y hasta le espetó a los periodistas que “muerden la mano de quien le quitó el bozal”, citando un reclamo que hace un siglo hizo Gustavo Madero contra la prensa de la época que cuestionaban a su hermano y presidente en funciones, Francisco I. Madero.
López Obrador no es Madero ni le ha quitado el bozal al periodismo. En México ha habido prensa crítica, de investigación y hasta de contrapeso al régimen desde que él todavía militaba en el PRI. Ahora, en el afán de sacudirse una responsabilidad pública trata a los periodistas de animales a los que se les debe poner una mascarilla para que no muerdan -comúnmente los perros-, pero a los únicos a los que les quitó el bozal y hasta les abrió las jaulas es a los feroces ‘chairos’ de las redes sociales.
Basta leer las expresiones de la ‘chairiza’ que no solo ofende a los comunicadores, pide su despido y llama al boicot contra empresas mediáticas -que es lo más inocuo- sino que hasta convoca al ataque contra edificios de prensa y al asesinato de columnistas y reporteros. Son los frutos del odio sembrado desde palacio nacional.
