Después de 18 horas de debate se aprobaron finalmente las leyes secundarias y reformas respectivas en materia de telecomunicaciones. Se avalaron en lo general y en lo particular las nuevas leyes de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El debate acabó cerca de las cinco de la madrugada.
No puedo negar que hubo momentos interesantes. Algunos intercambios de ideas entre Javier Corral y Javier Lozano, que no obstante ser del mismo partido, PAN, sostenían posturas encontradas. Sorprendente precisión de puntos de Dolores Padierna, que creo que no sabía de lo que hablaba pero leía bien sus tarjetas, muy al estilo de Ronald Reagan.
Es obvio y evidente que con el paso de las horas apareció el cansancio y lo que vimos y escuchamos fue una serie de monólogos sin mucha lógica y sin vinculación uno con el otro. Lo lamento profundamente. Es de tal importancia esta reforma, que no debió de ser aprobada en 18 horas continuas de discusión. Se necesitaba tiempo y espacio, no somnolencia e incoherencia.
Lamento que lo que promocionaron nuestros políticos al respecto de esta fundamental reforma fue que no se cobraran las largas distancias nacionales, lo que representa, dicen, 19 mil millones de pesos; omiten, obviamente, decir que gran parte de esa cantidad tiene que ver con usuarios empresariales. Se congratulan de que esta reforma permitirá la compra de equipos que no estén bloqueados para una sola empresa, esto, entre otras nimiedades que, me parece, nada tienen que ver con el fondo real de una reforma que debería de aspirar a transformar de tajo las telecomunicaciones del país.
Les preocupa mucho el ingeniero Slim, que ha logrado tener cerca de 70% del mercado de celulares en México y que ahora va a tener que compartir la infraestructura en la que invirtió muchos millones y mucho tiempo con otras empresas. Si 70% de cerca de 90 millones de usuarios de celulares ha elegido a Telcel como su compañía, sólo quiere decir que cuando el consumidor demanda un servicio no hay un valor más atractivo que la disponibilidad. Y tomando en cuenta que la mayoría de los celulares mexicanos son de prepago, entendamos que conseguir una tarjeta amigo de Telcel, lejos de los hombres de amarillo de todas las esquinas de la ciudad, se puede comprar hasta con la señora de las quesadillas, gracias a la comisión atractiva que ofrecen a sus distribuidores. Esto no es preponderancia, maquinaciones secretas ni está dictado por ninguna ley. Se llama mercadotecnia y está avalada por la libre decisión de los consumidores, les guste o no, les caiga bien el ingeniero o no.
En otros temas, lamento mucho las expresiones del doctor Eduardo López Betancourt al respecto del doctor Narro y de Diego Valadés. Leo con desilusión sus calificativos en contra de ambos. Jamás seré defensor de Narro, nuestras diferencias han sido públicas y mi desacuerdo con su gestión y su verborrea también. Pero los ataques de López Betancourt por la designación de Diego Valadés como investigador emérito son desproporcionadas. Habla López Betancourt de democracia, de diálogo universitario, descalifica al doctor Valadés en su gestión pública e incluso lo acusa de corrupto. Pruebas antes de tantas palabras. Diego Valadés es un jurista, un hombre de Estado en toda la extensión de la palabra, y no obstante las aspiraciones de López Betancourt, me parece una mezquindad que lo difame para decir con todas sus letras que él merece el nombramiento de investigador emérito. Dentro del servicio público pueden presentarse muchas situaciones controvertidas, como la que enfrentó López Betancourt cuando fue procurador de Justicia del Estado de Guerrero bajo el gobierno de Rubén Figueroa y fue cesado, según trascendió, por acusaciones de corrupción. Y, reitero, trascendió, porque jamás hubo un proceso al respecto. Pero también Eduardo López Betancourt en su ejercicio profesional ha sido polémico. Su enfrentamiento con Rafael Aragonés, arquitecto y empresario, quien era representado por Rodolfo Félix, quien a la postre sería procurador de justicia capitalino, en donde de un negocio supuesto pasaron a las acusaciones penales y manejos poco claros de la integración de las averiguaciones previas por parte del doctor López Betancourt. Sin mencionar el escándalo de la sucesión de Mario Moreno, Cantinflas.
En el estribo.- Qué importante es la sensibilidad de los políticos encargados de instrumentar las reformas estructurales. Tal es el caso de los distribuidores de gas. Han pedido de forma clara que se tomen las decisiones correctas para detonar el sector. Uno de sus problemas más importantes es el gas robado y las pipas pirata, que no sólo representan una competencia desleal sino un grave riesgo de seguridad para la ciudadanía. Se trata de apoyar a las empresas formales y que pagan impuestos para que den un servicio de calidad y con altos estándares de seguridad. Otra preocupación es el margen emergente por kilo de combustible que piden se fije alrededor de los tres pesos para homologarlo a los estándares internacionales, lo que permitiría la reinversión principalmente en materia de seguridad y calidad al consumidor. Lo lamentable es que, al día de hoy, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell ni los ha recibido ni se ha mostrado sensible ante sus propuestas. No obstante de tratarse de las principales asociaciones de gaseros del país, como lo son la ADG, Adigas, Amexgas y Camgas.
